El pasado 30 de julio cerca de un centenar de personas se congregaron frente al Ayuntamiento para hacer una protesta pública, justo al mismo tiempo que los concejales alicantinos estaban celebrando un pleno.
“Hemos venido aquí para pedir más ayuda al Ayuntamiento con la emergencia social que estamos sufriendo. La respuesta de los servicios sociales municipales a la pandemia ha sido muy deficiente, ni siquiera se han coordinado con nuestros voluntarios. Queremos que nos cedan espacios que ahora tienen cerrados para hacer repartos de comida”, declaraba Álvaro Castaños a este periódico, portavoz del Banco de Cuidados.
«El Ayuntamiento ha abandonado a la gente en la Zona Norte y ha ocurrido un drama» L. Almarcha (asoc Colonia Requena)
Representantes vecinales
Varios representantes de asociaciones vecinales entraron en el edificio consistorial para intervenir también en el pleno. “El Ayuntamiento ha dejado a la gente a su suerte durante esta pandemia. Ha ocurrido un drama en la Zona Norte y nadie nos ha dado la más mínima explicación. Esto no se puede volver a repetir, actúen” exclamó Luis Almarcha, presidente de la asociación de Colona Requena, ante las miradas de los concejales.
En contraste con el anterior ponente la portavoz vecinal Angy Posadas, representante de la Asociación Nuevo Día, agradeció el apoyo del Consistorio durante la pandemia. El último interviniente fue Lisardo Gabarde, de la asociación Sol d’Alacant, quien recordó las deudas pendientes de la Generalitat con el Barrio Miguel Hernández.
Un pleno muy tenso
Como era de esperar los políticos no pararon de intercambiarse reproches por este tema durante la sesión. El PSOE denunció que la concejalía de Acción Social hace esperar más de quince días a los alicantinos que solicitan alimentos solidarios, mientras que Unidas Podemos acusó al bipartito PP-C’s de gastar más de 1.000 euros en publicidad institucional pagada a medios de comunicación para “limpiar la imagen” de la concejala del Partido Popular que gestiona esta área, Julia Llopis.
Precisamente la propia Llopis se defendió alegando que esta competencia en realidad recae en la Generalitat. “La vicepresidenta Mónica Oltra dictó una orden para hacerse la máxima responsable de los servicios sociales de las ciudades, sin embargo luego desapareció durante la pandemia y fui yo quien tuvo que estar dirigiendo todo a pie de calle mientras que los representantes de la oposición, que tanto se quejan, estaban confinados en sus casas” aseguró la edil de Acción Social.
Cerró el debate el alcalde Luis Barcala defendiendo la gestión realizada y abroncando a los partidos opositores de la izquierda alicantina por “crear una campaña artificial con críticas basadas en la nada”.
Durante la sesión se produjo así mismo un auténtico baile cruzado de propuestas de reprobaciones. Por un lado el PP presentó una reprobación política contra Mónica Oltra, mientras que Compromís hizo lo propio con Julia Llopis. La primera fue aprobada por el pleno y la segunda rechazada, ya que Vox unió sus votos en ambos casos al bipartito.
Problema antiguo
Más allá de todo este ruido político, en este periódico hemos querido indagar sobre la situación real de los servicios sociales de Alicante pues las críticas hacia su funcionamiento interno no son una música ni mucho menos nueva, aunque ahora se haya intensificado con la pandemia.
“Durante la época de Alperi y Castedo arruinaron el Ayuntamiento con una enorme deuda millonaria que ha imposibilitado reforzar el área de Acción Social. Lleva mucho tiempo acusando falta de personal, y se necesitan nuevos centros sociales en la ciudad. Con esta nueva crisis se han quedado totalmente desbordados. Hay expedientes de 2018 que se están empezando a resolver ahora” nos asegura Lola Vílchez, concejala del PSOE y extrabajadora social en la Generalitat.
“El PP lleva 20 años desmontando los servicios sociales, especialmente todo lo relacionado con el asistencialismo y la ayuda hacia los barrios más vulnerables. Tanto empleados como sindicatos han estado reivindicando más personal desde el estallido de la crisis en 2008, pero desgraciadamente solo se han ido poniendo parches” nos indica Xavier López, portavoz de Unidas Podemos y extrabajador social del Ayuntamiento.
Para realizar este reportaje también hemos pretendido conocer la opinión de Julia Llopis, pero ha rehusado concedernos una entrevista.
