El pasado 16 de noviembre se produjo una manifestación popular que partió desde la Plaza de la Montañeta, frente a la Sudelegación de Gobierno, para seguir hasta el paseo Gadea ante la delegación de la Generalitat (la ‘Casa de Brujas’) y finalizar en la plaza del Ayuntamiento. Todos los manifestantes mostraron su rechazo a la posible futura instalación de una macroplanta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto.
Más de 60 asociaciones y colectivos participaron en esta marcha, que la Policía Local cifró en unas 2.000 personas. También acudieron representantes de PP, PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos y Compromís.
¿Quién es responsable?
Entonces el lector podría preguntarse… ¿dónde está el problema si supuestamente hay unidad política y ciudadana en contra de estos macrodepósitos de combustible? Pues en que, a pesar de todo, no está nada claro que vaya a evitarse. De momento la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) se muestra favorable, mientras que Ayuntamiento y Generalitat no acaban de aclarar sí tienen potestad para echar abajo el proyecto.
“Quizás la manifestación debería haberse convocado frente a la APA. Ellos fueron quienes generaron todo el problema al aprobar un plan de usos que contempla este tipo de depósitos. Ahora lo han concesionado como si fuera una industria más” nos explica Adrián Santos, concejal de Urbanismo por C’s, quien también estuvo presente en dicha marcha.
El Puerto lo aprueba
Este proyecto de macrodepósitos viene coleando desde 2012, si bien su tramitación definitiva no se produjera hasta el 26 de julio de 2018 por unanimidad en el consejo de administración del Puerto de Alicante. Se da la circunstancia de que el alcalde Luis Barcala (PP), y el concejal Natxo Bellido (Compromís) también son consejeros del puerto, pero no pudieron ejercer su voto en aquella junta pues fue convocada al mismo tiempo de un pleno municipal en el Ayuntamiento.
El consejo del Puerto determinó entonces que la empresa XC Business construiría seis macrodepósitos de combustible (de unos 30 metros de altura) en un terreno ubicado en los muelles 19 y 21, concesionado por la sociedad Terminales Marítimos del Sureste (TMS).
Todo ello a pesar de la existencia de un convenio firmado entre Ayuntamiento, Generalitat y APA por el cual en 1995 se retiraron los antiguos depósitos de CEPSA que llevaban allí desde que dicha empresa cerrase su vieja refinería de petróleo ‘La Británica’ (en estado de completo abandono desde los años 70) ubicada en La Albufereta para trasladase al Puerto. La Abogacía del Estado estimó que este convenio ya no se encontraba en vigor.
Herencia de años atrás
“Todo esto es una herencia de la época de Sonia Castedo. Su concejala de Urbanismo, Marta García-Romeu, fue quien autorizó la construcción de estos macrodepósitos” nos indica Xavi López, concejal portavoz de Unidos Podemos Alicante, en declaraciones a este medio.
“El expediente se quedó parado en 2013 y ya debería haber caducado por silencio administrativo negativo. Por tanto toda esta instalación de los macrodepósitos es ilegal desde el principio, la empresa no puede reactivarlo ahora sin más” nos asegura José Manuel Santamaría, miembro de la Plataforma por un Puerto Sostenible que está integrada sobre todo por vecinos de Benalúa y San Gabriel.
“En realidad no es que el expediente se metiera en un cajón. Durante todos estos años el Puerto ha cambiado varias veces la fórmula. Primero iba a ser una construcción sin más y luego lo transformaron en una concesión. También cambiaron el número de depósitos proyectados. Todo esto ha hecho que se alargase tanto en el tiempo” nos explica el concejal Adrián Santos, quien antaño también formase parte de aquel equipo de gobierno de Castedo.
De seis a quince macrodepósitos
Varios colectivos sociales y ecologistas presentaron hasta catorce recursos de reposición en contra de estos macrodepósitos. Todos ellos fueron rechazados por la Autoridad Portuaria alegando, en un comunicado público, que el proyecto cumplía con la legislación vigente y que los aspectos relativos al impacto medioambiental debían ser “observados en otra fase del desarrollo del proyecto”.
Estos depósitos ocuparían un espacio de unos 14.500 m2. Sin embargo, no hay unanimidad acerca del volumen exacto de combustible que alcanzarían a almacenar. El proyecto original de 2018 incluía dieciocho unidades que podrían guardar más de un millón de toneladas de combustible. Sin embargo, XC Business habla ahora de unas 300.000 toneladas almacenadas en seis macrodepósitos, mientras que la empresa concesionaria TMS lo eleva hasta las 450.000 toneladas.
