Alicante es una provincia famosa por su economía sumergida, y ésta es una de las principales formas en las que se expresa. Son decenas de miles los alicantinos que pondrán en alquiler un inmueble suyo durante este verano de manera fraudulenta.
Los apartamentos turísticos clandestinos o ‘piratas’ se han multiplicado durante las últimas épocas, algo que ha puesto en cólera a Hacienda, al sector hotelero, a aquellos arrendatarios que sí cumplen con la legalidad, e incluso a muchos vecinos que sufren las consecuencias.
En este reportaje nos adentramos en el complejo mundo del alquiler turístico ilegal para tratar de responder a algunas preguntas. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Cómo se puede evitar? ¿Hay medios suficientes en las administraciones? ¿Es posible perseguir y sancionar a tantas miles de personas?
En Alicante hay más viviendas turísticas que en las provincias de Valencia y Castellón juntas
La vivienda turística alquilada
En la provincia de Alicante hay más de 47.000 viviendas turísticas inscritas en el registro de la Agencia de Turismo. Ésta es una cifra considerablemente superior al resto de la Comunidad Valenciana, pues juntando Valencia y Castellón solo suman 28.000.
En primer lugar conviene explicar qué es exactamente una ‘vivienda turística’, algo que ni siquiera la propia legislación parece tener del todo claro. La Ley de Arrendamientos Urbanos distingue tres tipos de alquileres: para vivienda, negocio o temporal. Dentro de este último apartado, cada comunidad autonómica decide cuáles se consideran ‘turísticos’.
En la Comunidad Valenciana la legislación determina que los alquileres son turísticos cuando responden a motivos de ‘ocio o vacacionales’. Dado que esto es bastante interpretable, normalmente el criterio radica en una duración máxima de tres meses.
Ésta es una regla no escrita hecha bastante a brocha gorda, pues muchos jubilados españoles o extranjeros pasan temporadas superiores a tres meses en nuestras tierras sin estar censados. Por otra parte, también hay trabajadores que buscan un alquiler de uno o dos meses en Alicante por meros motivos laborales y no vacacionales.
La aparición de internet
En general los alquileres siempre han sido una práctica bastante fraudulenta en España. Es difícil no conocer algún caso de caseros o inquilinos sin contrato, es decir, que no están pagando a Hacienda. Pero esta ‘costumbre’ se multiplica aún más en el sector turismo.
Mientras que en los alquileres de vivienda a largo plazo las partes suelen acabar accediendo a firmar un contrato en busca de una mayor seguridad jurídica, en un alquiler provisional de unos tres meses o menos las ventajas de pagar impuestos son percibidas como mucho menores en relación a los inconvenientes.
Esta situación tan habitual de alquilar un apartamento en verano sin declararlo, durante décadas se practicaba de una manera muy ‘familiar’. El propietario trataba de captar a los inquilinos por su cuenta, a veces a través de amigos o involucrando al portero del edificio con una comisión. Incluso también poniendo pequeños anuncios locales que no llamaran demasiado la atención de la Agencia Tributaria.
Sin embargo, la aparición de internet lo cambió todo. Ahora miles de propietarios y turistas querían aprovechar las plataformas para encontrarse, pero muchos seguían sin tener ninguna intención de pagar los pertinentes impuestos.
«La competencia es positiva y sana, pero todos debemos seguir las mismas reglas del juego» Á. Rodríguez (APHA)
Competencia desleal para los hoteleros
Así el número de apartamentos turísticos se multiplicó, y también con ello los clandestinos. El primero en llevarse las manos a la cabeza fue el sector hotelero, que exigió a las administraciones una lucha mayor contra esta competencia ilegal.
“Somos un sector que siempre nos estamos adaptando a la evolución. No vemos mal la competencia, pero todos deben seguir las mismas reglas del juego” nos indica Ángel Rodríguez, director del Hotel Meliá de Alicante y vicepresidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos turísticos de Alicante (APHA).