Pérdida de 67 trabajadores
Si ya andaban justos de personal, el área de Acción Social se vio todavía más agravada en enero al perder de golpe a 67 trabajadores, debido a que la Generalitat dejó de abonar la subvención mediante la cual se pagaban sus nóminas.
La concejala Llopis cargó duramente entonces contra la vicepresidenta Mónica Oltra, quien dirige la conselleria de Políticas Inclusivas. “El Consell ha hecho dejación de sus responsabilidades y la situación de las personas que necesitan las ayudas sociales está empeorando” avisó.
“Es cierto que la Generalitat se retrasó en el pago, pero Llopis conocía perfectamente que esto iba a pasar y no hizo nada. Nosotros le propusimos copiar la fórmula que utilizó el ayuntamiento de Valencia, adelantando el dinero durante unos meses para que los servicios sociales no perdieran efectivos. Pero no quiso hacernos caso” nos manifiesta el portavoz de UP.
«La OMES recibió más de 10.000 llamadas y ni siquiera respondían al teléfono» L. Vílchez (PSOE)
La OMES no responde
Lo que nadie podía esperarse es que justo durante este periodo temporal en el que Acción Social redujo su plantilla, llegaría esta brutal pandemia con tantas terribles consecuencias para numerosas familias alicantinas.
Una de las primeras medidas que llevó a cabo el Ayuntamiento fue crear una Oficina Municipal de Emergencia Social (OMES) a modo de ‘call center’. Sin embargo, desde la oposición denuncian que se colapsó desde el primer momento. “Solo contrataron a cinco personas, así que se vieron totalmente desbordados. Recibieron más de 10.000 llamadas y la mayoría ni fueron contestadas, les ponían en espera durante horas o les decían que ya les llamarían. No se puede tratar así a familias desesperadas que necesitaban respuestas inmediatas” reivindica Vílchez.
“La falta de atención telefónica ha sido la punta del iceberg de un sistema que se desbordó por completo. De hecho, el Alcalde prometió convocar cada quince días una comisión de seguimiento de la OMES con todos los grupos políticos, y hasta ahora solo se ha celebrado una reunión. No tenemos ni la más mínima información” nos indica López.
«Cuando el Ayuntamiento desalojó el Pabellón de Babel algunas personas se quedaron en la calle» L. Vílchez (PSOE)
Desamparados
Poco después se habilitó el Pabellón Florida-Babel como albergue provisional para alojar a personas desamparadas durante las semanas más duras de la pandemia. Sin embargo, desde el PSOE nos denuncian que algunos de estos acogidos han vuelto a la calle por la deficiente gestión del Ayuntamiento.
“El Pabellón de Babel desde el principio fue una mala elección, porque vino mucha gente de fuera de Alicante y se quedó pequeño. Deberían haber habilitado el Pitiu Rochel. Luego los reubicaron, pero a algunos simplemente les pagaron 3 ó 5 días de pensión para repartirlos por la periferia y que se vieran menos. Ahora están otra vez sin techo” asegura Vílchez.
«La solución a esta gran emergencia social no puede ser solo organizar grandes colas para recoger alimentos» X. López (UP)
Papel de las asociaciones
Según la oposición, quienes realmente han salvado la situación en los barrios son los colectivos vecinales. “Al colapsarse los servicios sociales, las asociaciones han dado un paso al frente organizando repartos de alimentos básicos. Yo me quito el sombrero ante su solidaridad, pero estas grandes colas no deberían ser la solución ante la emergencia. Mi propio móvil personal se llenó de mensajes pidiéndome ayuda, al igual que a otros concejales. Vecinos de Ciudad de Asís, por ejemplo, me contaban que vivían de la chatarra y habían perdido todos sus ingresos al no poder salir a la calle” nos relata Xavier López.
Recientemente el Síndic de Greuges publicó un informe criticando a la concejalía de Acción Social, por su falta de coordinación con las distintas entidades vecinales alicantinas para combatir la emergencia social. Ya el pasado 18 de junio algunos de estos colectivos exigieron la dimisión de Llopis en una primera manifestación.
En una entrevista radiofónica en la cadena SER, la concejala Llopis restó importancia a las quejas de estos colectivos e incluso llegó a proliferar la polémica frase “el que más ladra no es quien más razón tiene”, por la cual la propia edil popular se disculpó más tarde.
“El problema es que para Llopis existen asociaciones benéficas de Primera y de Segunda. Parte de nuestros impuestos se desvían a Cruz Roja y Cáritas, cuando hay otras entidades que realizan repartos de alimentos más frecuentes. De hecho recientemente Cruz Roja organizó una comida popular sin cubiertos, las personas tuvieron que comer con sus propias manos en plena pandemia” nos comenta Lola Vílchez.
