Las leyes electorales de España apenas se han modificado desde los inicios de nuestra democracia, cuando fueran elaboradas en tiempos de la Transición. Aunque algunos partidos han propuesto varios cambios, lo cierto es que la mayoría de las reglas del juego están reguladas por leyes orgánicas que precisan de una mayoría absoluta en el Congreso. Y hasta ahora, tanto PSOE como PP se han mostrado contrarios a ello.
Seguramente aquello que ha levantado más controversia en los últimos tiempos sea nuestro sistema electoral. En la pasadas generales, el PACMA obtuvo 326.045 votos y 0 escaños. Sin embargo, Bildu logró sacar 4 diputados con tan solo 258.840. Una contradicción matemática que muchos españoles critican o no entienden, pero que se ha seguido repitiendo en cada elección celebrada en España durante los últimas cuatro décadas.
C’s se quedó a unos 1.000 votos de arrebatarle un escaño al PP en Alicante
Las circunscripciones y la ley d’Hont
El sistema electoral español para el Congreso se basa en 60 circunscripciones electorales (las 47 provincias electorales más las 11 islas, Ceuta y Melilla). Cada una de ellas tiene un número de escaños según su población. La más poblada es Madrid, con 37 escaños. La provincia de Alicante tiene 12 escaños (la cuarta de España). Ceuta, Melilla, Menorca, Ibiza, Formentera, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma y Lanzarote solo tienen un único diputado cada una.
Dentro de las propias circunscripciones los escaños se reparten según la llamada ley d’Hont y aplicando una barrera electoral del 3%. Por ejemplo, en Alicante seis partidos no llegaron al 3% del total de votos (se cuentan también los votos en blanco): PACMA, Los Verdes, Recortes Cero, PCPE, Esquerra y el Partido Libertario. Por lo tanto, automáticamente quedaron descartados del reparto.
Respecto a los seis partidos que sí superaron la barrera electoral (PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y Compromís), para proceder al reparto de los 12 escaños alicantinos se dividieron sus votos entre 2, 3, 4 y 5. Una vez hechas estas divisiones, se escogen las 12 cifras más elevadas (véase el gráfico).
Según dictaminó d’Hont, en Alicante el PSOE ganó 4 escaños, el PP 3, C’s 2, UP 2 y Vox 1. Como se puede observar en nuestro gráfico, Ciudadanos se quedó a poco más de 1.000 votos de arrebatarle un escaño al Partido Popular.
En las elecciones autonómicas se aplica exactamente el mismo sistema, solo que en este caso la provincia de Alicante toca a más escaños al haber tan solo tres circunscripciones. De los 35 diputados alicantinos, el PSOE se llevó 10, el PP 7, C’s 7, Vox 4, Compromís 4 y UP 3.
El PACMA obtuvo más votos que cinco partidos que sí sacaron escaños en el Congreso
La injusticia con los pequeños
Este sistema perjudica especialmente a aquellos partidos que logran muchos votos a lo largo de todo el territorio nacional, pero no los concentran en unas pocas circunscripciones. Por eso el PACMA saca menos escaños que Bildu, Coalición Canaria, Navarra Suma, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria, a pesar de que obtuvo más votos a nivel nacional que cualquiera de ellos.
Igualmente este sistema también sobre representa al partido ganador. El PSOE obtuvo el 35% de los diputados, con tan solo el 29% de los votos. Al mismo tiempo, Vox solo tiene un 7% de las sillas del Congreso a pesar de contar con el 10% del apoyo del electorado.
Muchos votos se pierden, especialmente en las circunscripciones pequeñas. Esto hizo que a pesar de que el bloque de centro-derecha (PP-C’s-Vox) obtuviera 44.471 votos más en toda España que el bloque de izquierda (PSOE-UP), sacaran 18 escaños menos. Algo de lo que se quejó amargamente Pablo Casado durante la noche electoral.
Las posibles alternativas
Las voces que piden una reforma de la ley electoral, en general abogan por introducir una circunscripción única al estilo de Holanda. En este caso, ningún voto se perdería y los escaños serían totalmente proporcionales.
Ahora bien, si se mantiene la barrera electoral del 3% tan solo habrían 6 partidos en el Congreso: PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y Esquerra Republicana. En el caso de que se eliminase totalmente dicha barrera (incluido el límite del 3%), habría entrado el PACMA con 4 escaños, mientras que los socialistas perderían 18 diputados.
