El requisito lingüístico para el funcionariado sigue siendo objeto de debate en la Comunidad Valenciana.
Si bien el dominio del idioma valenciano es uno de los méritos que mejor se puntúa en prácticamente todas las oposiciones que dan acceso al empleo público de la Generalitat, ahora el Consell pretende ir un paso más allá con una nueva Ley de Función Pública para que el conocimiento de nuestra lengua regional no se considere solo un mérito sino más bien un requisito indispensable. Una situación que ya sucede en Cataluña, Baleares, País Vasco y Galicia.
Excepciones con el personal sanitario
Ahora bien, en la comunidad gallega se establece una particular excepción con el personal sanitario. Esa misma intención parecía tener Gabriela Bravo, consellera de Justicia por el PSOE, en su primer borrador de la ley. “Excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada, primará la garantía de la debida prestación de los servicios públicos en los términos que se determine reglamentariamente” dictaminaba el texto.
Sin embargo esta excepción le valió un desencuentro con sus socios de Compromís, quienes reclaman que el requisito se aplique también en el ámbito de la sanidad. Finalmente Bravo acabó saliendo del paso sustituyendo el texto anterior por otro mucho más ambiguo que simplemente define como necesario “acreditar la competencia lingüística de valenciano, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes» sin mencionar específicamente el tema sanitario.
Distintos criterios
Así pues, aún queda la cuestión sin resolver. ¿Necesitarán los futuros médicos, cirujanos o enfermeros de la Comunidad Valenciana dominar la lengua de Ausiàs March para trabajar? El misterio supuestamente se resolverá en el reglamento que desarrolle la propia ley, y que aún está en fase de elaboración.
“Nuestro deber es garantizar que todos los ciudadanos sean atendidos en el sistema de salud sin discriminación de sexo, etnia o idioma. El Estatut autonómico reconoce que tenemos dos lenguas oficiales, así que debemos respetar el derecho del ciudadano a ser comprendido en cualquiera de ellas” nos indica Aitana Mas, diputada autonómica por Compromís, a favor del requisito lingüístico sanitario.
“Esto es un despropósito en medio de una pandemia mundial. Yo quiero que me atienda el mejor profesional sanitario posible. Con este requisito estamos primando otros aspectos que no tienen nada que ver con la Medicina” opina María Quiles, diputada autonómica por Cs, en contra.
El Colegio de Médicos de Alicante se ha posicionado en contra del requisito lingüístico sanitario
Los colegios médicos en contra
Los propios colegios de médicos, tanto de Alicante como de Valencia, también han querido manifestarse en este debate, rechazando el requisito lingüístico. “Esto es inaceptable. Con la falta de profesionales que sufrimos en la Comunidad Valenciana, ¿de verdad creen que imponiendo el valenciano garantizan la salud de la población? ¿No debería primar el derecho a la salud por encima de todo?” señalaron en un reciente comunicado.
Una reivindicación compartida plenamente por Cs. “Tenemos ahora mismo a la atención primaria amenazando con la huelga y a los MIR en pie de guerra. Estamos bajo mínimos en médicos, y las listas de espera para que te atiendan ya van por los 155 días. El Consell debería estar centrado en solucionar estos problemas que tanto nos urgen en plena crisis sanitaria, pero sin embargo se dedican a sacar leyes con el único objeto de colocar a los suyos” nos comenta Quiles.
«Estos requisitos lingüísticos solo sirven para que los médicos no quieran ejercer en la Comunidad Valenciana» M. Quiles (Cs)
Posible freno a los profesionales
La diputada autonómica nos cuenta que su propia hija es estudiante de primero de Medicina en la Universidad Miguel Hernández (UMH), y que se está planteando irse a Murcia para ejercer. “Esto es tremendo. Resulta que les financiamos la carrera con dinero público valenciano para que luego nuestros graduados acaben yéndose a otras comunidades a trabajar. Como madre me duele en el alma lo que dice mi hija, pero no me extraña. En Murcia a los médicos no les exigen requisitos que no tienen nada que ver con su profesión, y encima están mejor pagados que los valencianos. Vamos a conseguir que se marchen” se lamenta.