Más polémicas
Ni siquiera la Ofrenda Solidaria que organizó el Ayuntamiento a fecha de 22 de junio (en sustitución de la clásica Ofrenda Floral de Hogueras) se ha librado de la polémica. Todo y a pesar de que durante esta jornada se recogieron más de 26 toneladas de alimentos y productos básicos. Sin embargo, ninguno de los partidos de la oposición (salvo Vox) acudió a esta colecta aduciendo que se trataba de un acto realizado para lavar la imagen de la concejala Julia Llopis y del bipartito PP-C’s.
“Es un clamor en la calle que Barcala debe cesar a Llopis por otra persona más capaz y con otros modos de relacionarse con los colectivos sociales. La gente necesita respuestas y no los feos que practica esta concejala. Aún así, francamente no creo que el problema de fondo se solucione hasta que el PP y C’s no salgan de la alcaldía” opina el portavoz de UP.
Lo cierto es que la conselleria de Políticas Inclusivas dirigida por Oltra tampoco se ha librado de recibir un buen palo del Síndic durante esta crisis sanitaria. Concretamente el Defensor del Pueblo autonómico ha alertado de que existen numerosos retrasos en sus gestiones de la Renta Valenciana de Inclusión o de las ayudas a la dependencia.
Según el Ayuntamiento los servicios sociales han ayudado al 15% de los alicantinos durante la desescalada
Incremento de la pobreza
Mientras que los políticos discuten, miles de familias alicantinas siguen sufriendo terribles problemas para llegar a fin de mes. Según los datos que nos ha facilitado el Ayuntamiento, desde el comienzo de la pandemia hasta el 7 de julio los servicios sociales de Alicante han abierto un total de 3.774 carpetas, lo cual supone un 265% más que en el mismo periodo del pasado año.
Durante el confinamiento fueron 40.370 los alicantinos beneficiados de ayudas (contando a todos los miembros de la unidad familiar asistida) y en la desescalada ascendió a 50.771. Esto significa que en los últimos tres meses hacia el 15% de la población de la ciudad ha tenido que recurrir a los servicios sociales.
Así mismo, el Ayuntamiento publicó el 29 de junio una comunicación asegurando que el número de expedientes tramitados ya había superado a todo 2019, así como que se habían atendido sobre 12.000 peticiones de ayuda alimenticia desde marzo.
Algunos funcionarios de Acción Social han amenazado con ir a la huelga
Amenaza de huelga
Afortunadamente el pasado abril ya se pudieron reincorporar los 67 funcionarios interinos que habían sido cesados en enero, dado que el equipo de gobierno municipal encontró “una vía provisional para disponer de los recursos con los que abonar las nóminas” e incluso anunció 13 nuevos puestos de refuerzo para los servicios sociales.
Aún así, los problemas internos ni mucho menos han finalizado en esta turbulenta concejalía. Un nuevo conflicto laboral asoma ahora en el horizonte, pues varios funcionarios han amenazado con ir a la huelga debido a que solo cuatro jefes del departamento han sido propuestos para recibir gratificaciones por el trabajo realizado durante la pandemia.
“Esto no tiene ningún sentido. Si se quiere premiar a los trabajadores, debe hacerse desde las bases y no solo a las jefaturas. Además, en este caso particular se da la curiosa circunstancia de que la mayoría de los funcionarios son mujeres, y los cuatro jefes gratificados son hombres” critica Vílchez.
Deuda pagada
Toda esta polémica ha coincidido también con la reciente decisión del bipartito sobre cancelar definitivamente los últimos 19 millones de la deuda que el Ayuntamiento alicantino aún arrastra desde hace largos años.
Según explicó el alcalde Barcala, esta cancelación servirá para que el gobierno municipal pueda acceder sin trabas legales al remanente de tesorería. Sin embargo, desde los partidos de izquierdas han criticado que la medida se haya tomado sin esperar a que el Gobierno de España se pronuncie definitivamente sobre si permitirá flexibilizar el gasto de los ayuntamientos endeudados.
“Nosotros pensamos que ahora la prioridad son las personas, no la deuda. Por eso hemos pedido a Barcala que destine estos 19 millones de euros íntegramente a la reconstrucción social de la ciudad por los efectos de la COVID-19”, nos indica la socialista Lola Vílchez.
