La Diputación de Alicante ha establecido en un 7% – el más alto de la Comunitat Valenciana- el porcentaje mínimo de reserva en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos para Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de inserción, lo que favorecerá el empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
El pleno de la institución provincial ha aprobado esta medida que, tal y como ha destacado el responsable del área, Juan de Dios Navarro, “convierte a la Diputación de Alicante en una administración pionera, no sólo en la Comunitat Valenciana, ya que el porcentaje fijado supera en un 3% lo que recomienda la Ley de Contratos del Sector Público”. En este sentido, ha recordado que la Generalitat Valenciana tiene establecido un 3% frente al 7% aprobado por la institución alicantina.
“Es un día histórico porque este acuerdo va a tener un impacto muy positivo, dando voz a un sector que realiza una gran labor por la integración social y laboral de los colectivos más vulnerables”, ha indicado Navarro, quien minutos antes del pleno se ha reunido, junto al presidente de la institución, Carlos Mazón, con representantes de las empresas de inserción social y los centros especiales de empleo de la provincia de Alicante. Durante el encuentro se ha presentado la guía elaborada por la Diputación para orientar a las entidades del tercer sector y a los ayuntamientos en el proceso de la contratación pública, animándoles a aplicar criterios sociales en sus procesos licitadores.
Ayudas ciclo hídrico
El pleno de la Diputación, celebrado de forma telemática, ha dado el visto bueno, además, a cuatro convocatorias de ayudas, dotadas con 3.150.000 euros y dirigidas a ayuntamientos y entidades de riego, para impulsar la mejora y ejecución de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y abastecimiento e instalaciones y otras inversiones que incrementen la eficiencia del uso del agua en regadío, ha explicado la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna.
Mociones y propuestas
En el apartado de mociones, durante la sesión ha salido adelante una propuesta conjunta impulsada por el Grupo Popular y Ciudadanos en la que se muestra el rechazo a la nueva ley educativa conocida como ‘ley Celaá’ por considerarla “un ataque frontal a la democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas más modernos e innovadores”.
En este sentido, los dos grupos que conforman el equipo de gobierno muestran su apoyo al recurso de inconstitucionalidad contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos constitucionales como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano.
El portavoz popular, Eduardo Dolón, encargado de defender la moción, ha acusado al Gobierno central de “tramitar esta norma de espaldas a la comunidad educativa y a la sociedad, apostando por un modelo caduco y anticuado que rompe el pacto constitucional en materia educativa”.
Por otra parte, todos los grupos de la corporación han respaldado una moción del Grupo Socialista dirigida a combatir el acoso escolar en todas sus formas. La diputada socialista Carolina Gracia ha destacado que “es imprescindible la toma de conciencia y la puesta en marcha de acciones encaminadas a la formación, información y sensibilización”. En este sentido, se propone una campaña de sensibilización para exponerla en los centros educativos o la organización de unas Jornadas Provinciales contra el Acoso Escolar.
La diputada del área, Mª Carmen Jover, ha resaltado que la Diputación de Alicante “es una administración completamente comprometida contra el acoso escolar” y ha puesto como ejemplo las diferentes actividades que con este fin se vienen impulsando desde 2014, como el estudio Crimina sobre la ciber victimización, la campaña Ciber App desarrollada en los centros educativos, el programa Hero o la Guía de prevención del acoso escolar editada por la institución.
Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha respaldado la propuesta y ha defendido “un programa a nivel nacional que combata el acoso escolar y defienda soluciones desde diferentes ámbitos, entre ellos, cursos de formación que ayuden a los alumnos en la resolución de los conflictos”. Ha criticado además que “a pesar de este alto grado de violencia escolar, el Estado no está interviniendo, ni parece que tenga una estrategia firme para afrontar el problema”.
Finalmente, pleno ha rechazado una moción presentada por el Grupo Compromís a cuenta de la celebración de un acto organizado por el PP en IFA en el año 2009 y que estaría pendiente de cobro. Los grupos Popular y Ciudadanos han presentado una enmienda a la totalidad a la propuesta defendida por Gerard Fullana en la que reprobaba esta cuestión y exigía el pago de la deuda, además de toda la documentación relativa a la cena, así como la requerida por el Síndic de Greuges sobre la contabilidad del grupo Popular en la misma época.
El diputado popular, Juan Francisco Pérez Llorca, ha recordado que “ningún órgano –Fiscalía y Agencia Valenciana Antifraude- ha atribuido conducta dolosa, y por tanto subsumible en ilícito legal, la no facturación de la cena mitin, atribuyendo a un error técnico o administrativo de IFA”. Asimismo, ha avanzado que tras el archivo de la causa, el PP y la institución ferial han llegado a un acuerdo con procedimiento monitorio, como única vía legal, para hacer frente al pago.
El responsable popular ha defendido que la enmienda presentada por el equipo de gobierno y que ha salido adelante plantea, entre otras cuestiones, “exigir a todos los grupos políticos de la Diputación y a todas las formaciones políticas del país, que la integridad, la sobriedad, la ejemplaridad, la responsabilidad y la cooperación sean los principios que guíen su conducta”.
El portavoz de Ciudadanos (Cs) y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, también ha acusado al portavoz de Compromís de presentar una reprobación “basada en la ficción que tiene como única finalidad manchar la reputación de un miembro de esta Corporación y, sea del partido que sea, la acusación, por lo menos, debería estar fundamentada” por lo que le ha exigido que “no mienta ni tergiverse la verdad con un asunto en el que, además, el pleno de la Diputación no tiene competencia alguna”.
Gutiérrez ha aclarado que “Ciudadanos no va a convertirse en juez, en fiscal, en instructor de la Agencia Antifraude e incluso en Tribunal de Cuentas, como nos exige el Grupo Compromís, iniciando investigaciones para las que el pleno de la Diputación no sólo no tiene competencia, sino que además pasaría por encima de todos los órganos fiscalizadores y la administración de Justicia, que ya se ha pronunciado respecto de este asunto archivándolo”.
El orden del día del pleno se ha cerrado con la votación de una moción presentada por el Grupo Socialista para instar al Gobierno de España a que permita a la administración local poder agilizar los trámites de las ayudas para paliar las consecuencias del Covid19. El texto original ha sido enmendado parcialmente por los grupos Popular y Ciudadanos, aprobándose con estos cambios finalmente, con la abstención de PSOE y Compromís.
