La Confederación Valenciana de APAs_AMPAs, -COVAPA-, está integrada por las federaciones provinciales Gabriel Miró de Alicante, Humanista Manuel Tarancón de Castellón y 9 d’octubre de Valencia y representa los intereses de familias con hijos e hijas en edad escolar de la Comunidad Autónoma Valenciana.
A COVAPA le corresponde participar en el debate y elaboración de normativa que en materia educativa se esté llevando a cabo, así como en todos aquellos planes o programas que tengan como objetivo mejorar la calidad educativa de nuestros hijos e hijas.
Queremos hacer aportaciones que enriquezcan y contribuyan a mejorar el sistema educativo de nuestros hijos e hijas para garantizar su éxito escolar y su integración en una sociedad democrática más justa, respetuosa, equitativa y competente.
Es evidente que los tiempos actuales son muy diferentes a los vividos por nuestros antepasados. La sociedad ha evolucionado y se ha transformado a una velocidad vertiginosa en las últimas décadas. La escuela de hoy no puede ser, por tanto, como lo fue la de nuestros abuelos o nuestros padres, ni siquiera como fue la nuestra propia.
La incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo fuera del hogar, la afluencia de población inmigrante a nuestra sociedad proveniente de países de diferentes culturas y lenguas, la revolución que han supuesto las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones y nuestra incorporación a Europa en todos los niveles, han hecho que nuestro modelo de sociedad actual sea diferente y que nuestras escuelas de hoy necesiten adaptarse a las nuevas exigencias y demandas que ésta les solicita.
Las reformas educativas han estado y están en el primer lugar de las agendas de casi todos los países del mundo. Esto, que es una realidad, resulta más evidente en nuestro país: 41 años de democracia, 8 leyes educativas de enseñanzas no universitarias promulgadas y en camino la 9ª y 4 de enseñanzas universitarias.
La alternancia de partidos en los gobiernos de España siempre ha llevado consigo una reforma o al menos el intento de modificación de la ley educativa vigente en ese momento.
Nuestra organización lleva muchos años abogando por el establecimiento de un Pacto de Estado por la Educación, como medida necesaria y urgente para que los partidos políticos, sindicatos, organizaciones de padres y madres y otras entidades sociales lleguemos a un consenso. Un consenso que permita la estabilidad necesaria para que el sistema educativo de nuestro país, y particularmente en las distintas comunidades autónomas, no sufra las consecuencias propias de la alternancia en el poder.
Los partidos políticos han de representar a la ciudadanía, canalizar sus necesidades y resolver sus problemas; los partidos políticos no deben alcanzar acuerdos y legislar de espaldas a una ciudadanía en gran medida representada por las organizaciones de la sociedad civil, ni pretender que ésta solamente acepte sus decisiones, en ocasiones adoptadas en el marco de determinadas estrategias políticas.
Desde que la democracia iniciara su andadura, muchas han sido las leyes educativas promulgadas y en ninguna de ellas hemos visto reflejadas las ambiciones que como entidad representativa de padres y madres de alumnos consideramos nos corresponden.
Por eso, tras las sucesivas publicaciones de todas ellas, de gobiernos de todos los colores, hemos reiterado una y otra vez que ninguna es nuestra ley, puesto que una tras otra hemos ido perdiendo competencias, algunas muy significativas como la elección del director (regulada en la LODE, anulada en la LOE), la resolución de conflictos con alumnado (regulada en la LODE, anulada en la LOE), la admisión de alumnado (regulada en la LODE, anulada en la LOMCE) o la aprobación de los documentos oficiales del centro (regulada en la LODE, anulada en la LOMCE).
Esto ha conllevado que la participación de nuestro sector en los consejos escolares ha quedado diluida y reducida a una mera presencia más formal que otra cosa, muy alejada de tener un papel activo en un órgano que a nuestro entender debería ser considerado órgano de gobierno del centro en el que se adopten decisiones de forma corresponsable.
Además, es también una de nuestras históricas reivindicaciones lograr la paridad en los consejos escolares para estar en verdadera igualdad de condiciones, porque nuestro sector siempre está en minoría. Aún en los casos más favorables como los de un centro grande, con 9 padres y madres y 9 profesores, siempre se suman a estos últimos los votos y posturas de la dirección del centro y jefatura de estudios y, en ocasiones también el del personal de administración y servicios.
Desde el año 2014 hemos de lamentar la pérdida de competencias que la LOMCE provocó en los consejos escolares. La participación de padres y madres que a todos los efectos se considera un factor de calidad, se ve paradójicamente cada vez más reducida, provocando desaliento y desafección entre nuestro colectivo.
Y de nuevo, un cambio de gobierno y con él, nueva ley educativa. El proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE, la LOMLOE consolida de nuevo la pérdida de otra gran oportunidad de alcanzar un pacto por la educación.
Es decir, esta ley, como todas las leyes educativas anteriores:
-Ley General de Educación, 1970, preconstitucional.
-Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), 1980, UCD
-Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), 1985, PSOE
-Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 1990, PSOE.
-Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros (LOPEGCE), 1995, PSOE.
-Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), 2002, PP. (no entró en vigor)
-Ley Orgánica de Educación (LOE), 2006, PSOE.
-Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 2013, PP.
NO ES NUESTRA LEY, como tampoco lo será ninguna que no cuente con el consenso suficiente para ser considerada la ley de todos y todas, o al menos de una inmensa mayoría. Queremos una ley por la que apostemos todos, en la que nos sintamos identificados y por la que creamos merece la pena luchar. Que no cambie con cada gobierno de turno. Y que considere que la educación que merecen recibir nuestros hijos e hijas está por encima de intereses partidistas o de líneas de actuación políticas de un determinado momento.