Por su parte, desde la Plataforma por un Puerto Sostenible nos apuntan que este proyecto se llevaría a cabo en dos fases de actuación. La primera equivaldría a unas 100.000 toneladas, y en la segunda se ampliarían hasta las 700.000 toneladas. Según ellos el plan real de la empresa es acabar construyendo quince macrodepósitos.
«El goteo de combustible dañaría a nuestras playas y las reservas marinas de Tabarca y el Cabo de la Huerta» J. M. Santamaria (plataforma vecinal)
Impacto medioambiental
“Estas obras tendrían un impacto medioambiental terrible para la ciudad. Estamos hablando de que las viviendas están a solo 500 metros de distancia. Un sinfín de camiones cisterna pasarían por delante de los colegios públicos Benalúa y El Palmeral, así como de los Institutos Mare Nostrum y Bahía Babel” nos asegura Santamaría.
Según el portavoz de la plataforma vecinal, nuestro litoral también se vería seriamente afectado. “Para este tipo de almacenaje se practica el bukering (transbordo de combustible de un barco a otro). Aquí los vertidos y derrames diarios a pequeña escala son inevitables”.
Los vecinos advierten que estos vertidos afectarían inevitablemente a la calidad de las playas del Postiguet, San Gabriel y Urbanova; así como a la reservas marinas protegidas de la Isla de Tabarca y el Cabo de La Huerta que forman parte de la red ecológica europea Natura 2000. “Todos estos ecosistemas marinos únicos se verían amenazados” nos aseguran.
«Los depósitos podrían perjudicar mucho a nuestra imagen turística» X. López (Unidas Podemos)
Riesgo para la población
El portavoz de Unidos Podemos coincide en el impacto negativo que estas instalaciones tendrían para el turismo. “Sería horroroso para nuestra marca turística. Nuestros visitantes vienen a Alicante por nuestras playas, no para ver un puerto meramente dedicado a la actividad industrial”.
Todavía más catastróficos podrían ser las consecuencias en caso de un accidente, incendio o explosión, según nos advierte José Manuel Santamaría. “Además de la contaminación del mar que tardaría años en limpiarse, una cantidad indeterminada de gases tóxicos saldría expulsada a la atmósfera. Depende del viento podría salir disparada hacia San Gabriel, Benalúa, Babel e incluso al mismo corazón de la ciudad”.
«Si la Generalitat avala los depósitos, desde el Ayuntamiento poco podríamos hacer» A. Santos (concejal de Urbanismo, C’s)
La pelota entre Alicante y Valencia
Quedando patente que la postura del Puerto está a favor de los macrodepósitos, y la de los vecinos en contra… todos miran ahora en dirección hacia los políticos. La APA necesita una autorización del Ayuntamiento para proceder con este proyecto. Sin embargo, los informes vinculantes de medioambiente y seguridad corresponden a la Generalitat.
Así pues, ambas administraciones se han pasado mutuamente la responsabilidad. Por un lado el president Ximo Puig declaró, el pasado 22 de octubre, que “el Consell hará lo que dictamine Alicante”. Por otro lado Adrián Santos, concejal de Urbanismo, nos advierte que “si la Generalitat valida todos los informes, nos será muy difícil parar estos macrodepósitos. Al denegar la licencia municipal sin una razón legal pertinente, estaríamos incurriendo en un delito de prevaricación”.
Las consellerias de Transición Ecológica y Justicia deben emitir sendos informes vinculantes para avalar o desestimar los depósitos
Dichos informes en cuestión son la Declaración de Impacto Ambiental (competencia de la Conselleria de Transición Ecológica gestionada por Mireia Molla, de Compromís) y el informe de utilización de sustancias peligrosas y prevención de accidentes graves (competencia de la Conselleria de Justicia gestionada por Gabriela Bravo, del PSOE).
Acercamiento de posturas
Ayuntamiento y Generalitat sí quisieron mostrar un primer acercamiento de posturas el pasado 16 de octubre, creando una comisión técnica mixta formada por los citados Barcala, Mollà y Santos más Joan Piquer (director general de Educación Ambiental) y Manuel Villar (concejal de Medioambiente).
“Vamos a dar la batalla contra estos macrodepósitos, porque no se contempla en nuestro modelo de ciudad” manifestó Barcala tras la reunión. “Nos ocuparemos de que este proyecto no confronte los intereses de los alicantinos” añadió Mollà.
Desconfianza en las promesas políticas
Sin embargo, desde la plataforma vecinal se muestran bastante escépticos ante toda esta supuesta voluntad política. “Nunca hay que fiarse de lo que dicen los políticos en campaña. Ellos ya podían haber detenido esto de muchas maneras”, nos indica Santamaría.
Por una parte, piden que el actual presidente (Juan Antonio Gisbert) de la APA sea cesado. “Conviene recordar que fue Ximo Puig quien lo nombró. Luego curiosamente el PSOE viene a la manifestación para manifestarse en su contra. Es surrealista” dictamina.