“En mi hotel tenemos que pasar unas tres inspecciones al mes. Por motivos de seguridad, cada día cruzamos los registros de todos nuestros clientes con la Policía. En los alquileres clandestinos, ni reciben inspecciones ni tienen obligación alguna. El turista está expuesto a todo tipo de chapuzas. El propietario no sabe a quién mete en casa, y los vecinos pueden tener a cualquiera al lado” argumenta Rodríguez.
«Estos alojamientos no reciben inspecciones ni cruzan datos con la Policía» Á. Rodríguez (APHA)
El director del Meliá no tiene ninguna duda de que esta situación, aparte de todas las pérdidas económicas que ocasiona al sector hotelero y al erario público, compromete la imagen de la Costa Blanca. “Somos un destino turístico mucho peor si no garantizamos unos estándares mínimos de calidad y seguridad. Luego los turistas no se llevarán una buena imagen de aquí” sentencia.
Sanciones a las plataformas webs
Ante esta tesitura, la Generalitat Valenciana acabó creando un registro especial y obligatorio para viviendas turísticas. Igualmente se impuso la obligación a los portales de internet e inmobiliarias de solicitar dicho número de registro a los propietarios que quisieran anunciarse a través de ellas.
A la Agencia Valenciana de Turismo le ha costado una barbaridad lograr que se cumpliera su legislación, y aún le queda un largo camino. Desde 2016 se han abierto 34 expedientes sancionadores a distintas plataformas. En la mayoría de los casos se consiguió que estas empresas corrigieran sus irregularidades. Sin embargo, en otras ocasiones la disputa ha acabado en los tribunales. La última de ellas fue Airbnb, caso en el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dio la razón a la Generalitat y confirmó su sanción de 30.000 euros.
“Hemos multiplicado por 20 las sanciones, porque nos encontramos ante gigantes que cotizan en bolsa por miles de millones. Hasta ahora el tope era 30.000 euros, pero las nuevas multas por publicitar clandestinos irán de 100.000 a 600.000 euros”, nos explica el secretario autonómico en turismo Francesc Colomer a este periódico.
Aún así hecha la ley, como siempre, hecha la trampa. Muchas plataformas y usuarios siguen burlando la legislación utilizando registros falsos. En una rápida ojeada a un portal cualquiera nos encontramos algunos números cuya falsedad salta a la vista de manera evidente, como cifras con una decena de ceros o incluso números de DNIs. La mayoría de los propietarios clandestinos, no obstante, son bastante más lúcidos y se inventan números más ‘creíbles’.
«Están metiendo sanciones leoninas a propietarios que ganan menos de 3.000 euros al año» A. García (ABTA)
Sanciones a los propietarios
Aquí la Generalitat se encuentra un nuevo problema. ¿Cómo luchar contra estos clandestinos? ¿Es factible ir puerta por puerta a decenas de miles de casas? ¿Es viable poner grandes sanciones a propietarios particulares?
“Con este nuevo régimen de sanciones y normas están perjudicando sobre todo al pequeño propietario que cumple la ley. La mayoría de ellos no son precisamente millonarios y necesitan estos ingresos para pagar la hipoteca o subsistir. Los están machacando” nos asegura Alfredo García, presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Apartamentos Turísticos (ABTA).
“La lucha contra los apartamentos piratas es muy necesaria, porque nos perjudican a todos. El problema es que estamos pagando justos por pecadores. Un propietario de un apartamento turístico no suele sacar una rentabilidad mayor de unos 3.000 euros al año. Ahora nos están poniendo unas sanciones leoninas que, quizás por un error en la publicidad, te hunden la vida” nos indica.
En toda la Comunidad Valenciana solo hay 10 inspectores turísticos
Pocos inspectores
Lo cierto es que desde la Generalitat se siguen encontrando con bastantes dificultades a la hora de hallar estos clandestinos. En primer lugar porque el cuerpo de inspectores no es precisamente muy amplio, tan solo dispone de 10 efectivos para toda la Comunidad Valenciana.
“Durante esta pasada legislatura hemos cubierto todas las vacantes y nuestra intención es ampliar el número de inspectores. No lo hemos podido hacer antes por las restricciones de la ‘ley Montoro’. Es cierto que tenemos pocos efectivos” nos admite Francesc Colomer.
