En la Junta de Gobierno Local celebrada se ha adoptado el acuerdo de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la sentencia relativa al desahucio del local donde actualmente están las oficinas del PROP.
La edil secretaria de la Junta de Gobierno, Fanny Serrano, ha explicado que “se trata de un procedimiento que tiene dos partes, por un lado la referida al desalojo por extinción de contrato, que acatamos y que, además y como ya se ha explicado, en un breve periodo de tiempo procederemos al traslado de las oficinas del PROP a dependencias municipales, y hay otra parte relativa al pago de rentas y donde no se ha tenido en cuenta la documentación que presentamos, por lo que hemos decidido recurrir esa parte tras seguir la recomendación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento”. Serrano ha explicado que “el informe del letrado deja muy claro que hay un error en la valoración de la prueba cuando la sentencia afirma que no hubo un rechazo expreso por parte del Ayuntamiento a la pretensión de cuadriplicar la renta que decidió de manera unilateral el propietario del local, por lo que en la cantidad adeudada por rentas no hay un acuerdo jurídico”. Por lo tanto, “se va a recurrir la cuantía de la condena en pago de rentas por considerar que no se ha valorado el expediente administrativo que se presentó por parte de la representación del Ayuntamiento en el que se veía claramente que el consistorio había rechazado de forma expresa, y siguiendo el cauce administrativo, las pretensiones de incremento abusivo de la renta que se había producido de manera unilateral por el propietario del local”.
Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado no prorrogar el contrato que mantiene el Ayuntamiento con la mercantil ‘Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A.’. La edil secretaria de la Junta, Fanny Serrano, ha explicado que “tras los sucesivos intentos que hemos hecho para prorrogar el contrato y ante la nula y reacia voluntad de la empresa nos hemos visto obligados a adoptar esta decisión”. Por otra parte, Serrano ha recordado que en la Junta de Gobierno que se celebró el pasado 14 de diciembre de 2018 se aprobó el inicio de un nuevo expediente de contratación para, en el caso de que ocurriese esta circunstancia, evitar lagunas en el servicio.
Otro de los asuntos atendidos en el día ha sido la solicitud de ampliación de plazo presentada por la empresa adjudicataria de la elaboración de un estudio de la situación del Patrimonio del Ayuntamiento de Torrevieja. Siguiendo el consejo de los técnicos municipales, se ha decidido conceder la ampliación de plazo hasta el próximo 28 de febrero.
La Junta de Gobierno ha aprobado también la memoria justificativa del expediente de contratación del evento ‘Feria de Sevillanas 2019’ por un importe de 112.501,26 euros.
Otro de los asuntos de interés que se ha aprobado ha sido el referido al archivo del expediente de contratación de la instalación de una línea de vida en la cubierta del Palacio de los Deportes. La edil secretaria de la Junta, Fanny Serrano, ha explicado que “la decisión de archivarlo responde a que va a ser incluido en uno conjunto que incluya también el proyecto y la dirección de la instalación”. El importe ascendía a 31.097 euros.
Por otra parte, se ha aprobado iniciar los expedientes de contratación de un seguro para los usuarios de las instalaciones deportivas municipales, por un lado, y del transporte de los alumnos de las distintas escuelas deportivas municipales a las competiciones fuera de la localidad, por otro. Son dos contratos que finalizan en agosto y julio de este año respectivamente, por lo que se procede a iniciar el expediente de contratación de ambos.
La Junta ha decidido también dejar sin efecto la oferta presentada por la empresa adjudicataria de las obras de reparación de infraestructuras afectadas por los últimos temporales para la anualidad 2017 debido a que no ha presentado la documentación necesaria. Se procede por tanto a la incautación de la fianza y se ha requerido por 10 días a la mercantil que quedó segunda clasificada para que presente la mencionada documentación.
Asimismo, se ha aprobado la declaración de efectos no utilizables de diverso mobiliario, concretamente dos mupis que han quedado inutilizables por sendos accidentes de tráfico.
Por otra parte, la Junta ha aprobado 11 expedientes de disciplina urbanística. También han sido resueltos, en materia de responsabilidad patrimonial 3 expedientes, uno de ellos de archivo, otro de una estimación total por daños en un vehículo por bolardos que, sin cumplir con la normativa, fueron instalados por el anterior gobierno, y el último responde a una estimación parcial de una caída en una entrada de parking.
Por último, han sido aprobadas dos solicitudes relativas a devolución de fianzas, la primera de ellas referente a la reparación del tubo de la piscina municipal y, la segunda, relativa a las obras del proyecto de reurbanización del paseo entre Punta Margalla y la Curva del Palangre, por el que se pagó en su momento (año 2011) un importe de 21.216,40 euros. Unos trabajos que fueron acogidos en aquel entonces por el Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Alicante del año 2014. La edil secretaria de la Junta de Gobierno, Fanny Serrano, ha explicado que “a día de hoy estos trabajos siguen sin estar ejecutados a pesar de que toda la competencia le corresponde a la Diputación de Alicante, que es quien debía aprobar y licitar tanto el proyecto como la ejecución de las obras y que las tiene adjudicadas desde hace muchos años, pero que por sus cuestiones administrativas no han comenzado a ejecutarla”. No obstante, Serrano ha concluido afirmando que “las últimas informaciones que tenemos es que se va a proceder a la firma del acta de replanteo en breve”.
