Si la cosa no fuese tan seria y lo que se quisiese es tratarla con algo de humor, podríamos decir que Benidorm quiere bajar sus malos humos. Pero, insistimos, el asunto tiene una importancia capital en el corto, el medio y el largo plazo y, además, no están ahora mismo las cosas, sobre todo en la industria turística, de la que come la práctica totalidad de la población de la ciudad de los rascacielos de la Costa Blanca, como para tomarse una iniciativa de este calado como un chiste.
El equipo de Gobierno benidormense ha presentado un proyecto con el que presente reducir las emisiones de gases contaminantes en su zona céntrica y, por lo tanto, la que más sufre la presión del tráfico rodado. Después de años desarrollando una amplia red de carriles bici por todo el término municipal, los responsables del consistorio opinan que ha llegado el momento de dar un nuevo paso en la dirección a la que parece que las principales urbes del planeta se dirigen.
La hoja de ruta, al menos sobre el papel, es bien sencilla: el ayuntamiento de Benidorm quiere conseguir la casi total eliminación de los vehículos contaminantes de las zonas de mayor afluencia. En realidad, nada nuevo bajo el sol. Como decíamos, son muchas las ciudades que ya han apostado por este tipo de iniciativas de la que, al menos en España, la más conocida –por ambiciosa y polémica– fue y sigue siendo ‘Madrid Central’.
El plan pasa por la restricción del uso del coche en una de las áreas más visitadas de la ciudad
Una zona complicada
La idea que maneja Benidorm, explicada por el edil de Movilidad, José Ramón González de Zárate, pasa por la creación de una zona de bajas emisiones que afecta a la ‘almendra’ que forma el centro de la ciudad y que, a la vez, es una de las más concurridas y turísticas, ya que en ella se dan cita algunos de los servicios indispensables para los residentes y puntos de indudable atractivo para los visitantes.
Evidentemente, esta iniciativa afecta a miles de personas que tienen su residencia, su trabajo o, incluso, su plaza de aparcamiento –otro de los grandes problemas con los que está lidiando la ciudad– dentro de esa nueva zona en la que se restringirá o prohibirá, dependiendo de cada caso, la circulación.
Autorizaciones especiales
Por ello, González de Zárate adelantó que, cuando la medida se ponga finalmente en marcha, podrán acceder con restricciones los usuarios con garaje, servicios urgentes, prestación de servicios técnicos privados y empresas que desarrollen su actividad en esta área, carga y descarga, autoabastecimiento de comercios, taxis, transporte colectivo de turistas hasta nueve plazas, transporte público urbano y discrecional, servicios públicos, clientes de establecimientos hoteleros y de apartamentos turísticos, trabajadores de establecimientos incluidos en la zona de restricción, vehículos de obras o para eventos y celebraciones, motos, bicicletas, y servicios técnicos municipales.
El anuncio por parte del gobierno local ha sido duramente criticado por los partidos de la oposición
Terremoto político
Sin embargo, y como suele ser habitual en estos tiempos de enconada confrontación, el anuncio del gobierno local ha provocado un importante terremoto político en la capital turística de la Costa Blanca.
Para Ciudadanos, la decisión de la creación de esta zona de bajas emisiones ha sido la gota que ha colmado el vaso a unas actuaciones que, a juicio de Juan Balastegui, portavoz ‘naranja’ en el Ayuntamiento, han provocado importantes problemas al tejido empresarial de la ciudad.
Balastegui ponía como ejemplo algunas iniciativas previas como el cierre al tráfico de la avenida del Mediterráneo desde su cruce con Europa hasta la plaza Triangular, algo que “ha producido importantes pérdidas al comercio y a la hostelería añadiendo un nuevo castigo al que ya están sufriendo en estos momentos”. A juicio de C’s, la creación de la nueva zona de bajas emisiones “para restringir aún más el tráfico al centro, ha producido un rechazo total en la ciudadanía y también en el sector empresarial”.
El PSOE pide una prórroga
Tampoco desde el PSOE consideran que el gobierno ‘popular’ de Benidorm haya actuado con acierto en esta ocasión y, además de criticar la propia iniciativa, ponen el foco en la unilateralidad con la que, en su opinión, está actuando el Gobierno al aprobar una medida de tanto calado “sin consultarlo con los grupos políticos o los colectivos afectados” y recurriendo a la luz verde vía decreto.
La principal preocupación de los socialistas benidormenses es la afectación que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones pueda tener sobre el ya muy mermado turismo de la ciudad y, por ello, más que la retirada del Plan, han solicitado un retraso en la puesta en marcha del mismo hasta finales de 2023 puesto que, recuerdan, “la normativa europea deja margen hasta 2023” para su implantación.