Según nos asegura el secretario autonómico, la intención es duplicar el cuerpo próximamente. “También hemos llegado a acuerdos con muchos ayuntamientos para actuar en colaboración con la Policía Local. Aún nos queda mucho por hacer, pero estamos cada vez más preparados”.
Aún con todo, muchas veces estos inspectores o policías se encuentran con ciertos impedimentos legales para hacer su trabajo. No es lo mismo inspeccionar un hotel que una casa privada. En este segundo caso, el propietario cuenta con numerosos derechos que protegen la inviolabilidad de su domicilio. De momento, las campañas de inspección ‘puerta por puerta’ se han mostrado menos efectivas que las luchas judiciales contra los portales web.
Las inspecciones puerta por puerta contra los clandestinos no siempre se han mostrado muy efectivas
Aumento de los requisitos
Llegados a este punto, algunas administraciones han encontrado otra forma de frenar la avalancha de apartamentos turísticos: Aumentar los requisitos. Este tipo de medidas suelen ser muy aplaudidas por los hoteleros, pero a la vez criticadas por los propietarios que sí cumplen la ley.
“No es sostenible que cualquiera que tenga una casa y se gaste 500 euros en IKEA comprando un par de muebles, ya sea un empresario. Debemos ofrecer un mínimo de calidad. Los hoteles siempre estamos bajo el punto de mira. La exigencia de cumplir la normativa es mucho más fuerte con nosotros. Si jugamos por el mismo cliente, cumplamos las mismas normas” nos indica Ángel Rodríguez.
“La tendencia es exigir a los pequeños propietarios los mismos servicios que a los hoteles, teniendo muchos menos recursos. Al final se convierte en una persecución hacia los que estamos registrados y pagamos impuestos. Esto provoca que haya todavía más clandestinos. Es ilógico que yo sí pueda alquilar mi casa todo el año, pero me pongan mil problemas si es solo para dos meses” difiere Alfredo García.
«Cada ayuntamiento está interpretando a su manera lo que es una vivienda turística» A. García (ABTA)
Los ayuntamientos deciden
Ante esta disyuntiva, la Generalitat ha pasado la pelota a los ayuntamientos. Ahora cada localidad tiene la potestad de decidir qué viviendas pueden ser apartamentos turísticos y cuáles no.
En ciudad de Alicante, igual que en muchas otras, el Ayuntamiento interpreta que las viviendas turísticas son actividades comerciales. Esto significa que, según el último Plan General Urbano (aprobado en 1987), los alquileres turísticos solo pueden ubicarse en plantas bajas o primeros pisos.
Sin embargo, existen algunas excepciones. Para empezar, los edificios que estén compuestos totalmente de viviendas turísticas sí están permitidos. Así mismo, en algunas zonas concretas del Casco Antiguo o del centro urbano también se permiten los alquileres turísticos en todos los pisos. Por ejemplo, esto ocurre en los alrededores de la Plaza Séneca, pues en 1987 aquí estaba ubicada la Estación de Autobuses, y el Ayuntamiento consideró entonces justificado permitir la proliferación de pensiones, alquileres o negocios en esta zona.
Por otro lado, la Playa de San Juan cuenta con la norma más restrictiva. En la mayoría de los edificios solo pueden alquilarse pisos ubicados en plantas bajas. Irónicamente, quizás éste sea el barrio de Alicante donde existen más alquileres. Aunque, obviamente, casi todos ellos son clandestinos.
Sin una ley nacional
“Nos han puesto una regulación muy segregada y desuniforme. Muchas veces las leyes autonómicas van por un lado distinto a los ayuntamientos. Ahora tenemos 400 interpretaciones distintas de la compatibilidad de una vivienda turística. Sufrimos mucha falta de seguridad jurídica, un criterio exigido cambia al día siguiente, e incluso a veces tienen carácter retroactivo” nos asegura el propietario Alfredo García.