De otro lado, dicen encontrarse “perplejos” ante la actitud del Ayuntamiento. “El concejal Adrián Santos dice públicamente rechazar estos depósitos, pero a mí me consta que en varias reuniones con asociaciones vecinales está defendiendo el proyecto. Él es quien tiene en su mano detener todo esto”.
Respecto a las dos consellerias (Justicia y Transición Ecológica) de las que dependen los informes, los vecinos nos cuentan que la consellera Bravo ni siquiera ha querido recibirles para escuchar sus peticiones. Respecto a Mollà, “nos reunimos con ella y tampoco parecía estar muy en contra del proyecto, aunque al menos sí nos manifestó su voluntad de colocar los macrodepósitos en otro lugar”.
El factor Europa
Por otro lado, también existen ciertas dudas acerca de si estos macrodepósitos tendrían cabida en la legislación europea. “Los servicios jurídicos deberían indagar si estamos contradiciendo alguna norma europea que pueda doblegar la voluntad de la empresa”, opina el edil Xavi López.
El concejal de Urbanismo no se muestra demasiado optimista ante esta opción. “Hasta donde yo sé aún no existe una normativa europea que los prohíba. Si se aprobase después de su instalación seguramente la empresa alegaría un perjuicio por retroactividad y habría que indemnizarla. No creo que Europa nos ayude a parar esto” nos indica Adrián Santos.
Lo cierto es que actualmente ya existen unos depósitos de combustible instalados en Málaga, otro puerto urbano similar al de Alicante. Aún así, los vecinos creen que la Unión Europea acabará prohibiendo estas instalaciones pronto. “La legislación está ya en marcha. Nos estamos jugando una multa millonaria, como tantas otras veces que nos han multado a España por incumplir las directivas europeas” vaticina Santamaría.
Los tribunales han determinado que el cese provisional de la actividad portuaria a principios de 2018 estuvo justificado
Revés judicial para el Puerto
Paralelamente al asunto de estos depósitos, los vecinos de Benalúa y San Gabriel siguen luchando por reducir la polución atmosférica emitida por las industrias portuarias en la descarga de graneles. Una batalla política y judicial que lleva años librándose, y en la que este pasado 29 de octubre el Puerto recibió un duro golpe en los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimó el recurso que la Autoridad Portuaria había interpuesto contra el cierre de la actividad industrial, ordenado por la Conselleria a principios de 2018 y que se prolongó durante varias semanas.
De hecho, el TSJCV determina que el Puerto efectivamente había violado los límites legales de polución atmosférica hasta en 36 ocasiones entre marzo y octubre de 2017, razón por la que quedaba avalado el cierre provisional de su actividad. “Se superaron en porcentajes inadmisibles los valores límites para la salud humana” determina el fallo judicial.
“Esta sentencia confirma que la actividad portuaria de descarga de graneles debe hacerse en naves cerradas, pues atenta contra la seguridad de las personas” declararon los portavoces de la Plataforma por un Puerto Sostenible, en una rueda de prensa callejera convocada en la Montañeta. Los vecinos también pidieron la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria por permitir el incumplimiento de la ley y utilizar a los abogados del Estado a disposición de estas empresas.
«El Puerto sigue contaminando lo mismo de siempre. Sus ‘medidas correctoras’ han sido una tomadura de pelo» J. M. Santamaria (plataforma vecinal)
Sin fecha para las naves
La construcción de estas naves cerradas lleva proyectada desde 2018, después de unas largas negociaciones por las que la Generalitat acabó otorgando la licencia provisional al Puerto para continuar operando, siempre y cuando tomara ciertas medidas correctoras (pantallas en forma de U, cañones de riego, pulverizar el agua o paradas automáticas por vientos) para reducir la contaminación y construyera las citadas naves.
Los vecinos denuncian que estas medidas correctoras se están incumpliendo. “Se limitaron a poner cuatro pantallas que son fácilmente superadas por el humo y el polvo. El Puerto sigue contaminando a su máximo nivel como ha hecho siempre”.
También temen que la promesa de las naves cerradas acabe en agua de borrajas. “La Dirección Territorial de Alicante elaboró una propuesta que es una tomadura de pelo. Determinaba que las empresas no tenían porque operar dentro de las naves cerradas, aún estando construidas. Evidentemente hemos presentado alegaciones ante la dirección general de Calidad Ambiental” nos indica Santamaría.
Lo cierto es que la Autoridad Portuaria sí ha adjudicado ya la construcción de las naves a la multinacional de origen francés Eiffage, tras convocar el pertinente concurso público; pero las obras aún no han dado comienzo ni en la Concejalía de Urbanismo, según nos indican, tienen noticias al respecto.