En este contexto y bajo estas premisas, COVAPA se propone liderar la iniciativa de promover un gran Pacto Educativo, político y social, que sitúe a nuestro país en los primeros puestos de calidad educativa, en pro de una escuela pública gestionada democráticamente y cuyo modelo responda a los siguientes rasgos:
Gratuita: porque la financiación pública es el único garante de que el derecho a la educación se produzca en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía.
Aconfesional: porque es esencial conseguir el pleno desarrollo de la conciencia y libertad de la persona sin ningún tipo de imposición ideológica o religiosa.
Plural: porque la escuela debe estar abierta a todas las personas e incorporar la diversidad social y de pensamiento y considerarlo además como un elemento positivo en el proceso de aprendizaje.
Científica: porque incorpora el análisis y la críica partiendo de que el conocimiento humano es siempre parcial y no definitivo y, a partir de estos valores, el aprendizaje se convierte en un proceso permanente.
Democrática: porque los valores democráticos deben ser incorporados como práctica del aprendizaje y que la escuela pueda vivirse como un espacio de convivencia del conjunto de sus integrantes.
Cívica: para formar a las personas como ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes y para su integración en una sociedad plural.
Integradora y compensadora de desigualdades: porque es fundamental aceptar las diferencias del alumnado y garantizar la no-discriminación atendiendo a las diferencias individuales a la vez que se tratan de alcanzar objetivos globales comunes.
Humanística: porque la persona, con su dimensión singular, ha de ser objetivo primero y último de las actuaciones educativas, incluyendo los valores fundamentales de la solidaridad, la tolerancia, la educación no sexista y la paz como intrínsecamente humanos y que se deben cultivar y difundir.
Un pacto educativo social y político es inaplazable. Un Pacto por la Educación que provoque un análisis del sistema educativo, un Pacto que reforme, que modifique lo que no funciona y que cimiente las bases para conseguir la mejora de:
Las altas cifras de fracaso escolar.
El elevado porcentaje de abandono escolar prematuro.
Los niveles de conocimiento y competencias elementales del alumnado.
Los porcentajes de titulación de la enseñanza postobligatoria.
La consideración del profesorado.
El clima de convivencia en los centros educativos.
El sistema de formación profesional.
La eficacia y eficiencia de la administración educativa.
La implicación de las familias en la educación.
La inversión en educación.
Pues no se puede olvidar que la educación constituye el pilar fundamental del progreso y la prosperidad de toda sociedad.
Cada vez más, se hace necesario un sistema educativo que garantice más calidad y mejores resultados. Algunas cuestiones prioritarias son:
- Reforzar el ejercicio de la función docente, reconociendo su autoridad académica, un mayor reconocimiento social y mejorando el acceso a la profesión del magisterio, ya que la calidad de un sistema educativo está en proporción directa con la calidad de sus docentes. Así como facilitar su permanente formación, mejorar niveles de interinidad para dotar de estabilidad a las plantillas y agilizar los sistemas de sustitución.
- Fomentar la participación de padres y madres y por ende, de sus organizaciones representativas como factor de calidad del sistema educativo.
- Garantizar en el sistema educativo los recursos humanos y materiales necesarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje transcurra con éxito y cuente con los apoyos y refuerzos necesarios para mejorar el rendimiento e incrementar los índices de éxito escolar, entendido este último no sólo en lo que a expediente académico se refiere, sino también en todas aquellas competencias que favorezcan el pleno desarrollo de la personalidad humana y la plena integración del alumno en la sociedad.
- Profesionalizar la función directiva.
- Desburocratizar la actividad docente.
- Llevar a cabo evaluaciones internas y externas de todos los procesos y agentes de los sistemas educativos, incluida la propia administración, para el conocimiento del grado de consecución de los objetivos programados, con el fin de facilitar la toma de decisiones en lo referido a su mejora y a su contribución en la generalización del éxito educativo.
- Mejorar la inspección educativa mediante procesos de ingreso que garanticen al máximo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- Delegar la autonomía y competencias necesarias por parte de la Administración educativa, para que el propio centro, en ejercicio de su autonomía legalmente reconocida, organice su funcionamiento y gestione sus recursos por medio del Consejo Escolar entendido como órgano colegiado de gobierno y con una participación real de todos los sectores en él representados.
- Reconocer el papel social de las familias, favoreciendo y promocionando la participación real de éstas en la dinámica de los centros, respaldando la labor de las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos mediante la realización de campañas de reconocimiento del papel social desempeñado por éstas como organizaciones representativas de los intereses de las familias.
- Garantizar el derecho que tienen las familias a elegir la lengua vehicular en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
- Proporcionar una especial atención al colectivo de alumnado que requiera de necesidades educativas especiales, garantizando todos los medios, recursos y centros que su diversidad funcional requiera y necesite.
- Estudiar y desarrollar vías de participación del sector de padres y madres de alumnos, creando e implantando sistemas que permitan una evaluación real por parte de padres y madres de la calidad del sistema educativo, adaptando los modelos hasta lograr una paridad real de este sector en todas sus fórmulas y niveles de participación, a través de sus organizaciones representativas.
- Analizar y elaborar propuestas de medidas que mejoren el modelo de gestión de los centros docentes, así como el control y la inspección de los mismos.
Estamos dispuestos a poner en juego todas nuestras capacidades para que el futuro de nuestros hijos e hijas sea esperanzador y juntos podamos construir escuela.