Todos los entrevistados para este reportaje; representante de los hoteleros, de los propietarios y el secretario autonómico Colomer; sí que coinciden en que es necesaria una mayor legislación a nivel nacional que regule las viviendas turísticas.
“Hace falta una ley nacional. Ante un fenómeno global, no está dimensionado combatirlo solo por reglas regionales o locales. Necesitamos un espacio legal común. Un registro centralizado que nos haga avanzar hacia más coordinación. Incluso también a nivel europeo. La lucha contra el intrusismo tiene unos patrones comunes” nos indica Colomer.
De momento apenas existen algunas pequeñas reglas fijadas en la Ley de Arrendamientos Urbanos o en la Ley de Propiedad Horizontal. Recientemente el gobierno nacional otorgó el derecho a las comunidades de vecinos para prohibir un alquiler turístico si tres quintas partes de los propietarios votan en contra. También se les pueden subir las cuotas hasta en un 20%.
Habitaciones privadas y hoteles clandestinos
Por otra parte, existen otros tipos de alojamiento clandestinos aparte de los alquileres. Uno de ellos, cada vez más socorrido, son las habitaciones privadas. Es decir aquellos propietarios que cobran por dormir en una habitación de su casa, normalmente por un par de días.
En estos casos la regulación es menor aún, pues la ley no lo considera como una ‘actividad turística’ sino como un contrato civil. Recientemente el gobierno de Canarias impulsó una ley que prohibía el alquiler de viviendas turísticas por habitaciones, pero el Tribunal Supremo la tumbó alegando que atentaba contra la libertad de mercado.
Además también nos podemos encontrar hoteles clandestinos, especialmente en provincias tan turísticas como la nuestra. Éstos son establecimientos que ofertan habitaciones, pero que no tienen licencia para ello ni están legalmente inscritos como empresas. A veces ni siquiera los propios clientes son conscientes de ello.
“Aquí puede ocurrir cualquier cosa y los huéspedes no están cubiertos ni protegidos. No pasan auditorias de higiene, ni de alimentos o inspecciones de incendios. Los empleados también suelen estar sin contrato. Las administraciones tienen que ir con mucha más fuerza contra ellos. Nosotros estamos preparando algunas campañas publicitarias para ayudar a que los clientes identifiquen los hoteles auténticos” nos comenta el vicepresidente de los hoteleros alicantinos.
Colomer coincide en que es necesario trabajar también en aras de una mayor pedagogía ciudadana. “Debemos de hacer campañas e iniciativas para concienciar sobre la importancia del alojamiento reglado, porque es el que contribuye y el que garantiza calidad y servicios”.
«Estamos desarrollando una nueva herramienta tecnológica para captar alojamientos clandestinos» F. Colomer (secretario autonómico)
Uso de la tecnología
La próxima idea que está sobre la mesa del Govern es licitar una nueva herramienta tecnológica para combatir el alojamiento clandestino. “En esta lucha la administración no puede quedarse atrás. Será una herramienta de Big Data, que nos facilitará cruzar información e interceptar el tráfico que se comercializa en redes. Los mapas de calor, los precios, tarifas, patrones de consumo, etc. Así podremos ser más eficaces“, nos asegura el secretario autonómico Francesc Colomer.
Durante 2018 tan solo en la provincia de Alicante se inscribieron más de 10.000 nuevas viviendas turísticas al registro oficial de la Agencia de Turismo. Este año, según los datos proporcionados por el Consell, ya van cerca de 3.000.
Solo durante 2018 se inscribieron 10.000 nuevas viviendas turísticas en la provincia, un incremento del 30%
Ahora mismo el total de alojamientos turísticos en nuestra provincia supera los 47.000, pero a este ritmo todo parece indicar que esta cifra se quedará muy pronto desfasada.
Es difícil saber hasta dónde puede ascender el número de alojamientos turísticos piratas. El hotelero Ángel Rodríguez asegura que son “incluso más que los reglados”. De hecho, algunas estimaciones valoran que estarían cerca del doble. Todavía más complicado es determinar el dinero público que se pierde en todas estas transacciones, pero las cifras apuntan a ser mareantes.