«Sufrimos una gran falta de personal sanitario y no podemos rechazarlos por cuestiones que no son médicas» M. Quiles (Cs)
Por otra parte, María Quiles también denuncia que esta regulación sería un freno para los profesionales nacionales o extranjeros que quieran venir a trabajar a nuestras tierras. “Si se diera el caso que un vallisoletano se enamora de una persona de Benicarló, ya puede ser el mejor médico de España, que eso da igual. La cuestión es que no podría ejercer si no sabe valenciano. Con todas las carencias que tiene nuestro sistema de salud, no podemos permitirnos estos lujos” manifiesta.
«Si los médicos entienden bien a los pacientes podrán hacer un mejor diagnóstico» A. Mas (Compromís)
Mejor diagnóstico según Compromís
Sin embargo, desde Compromís nos aseguran que el requisito lingüístico no repercutiría en un empeoramiento de la sanidad pública valenciana. “Este es un argumento flojo y muy falso. En otras comunidades como Cataluña, Baleares, País Vasco o Galicia no se han quedado sin médicos. Desprestigiar nuestra lengua no ayuda a protegerla” opina Aitana Mas.
La diputada autonómica se muestra convencida de que esta exigencia no frenará a los profesionales foráneos. “Yo conozco mucha gente de fuera que domina perfectamente el valenciano, no es una lengua complicada. Menos aún para personas que han sido capaces de sacarse carreras tan difíciles como Medicina o Enfermería. No me parece un obstáculo tan tremendo” nos asegura.
Además, en su opinión el dominio del valenciano también es necesario para ejercer bien la Medicina en nuestra región. “Hay personas en la Comunidad Valenciana que se expresan mucho mejor en su lengua materna, que es la nuestra. Especialmente le ocurre a gente mayor, que a veces no saben explicar bien sus dolencias en castellano. Por eso es necesario que el profesional que les atienda pueda comprenderles bien. Así tendrá más posibilidades de acertar con el diagnóstico” nos apunta.
«Todavía los valenciano-parlantes sufrimos discriminaciones y desplantes en la sanidad» A. Mas (Compromís)
Discriminaciones lingüísticas
Otra razón que alegan desde Compromís para defender este requisito lingüístico es que así ayudaría a acabar con los casos discriminatorios que todavía ocurren en nuestra sanidad.
“Me ha pasado varias veces que voy con mi abuela al centro de salud en Crevillent, y el médico le contesta de mala manera simplemente porque se dirige a él en valenciano. Es muy desagradable, nos ha tocado poner varias quejas. No es lógico que una mujer de 89 años valenciano-parlante tenga que sufrir este tipo de situaciones. Ya no pedimos que nos hablen en nuestro idioma, pero al menos que nos escuchen” nos cuenta Aitana Mas.
No obstante, en Ciudadanos opinan que los principales problemas que arrastra el servicio de salud valenciano no son precisamente lingüísticos. “No hay ni una queja al Síndic de Greuges por el idioma relacionada con la Sanidad. Sin embargo no para de recibir cientos y cientos por las listas de espera. A veces los políticos nos empeñamos en inventarnos problemas, en vez de solucionar los que de verdad existen” determina María Quiles.
Opción de ser un requisito por zonas
Otra opción que también estaría valorando la conselleria de Justicia, es la de establecer el requisito lingüístico solo en las zonas declaradas oficialmente valenciano-parlantes. Esto eximiría, por ejemplo, a los profesionales de los centros hospitalarios de la Vega Baja, Elda o Villena. No así a los de Alicante capital pues, a pesar de que en la actualidad domina el castellano en la ciudad, oficialmente sigue siendo una zona de predominio lingüístico valenciano.
No obstante en Compromís no se muestran tampoco partidarios de esta alternativa. “Un empleado público debería serlo de la misma manera en Torrevieja o en Vinaroz. Yo por ejemplo vivo en un sitio valenciano-parlante como Crevillent, pero puedo sufrir una urgencia en Orihuela que apenas está a 20 minutos en coche. Todos los funcionarios deben tener los mismos baremos, lo contrario sería un agravio comparativo” opina Aitana Mas.