AICO ya ha evidenciado su malestar con una decisión que opina que «ahora no toca»
Rechazo comercial
Esas aseveraciones de Balastegui también se han visto refrendadas por parte de la principal asociación de comerciantes de la ciudad, AICO, que ha mostrado su malestar y rechazo a la iniciativa planteada desde el Gobierno municipal.
Cabe recordar que en la edición del pasado mes de septiembre de AQUÍ en Benidorm y preguntado al respecto, el presidente de AICO, Raúl Parra, explicaba que “AICO fue una de las organizaciones que, cuando se hizo Tomás Ortuño, planteamos que se cerrara la parte baja sábado y domingo para crear nuevas tendencias y nuevas maneras de comprar” y, aunque no se mostraba en contra de las peatonalizaciones, avanzaba que “hay que tener en cuenta que para peatonalizar una ciudad hay que poder guardar el vehículo en algún sitio. No podemos quitar aparcamientos del centro de las ciudades y no tener un plan alternativo”.
Aquellas palabras, pronunciadas antes de conocerse este nuevo plan local, adelantaban la posición que actualmente defienden desde la asociación comercial. Desde AICO consideran que este tipo de iniciativas “no tocan ahora, sino que es momento de normas totalmente contrarias para paliar la situación actual y precaria en la actividad turística, social, económica y de consumo”.
El miedo al transporte público
La gran duda, por lo tanto, no es si la ciudad, siguiendo el ejemplo de otras grandes urbes, debe tender hacia la peatonalización de su zona céntrica o no, sino que lo que se pone principalmente en tela de juicio son los tiempos elegidos para hacerlo.
Parra recuerda que, con las muchas restricciones a la llegada del turismo internacional a la ciudad, Benidorm debe contar ahora, principalmente, con el turismo nacional y ese “llega básicamente en su vehículo particular”. El presidente de los comerciantes de Benidorm asegura que en este momento el uso del transporte público “genera rechazo y miedo ante la posibilidad de contagio de la covid”.
La Unión Europea, aunque anima a acortar los plazos, permite demorar estas iniciativas hasta 2023
Sin fecha definitiva
Todo ello ha provocado que el Gobierno local haya tomado la decisión de levantar el pie del acelerador y retrasar, aunque sin especificar cuánto, la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones. Cabe recordar, en este sentido, que el anuncio inicial estipulaba que la implantación de la misma sería efectiva a partir de enero de 2021, es decir, dentro de apenas tres meses, pero la gran controversia que ha levantado la idea ha provocado el ya mencionado retraso.
El gobierno local muestra su disposición a esperar a que la ciudad «esté más preparada y se haya alcanzado un consenso»
José Ramón González de Zárate, encargado de anunciar la aprobación de ese decreto, fue también el responsable de hacer pública la decisión de esperar a que “la ciudad esté preparada y se haya alcanzado el consenso necesario entre todos” para que la zona de bajas emisiones de Benidorm sea una realidad.
Pese a esa predisposición al diálogo y a reconocer que la Unión Europea, efectivamente, concede un margen hasta 2023 para la implantación de este tipo de medidas, el edil benidormense aseguraba que la propia UE ha animado a que esos plazos de acorten, algo que ya han hecho otras muchas ciudades del Viejo Continente con las que la capital turística de la Costa Blanca, en palabras del propio edil, “va en la misma dirección”.
El calendario electoral es una de las claves de los intereses encontrados entre los partidos políticos
La derivada electoral
La restricción al tráfico de una parte muy importante de un término municipal crea, al menos hasta que los ciudadanos se acostumbran a la nueva situación, un importante número de quejas y molestias que, como demuestran las experiencias ya consumadas a lo largo y ancho del continente, van desapareciendo casi por completo a medida que pasa el tiempo.
Sin embargo, es precisamente ese tiempo necesario para que desaparezca el ‘ruido’ que generan estas medidas lo que puede jugar en contra de los intereses del equipo de Gobierno de la ciudad, ya que, en caso de retrasar la entrada en vigor de las nuevas medidas a finales de 2022 o principios de 2023, se colocarían en un momento de precampaña para las elecciones municipales previstas para la primavera de ese mismo año.
Todo ello hace que, aunque no se quiera reconocer abiertamente, cada partido político haya hecho ya sus cálculos sobre cómo afectaría la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones a sus opciones electorales y, sobre todo, al mensaje a lanzar a una ciudadanía que, al menos en el momento actual, centra sus desvelos en la incierta y precaria situación económica del futuro inmediato y que, por lo tanto, no desea añadir nuevas incógnitas al comportamiento comercial y turístico de la ciudad.
