Entrevista > Rubén Martínez Gutiérrez / Doctor en Derecho Administrativo y especialista en Administración Electrónica (Benidorm, 21-julio-1981)
Hace años que ejerce de profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante (UA) y desde las pasadas municipales es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de su Benidorm natal. Rubén Martínez Gutiérrez es además uno de los impulsores de un nuevo e interesante proyecto legislativo de administración electrónica, junto a otros colegas de las universidades de Murcia y Complutense de Madrid.
Conceptos como ‘innovación’, ‘transparencia’ o ‘inteligencia artificial’ aún suenan muy alejados de nuestras administraciones públicas. Sin embargo, desde la Unión Europea cada vez nos piden mayor implicación en estas áreas. Este equipo de docentes universitarios se ha propuesto adaptar España al futuro más inminente. Porque, tal y como nos aseguran, todavía no somos capaces de imaginar hasta qué punto la disponibilidad de información a tiempo real nos puede llegar a ayudar en mejorar nuestras vidas.
«Si queremos ser referencia, España no puede conformarse simplemente con transcribir la legislación europea»
¿En qué consiste el proyecto ‘La transposición a la legislación española de la Directiva 2019 de datos abiertos y reutilización de la información del sector público’?
Es un proyecto de investigación nacido fruto de la colaboración entre la UA y la Universidad de Murcia, que ya venimos manteniendo desde hace tiempo, en materias de innovación, administración electrónica y buen gobierno. En concreto yo me puse en contacto con el catedrático Julián Valero Torrijos de la UM.
El motivo es que la UE ha aprobado una nueva directiva en materia de utilización de datos. Por tanto España está obligada ahora a redactar una Ley de Datos Abiertos y Reutilización de la Información para adaptarse a Europa, pero no queremos que se haga una simple copia de la directiva europea. Es la ocasión perfecta para ponernos en la vanguardia en temas de transparencia, contratación pública o Big Data.
En 2017 el gobierno de España también aprobó una nueva Ley de Contratos del Sector Público en aras de aumentar la transparencia en las administraciones. ¿Se está cumpliendo por parte de los ayuntamientos alicantinos?
La verdad es que no mucho. Los ayuntamientos están yendo a remolque de esta legislación. Por ejemplo, es obligatorio que todos los municipios notifiquen los procedimientos de contratación a las empresas, y eso lo hacen muy poquitos en Alicante o en España.
Esperamos que este proyecto ayude a que los ayuntamientos preparen sus procedimientos de manera que las empresas puedan acceder a los datos. Conociendo cuáles son los intereses de las administraciones para contratar, las concesionarias podrán diseñar mucho mejor sus estrategias de negocio. Es una manera de devolver a las empresas lo que han invertido con sus fondos públicos.
«Muchas administraciones han amortizado plazas, cuando en realidad la administración electrónica requiere de más recursos»
Muchos ayuntamientos se escudan en que no tienen personal suficiente. De hecho algunos señalan que para cumplir estas leyes se necesita al menos un funcionario específicamente para esta labor, algo inviable en los municipios más pequeños.
Sí, es un problema muy común. Se ha cometido el error de pensar que con la llegada de la administración eléctrica iban a sobrar los funcionarios y se podían amortizar plazas, cuando en realidad es todo lo contario. En un primer momento estos procesos requieren aumentar plantillas e innovar en la organización administrativa.
«Si las diputaciones no ayudan a los ayuntamientos más pequeños, es imposible que puedan cumplir las leyes de transparencia»
Sería muy conveniente, para los pequeños ayuntamientos, que las diputaciones provinciales creasen cuerpos específicos de funcionarios itinerantes con conocimientos de tramitación electrónica, junto con los secretarios interventores, que puedan ir por los diferentes municipios.
De hecho, la Ley de Régimen Local de 2013 obliga a que las diputaciones asuman competencias de Transparencia, pero no lo están haciendo. Sin apoyo institucional los ayuntamientos lo tienen muy complicado.
El problema de fondo es que los gobiernos han realizado muy malas transposiciones de las leyes, creando una legislación monstruosa en materia de contratación pública en España. Por esto cada ayuntamiento necesita tanto personal para cumplir con la legalidad.
«Hemos permitido que Google haga labores que deberían realizar las administraciones públicas»
Hablemos de Big Data. Da la sensación de que Google está cubriendo muchas de las necesidades que debería hacer la Administración. Y ésta no deja de ser una empresa privada, con sus intereses comerciales e incluso políticos. ¿No le hemos dado demasiado poder?
Absolutamente. Desde hace muchos años, Internet es igual a Google. Muchas personas cuando se conectan ya ni siquiera utilizan la barra de navegación, directamente entran a Google y ponen lo que buscan.
Esto es un problema, como tu bien dices hablamos de una empresa privada. Las administraciones deberían estar a la vanguardia de estas cuestiones para fomentar mercados más transparentes, con una real concurrencia competitiva. Google siempre va a promocionar a sus anunciantes que le paguen más.