Más el idioma que los méritos
Lo cierto es que, aún sin estar todavía vigente el citado requisito lingüístico, en la Comunidad Valenciana son habituales las quejas por parte de opositores o sindicatos acerca de que el valenciano se puntúa de manera desproporcionada en algunas oposiciones.
“Claro que el idioma valenciano tiene que ser un mérito a la hora de obtener una plaza. Pero aquí nos encontramos casos en los que se puntúa más que un doctorado. Al final acaba siendo un requisito encubierto, pues se prioriza más que los méritos científicos. Quizás esto explique en parte por qué somos la cuarta comunidad de España con más médicos que solicitan trabajar fuera, al mismo tiempo que la segunda con peor ratio de especialistas por habitante” nos apunta la diputada autonómica María Quiles.
Críticas políticas y sindicales
Así pues, el debate continúa respecto a la exigencia lingüística al funcionariado valenciano y especialmente al personal sanitario. Lo cierto es que la conselleria de Justicia lleva ya desde 2016 trabajando en la elaboración de esta nueva Ley de Función Pública, pero hasta el pasado octubre no había todavía elevado el texto a Les Corts. Un retraso que se debe, en gran parte, a las duras negociaciones que la consellera Bravo ha mantenido tanto con los sindicatos como con sus socios de Compromís por este asunto.
En la votación celebrada el 25 de octubre el texto acabó siendo aprobado de manera inicial gracias a la mayoría parlamentaria de los partidos del Govern (PSOE, Compromís y UP) y a pesar de que toda la oposición (PP, Cs y Vox) votó en contra.
Los populares criticaron que, tras cuatro años de tramitación, la Conselleria haya acabado proponiendo una ley que es muy parecida a la ya existente. “Nuestra mano seguirá tendida para que Pedro Duque pueda ser funcionario a pesar de saber siete idiomas” manifestó el diputado José Antonio Rovira con evidente ironía.
Por parte de Vox, el diputado José María Llanos acusó al Consell de querer “desterrar el castellano y convertir la lengua en un arma política”.
La consellera Bravo tampoco se ha librado de las críticas por parte de los sindicatos CSIF e Intersindical, aunque por razones opuestas. El primero ha manifestado que el requisito lingüístico en lugar de fomentar el conocimiento del idioma valenciano lo que supone es una pérdida de derechos para los solicitantes de empleo. Por otro lado según el segundo esta ambigüedad de fiarlo todo a un futuro reglamento no garantiza los derechos de los valencianos-parlantes, e incluso ha acusado a Justicia de aceptar “el discurso supremacista del castellano”.
El Consell pretende definir todas las cuestiones con un reglamento en el plazo máximo de un año
Esperando al reglamento
Ahora solo queda esperar a que la conselleria de Justicia haga público el reglamento que debería despejar al fin todas las dudas respecto al requisito lingüístico. Si bien dicha conselleria está comandada por el PSOE, el texto final precisa también del visto bueno de la dirección general de Política Lingüística, cuyo director es Rubén Trezano (militante de Compromís).
El president socialista Ximo Puig ha señalado en alguna ocasión estar en contra de que el valenciano sea siempre indispensable en la sanidad. “Es lógico que hayan excepciones con el requisito lingüístico, como por ejemplo en el ámbito de la salud” declaró en 2018.
Por lo que respecta a Compromís, la diputada Aitana Mas admite discrepancias con el PSOE. “Nosotros teníamos el requisito sanitario en nuestro programa electoral y ellos no. Vamos a seguir peleándolo, pues para nosotros es una cuestión de derechos fundamentales. Aunque por supuesto entiendo que el nivel de valenciano exigido siempre debe ser acorde con el grado de contacto que el profesional tenga con el paciente” nos indica.
En principio, Justicia se ha marcado el plazo de un año como fecha límite para tener redactado este esperado reglamento. En aquellas plazas donde finalmente se aplique el requisito lingüístico, se espera que sea un certificado C1 de valenciano para los grupos funcionariales A1, A2 y B; un certificado B2 para los opositores al grupo C1; un certificado B1 para el grupo C2; y un certificado A2 para el resto.