Algunos partidos o expertos han propuesto en ocasiones repartir los escaños al 50% entre una circunscripción única y las actuales por provincias. Esta solución permitiría una mayor proporcionalidad, sin que los partidos nacionalistas o regionalistas perdieran sus ventajas matemáticas.
Otra solución propuesta es mantener las actuales circunscripciones sustituyendo la ley D’Hont por otro método de reparto conocido como Sainte-Laguë. Lo cierto es que así no habrían demasiados cambios reales, solo Podemos y Vox habría subido algunos pocos escaños.
Las municipales y europeas
El sistema electoral cambia considerablemente según el tipo de elecciones. Si bien la ley d’Hont siempre se mantiene, en las europeas y las municipales sí se aplica la doctrina de la circunscripción única.
Así pues, este 26 de mayo España elegirá a los 54 eurodiputados que le corresponden como país miembro a través de listas que serán idénticas en todo el país. Son los únicos comicios en los que partidos regionales como JxCat, PNV, Coalición Canaria y muchos otros pueden ser votados por los ciudadanos de todo el territorio nacional. A menudo concurren en alianzas, por ejemplo, la formación valenciana Compromís se ha unido a otras como la gallega En Marea o la Chunta Aragonesista para formar la candidatura conjunta ‘Compromiso por Europa’.
Respecto a las elecciones municipales, las ciudades no se dividen en barrios, sino que todos los ciudadanos votan en un mismo distrito único. Por esto, muchos partidos pequeños tienen más posibilidades en las europeas o locales que en las generales o autonómicas. Eso sí, curiosamente en los comicios al Parlamento Europeo se elimina la barrera electoral, mientras que en las municipales se eleva al 5 %.
Hasta estas elecciones, la Junta Electoral no se había atrevido a vetar a candidatos en los debates
Los debates
El organismo encargado de velar por el cumplimiento de todas las reglas electorales en España es la Junta Electoral Central (JEC). Durante esta primavera tan política sus actuaciones han estado muy en el punto de mira. Es rara la campaña en la que no reciba críticas por parte de la ciudadanía, partidos políticos o prensa. Sin embargo, en estas elecciones da la sensación que su papel ha estado más en tela de juicio que nunca.
Especialmente controversiales han sido sus decisiones sobre los debates. En un principio el grupo mediático Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) quiso organizar el primer debate a cinco candidatos de la historia de la democracia española con Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal.
Todos los protagonistas estaban de acuerdo en el formato, fecha y composición. Sin embargo, a pocos días de su celebración la Junta decidió prohibir la participación de Abascal, a raíz de una denuncia conjunta presentada por el PNV, JxCat y Coalición Canaria.
Supuestamente la razón dada fue que Vox no tenía representación en el Congreso. Sin embargo, en 2015 la JEC sí que permitió que Rivera e Iglesias participasen en el debate electoral a cuatro sin representación parlamentaria, e incluso rechazó las denuncias de IU y UPyD quienes fueron vetados aún teniendo diputados electos.
“La Junta se amparó en que C’s y Podemos en 2015 sí tenían representación en el Parlamento Europeo, mientras que Vox ahora solo estaba presente en Andalucía. Yo creo que los tiempos han cambiado, y en este modelo multipartidista no tiene mucho sentido que la Junta Electoral vaya contra la libertad de prensa que tienen los medios vetando a determinados partidos” nos comenta Enrique Conejero, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Miguel Hernández.
«Necesitamos una ley que regule los debates electorales y acabe con ciertas estrategias políticas» E. Conejero (Ciencias Políticas UMH)
Sin ley de debates
Así mismo, el politólogo aboga por la aprobación de una ley que regule los debates electorales. “Aquí vimos como Pedro Sánchez quiso hacer una campaña de perfil bajo, y estuvo a punto de privarnos a los ciudadanos de un debate electoral sin incumplir ninguna ley” apunta Conejero.
De cara a las elecciones municipales, la JEC ha vuelto a sembrar la polémica con la prohibición de que el partido Más Madrid acuda a los debates. Esto significa, por tanto, que la alcaldesa madrileña Manuela Carmena no podrá defender su propio mandato en los medios ante otros candidatos.
Las otras juntas electorales
La Junta Electoral es un órgano descentralizado, pues de lo contrario no podría jamás llegar a cubrir todas las partes del territorio. Existen también juntas autonómicas, provinciales e incluso comarcales (o de zona). En la provincia de Alicante operan seis de estas últimas: Alicante, Alcoy, Denia, Elche, Elda, Orihuela y Villajoyosa.
