En julio de hace 148 años estallaba en Alcoy la Revolución del Petróleo. Agustín Albors era en aquel momento el alcalde republicano, una persona que había estado en prisión y que fue liberado en 1868 gracias al indulto de Isabel II.
Alcoy era en ese momento histórico una ciudad industrial de especial trascendencia e importancia. Las fábricas de textil principalmente, pero también otras de distinta naturaleza, se situaban en el cauce de los ríos de la ciudad. En ellas trabajaban hombres, mujeres y niños en unas condiciones laborales pésimas.
La guardia municipal situada en el Campanar disparó a los trabajadores que se manifestaban
Motivo de la revuelta
Esas condiciones laborales son las que provocaron una huelga general que paralizó casi por completo la ciudad un 8 de julio de 1873. Los trabajadores se manifestaron para reivindicar mejoras salariales y una reducción de la jornada laboral.
La movilización se organizó desde la Asociación Internacional de Trabajadores, cuya sede nacional estaba ubicada en Alcoy. Sus líderes locales eran José Seguí Valls y José Botí Soler, ‘Nano’. Para conseguir sus objetivos se animó a que “se organicen y se preparen para la acción revolucionaria del proletariado a fin de destruir todos los privilegios que sostienen y fomentan los poderes autoritarios”.
Un día después, y en un intento de negociar con los propietarios, estos y el propio alcalde, rechazaron las reivindicaciones. Mientras esto ocurría dentro del ayuntamiento, fuera miles de manifestantes esperaban. Los obreros exigieron entonces la dimisión del alcalde para ser sustituido por una junta revolucionaria. Fue entonces cuando la guardia municipal, ubicada estratégicamente en el Campanar y bajo la orden de Albors, empezó a disparar a la multitud reunida. Mueren tres trabajadores. Rápidamente se disuelve la concentración y sus integrantes se van a buscar armas. Arranca de esta manera la Revolución del Petróleo.
Huida sin éxito
Los trabajadores cogen como rehenes a empresarios, concejales y políticos conservadores, liberales y republicanos y los trasladan a la prisión (situada entonces en el actual Mercado de Sant Mateu). Intentan negociar la rendición.
Sin embargo, Albors y parte de su equipo de gobierno intentan escapar. Una noche un albañil a sueldo del alcalde empieza a agujerear las paredes de las casas colindantes al ayuntamiento con el objetivo de ser una vía de escape para los que se encuentran dentro sin poder salir.
Los ruidos de madrugada advierten a la ciudadanía y pronto los trabajadores intentan impedir su huida prendiendo fuego a las casas. De esta manera consiguen capturar al alcalde, bajarlo a la calle y darle muerte. A continuación, lo arrastran por la calle, es por esto por lo que se le conoce bajo el mote de ‘Pelletes’, que ya le acompañaba desde pequeño.
«El hecho tuvo trascendencia internacional por quiénes lo protagonizaron, no por el uso de la violencia o el asesinato del alcalde» D. Fernández
Politización del conflicto
Diego Fernández, historiador y miembro del Centre Alcoià d’Estudis Histórics i Arqueológics, CAEHA, explica que los hechos fueron muy trascendentes a nivel internacional, no por el uso de la violencia ni por dar muerte al alcalde, algo que en la época solía ser común; sino por quién protagonizó las revueltas.
“Sin embargo, se ha construido un relato histórico que responde a intereses políticos de la época. Un relato que fomentó principalmente el que terminaría siendo presidente de la República, Emilio Castelar, por boca de su futuro ministro de gobernación, Eleuterio Maisonnave. El objetivo era dañar la imagen del entonces presidente de la República, Pi i Maragall. Estos hechos, además, acontecían poco después de la Comuna de París”.
Entonces toman el control de la ciudad los internacionalistas locales, se retiran las barricadas, se apaga el fuego y se negocia con una comisión de empresarios pagar los días de huelga. “En total fueron asesinadas dieciséis personas, tres trabajadores y trece defensores del ayuntamiento”, explica el historiador.
«La respuesta judicial fue desproporcionada, se acusaron a 711 personas, de las que 289 pasarían a ingresar en prisión» D. Fernández
Proceso judicial
“La respuesta judicial fue desproporcionada y planificada minuciosamente. Se acusaron a 711 personas, de las que 289 pasarían a ingresar en prisión, se les envió al Castillo de Santa Bárbara en Alicante”, narra Fernández. El proceso judicial pasa por muchos jueces y dura unos catorce años, hasta que en 1887 ya no queda nadie en prisión y el juez sentencia la absolución por falta de pruebas.
La transcendencia de estos hechos dura hasta la actualidad. “Esto es así principalmente por el uso de la memoria histórica como arma política. Cada vez que se acerca un aniversario veo cómo se manipulan las fuentes. En el franquismo, por ejemplo, esto ocurría para dejar en evidencia a los trabajadores como los ‘malos’. Estamos ante un mito arraigado y un relato desproporcionado de los hechos”, argumenta Fernández.