Precisamente esta nueva directiva europea va por este camino. Se busca que los estados de Europa garanticen la libertad de tránsito comercial, que nuestras empresas sean competitivas y que nuestras personas administradas gocen de libertad de elección real. Para ello las administraciones son las que tienen que poner los datos a disposición de la sociedad, porque sino todo el proceso seguirá rigiéndose los intereses privados.
Y respecto a inteligencia artificial, ¿cómo estamos en relación a los países de nuestro entorno?
Algunos países están bastante mejor que España en cuanto a lo tecnológico, aunque es cierto que en la cuestión jurídica sí estamos más o menos equilibrados. Por eso insisto en que tenemos un buen campo donde sembrar equipos interdisciplinares para gobernar todos estos procesos.
La Universidad de Alicante está apostando mucho a través de su parque científico. También algunas administraciones de la Comunidad Valenciana. Es una oportunidad espléndida para que España se convierta en una referencia, y sean los demás estados europeos quienes nos copien.
«Todo este acceso a la información nos permitiría tomar buenas decisiones tanto a los ciudadanos como a las administraciones»
Me comentabas antes el ejemplo de cómo una administración electrónica avanzada puede ayudar a las empresas que pujan por una concesión pública. ¿Qué otros aspectos de nuestra vida mejorarían?
El hecho de que los ciudadanos podamos acceder al Big Data supone un sinfín de posibilidades. Por ejemplo, a la hora de abrir un negocio el emprendedor podría conocer el número de personas que pasan por una calle a tal hora. Esta información es de enorme utilidad para elaborar un plan de negocio rentable.
Y una vez que el emprendedor ya ha tomado la decisión definitiva, la inteligencia artificial le podría permitir hacerlo con la simple gestión de rellenar un formulario por internet. Tenemos que ir hacia una administración mucho más ágil.
También es muy útil para hacer restructuraciones de las ciudades basadas en las nuevas tecnologías o campañas turísticas específicas. Por ejemplo, si en la entrada de Alicante hay atascos todos los días y podemos identificar exactamente de donde provienen los vehículos, es mucho más sencillo tomar decisiones estratégicas para solucionarlo.
En general, todo este acceso a la información nos permitiría tomar buenas decisiones tanto a los ciudadanos como a las administraciones. Es decir, tener una base más sólida antes de actuar que la simple opinión nuestra o de un equipo de gobierno.
Sin embargo muchas personas son reacias a que nuestros movimientos estén cada vez más controlados y catalogados. ¿Cómo conjugar la modernización electrónica con la protección de datos?
La mejor forma es asegurar la privacidad desde el diseño en las aplicaciones y archivos de bases de datos de las administraciones públicas. Es decir, que todos estos sistemas siempre estén elaborados desde la premisa de la anonimización. De esta forma las administraciones solo podrán utilizar los datos absolutamente necesarios para realizar sus tramitaciones.
Te pongo un ejemplo. Para solicitar el acceso de un niño a una escuela municipal siempre se ha pedido la declaración de la renta completa a los padres, para comprobar si sobrepasan unos límites de cotización, cuando en realidad esto es innecesario. En aras de cumplir con el reglamento de protección de datos, es la propia Administración quien tendría que elevar una consulta a Hacienda simplemente para que ésta le responda ‘Sí supera x cantidad’ o ‘No supera x cantidad’.
Esta cuestión es la clave. En cuanto los ciudadanos sepan que diseñando bien la tecnología y con una buena normativa sus datos van a estar mucho mejor custodiados, se sentirán más seguros.
¿En aras de ampliar las fuentes de información eres partidario de aumentar la videovigilancia? Algunos temen que si vamos por este camino acabemos yendo hacia el asfixiante mundo descrito por George Orwell en su célebre novela ‘1984’.
Yo creo que la video-vigilancia debería estar reservada para los supuestos concretos de seguridad pública o privada, en los demás ámbitos sobra. Por ejemplo, en un aula universitaria me parece absurdo. Además no es una buena herramienta para recopilar datos, las personas actuamos de manera artificial cuando sabemos que nos están filmando.
De hecho cuando Orwell imaginó aquel distópico mundo aún no había la capacidad tecnológica para llevarlo a cabo, pero ahora ya sí…
Totalmente. Te digo más, en algunos aspectos lo estamos superando. Google recopila todas nuestras búsquedas. Si encima tenemos nuestro perfil de usuario abierto, esos datos de preferencia personales los vende a compañías comerciales que luego utilizan bots para que al buscar lavadoras nos salgan anuncios de lavadoras durante una temporada. Incluso está siendo utilizado para influir en elecciones políticas; todos hemos visto lo ocurrido con Rusia en Occidente.
Precisamente por esto es tan importante tener un marco normativo que otorgue garantías jurídicas a los ciudadanos. Cuando la tecnología va muy por delante de la ley, coge a las administraciones en pañales. De ahí la relevancia de proyectos como el nuestro para poner al mismo nivel la evolución tecnológica con el ordenamiento jurídico.