Eso sí, muy raramente actúan de oficio. La mayoría de veces intervienen motivadas por la denuncia de algún partido político que se haya sentido perjudicado. Esto ha ocurrido por ejemplo esta misma campaña varias veces. El PP de Alicante denunció al candidato socialista Francisco Sanguino por estar utilizando sus redes sociales para propagar publicidad electoral antes del comienzo de la campaña electoral. La Junta de Zona dio la razón a los populares.
Por otra parte, el PSOE alicantino también denunció a la junta que el alcalde popular Luis Barcala pretendía realizar un acto electoral fuera de los tiempos de campaña. De nuevo, la Junta dio la razón al demandante.
No solamente se denuncian a partidos políticos. En las elecciones generales de 2015 UPyD Alicante denunció al diario Información por vetar al partido magenta (y a Izquierda Unida) del debate que organizó en Información TV con los cabezas de lista por la provincia. Una vez más, la Junta determinó que efectivamente se había producido un perjuicio irregular.
«Se deberían aumentar las sanciones porque a veces sale muy barato incumplir las reglas» E. Conejero
Pocas sanciones
Sin embargo, habitualmente estos incumplimientos de las reglas del juego democráticas no suelen salir muy caros. Por ejemplo, la Junta Electoral Provincial de Alicante apenas multó al Diario Información con 200 euros. En otras muchas ocasiones, el ‘castigo’ se queda en una simple advertencia.
“Se deberían aumentar las sanciones, porque es verdad que a veces a los partidos o a los medios les sale a cuenta trasgredir las reglas. Además, pienso que la Junta debería actuar más de forma preventiva y no solo ante denuncias, porque muchas veces llegan tarde y cuando dan la razón al perjudicado ya se ha acabado la campaña” nos indica Conejero.
Aún con todo, el politólogo profesor de la UMH defiende la dificultad del trabajo de la Junta Electoral. “Es una labor muy interpretativa. A veces es complicado decidir si un determinado actor está haciendo campaña ilegalmente o no. Por esto, nunca podremos todos quedar conformes con los dictámenes de la Junta. A algunos nos pueden parecer correctos, y a otros todo lo contrario”.
Los miembros de las juntas electorales son nombrados, en última instancia, por los partidos políticos
Los miembros de las juntas
Por tanto, al final todo depende del buen juicio de los componentes de las juntas electorales. La Central está integrada por 13 personas. En concreto, ocho magistrados del Tribunal Supremo nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cinco catedráticos designados por el Congreso.
Las juntas autonómicas tienen una composición similar, magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autonómico correspondiente y catedráticos nombrados por el parlamento regional. Las provinciales son elegidas por el CGPJ y la Junta Central. Las de zona, por el correspondiente TSJ y la junta provincial.
Toda esta telaraña tampoco está exenta de debate, pues en definitiva todas las juntas acaban emanando de los propios partidos políticos. Cabe recordar que los miembros del CGPJ son elegidos por el Congreso y Senado. Respecto a los jueces del Tribunal Supremo, son nombrados por el propio CGPJ.
“Al final en España siempre acabamos dudando de la independencia de todo. Lo cierto es que es innegable que la Junta Electoral tiene un matiz político. Aún así, están bastante mezcladas entre varias instituciones que la nombran y sus componentes finales se eligen por sorteo. Hay otras instituciones donde la separación de poderes es mucho más inexistente” nos aduce Conejero.
Los sueldos
Otro dato a tener en cuenta sobre las juntas electorales, es lo que cobran sus miembros. El presidente de la Junta Electoral percibe 1.291 euros mensuales, el secretario 1.216 y los demás miembros 1.139. Además, por cada sesión cobran un extra de 150 euros.
Cuando se convocan elecciones, los miembros de las provinciales reciben una gratificación añadida que, dependiendo de su puesto y el tamaño poblacional de la provincia, pueden ir desde 497 a 3.480 euros.
Todos estos montantes, evidentemente, se añaden a los sueldos que ya perciben como miembros del Tribunal Supremo, CGPJ, TSJ o en sus profesiones independientes.
Circunscripción de Alicante en el Congreso (12 escaños)
Votos /2 /3 /4 /5
PSOE 258.592 129.296 86.197 64.648 51.718
PP 178.740 89.370 59.580 44.685 35.748
C’s 177.231 88.870 59.077 44.435 35.446
UP 127.091 63.546 42.634 31.773 25.418
Vox 115.011 57.505 38.337 28.753 23.002
Compromís 30.884 15.442 10.295 7.721 6.177
Reparto final: PSOE 4, PP 3, C’s 2, UP 2 y Vox 1
