La Plataforma Por un Puerto Sostenible, formada por varias asociaciones vecinales y ecologistas, ha alegado formalmente contra la solicitud de licencia ambiental presentada por la empresa Ditecepsa (filial de Ferrovial), propietaria de una fábrica de betunes asfálticos que se ubica en el muelle 17 del puerto de Alicante.
La concesión oficial para operar en el puerto finalizó en marzo de 2020, aunque desde entonces continúa funcionando ‘en precario’ a la espera de que el ayuntamiento de Alicante resuelva esta licencia. Ditecepsa incluso pretende ampliar sus instalaciones en el muelle, mientras que la citada plataforma vecinal solicita que se traslade a un polígono industrial en las afueras de la ciudad.
Los vecinos solicitan que la fábrica se traslade a un polígono industrial en las afueras
Peligrosidad
“Esta empresa lleva casi treinta años funcionando sin la pertinente licencia y ahora continúa operando incluso con una concesión portuaria caducada. Es difícil de entender que el ayuntamiento no haya paralizado su actividad”, nos indica José Manuel Santamaría, miembro de la Plataforma Por un Puerto Sostenible.
En el escrito de alegaciones presentado por los vecinos se exponen ocho razones contrarias a la continuidad (y obviamente a la ampliación) de la fábrica de betunes en el puerto. La más llamativa es su supuesta peligrosidad para la población residente en los barrios cercanos como Benalúa o San Gabriel.
Productos tóxicos
“Es una industria que maneja sustancias tóxicas e inflamables. Ditecepsa quema diariamente varias toneladas de fueloil y gasoil para mantener el betún a altas temperaturas. En su emplazamiento actual en el puerto está a tan solo unos treinta metros de una planta de fertilizantes químicos (Medifer Liquids), la cual recibe continuamente nitrato amónico, un material altamente peligroso que, de hecho, fue el que provocó la famosa explosión del puerto de Beirut (Líbano). Estamos acercando el fuego a la dinamita”, nos aducen.
Además, a pocos metros de distancia, en el muelle 19, está el emplazamiento donde se planea la ubicación de los macrodepósitos de gasolina; un proyecto también bastante polémico que fue autorizado por la Autoridad Portuaria en 2019 y que lleva desde entonces parado a falta de que las Administraciones municipal y autonómica se pronuncien. De hecho, la empresa promotora, XC Business, ha llevado el tema a los juzgados ante el silencio administrativo del ayuntamiento.
Impacto medioambiental
Por otra parte, la plataforma también denuncia el impacto medioambiental negativo que, a su juicio, la fábrica de betunes conlleva sobre los ecosistemas.
“Este tipo de industrias siempre pueden generar derrames o filtraciones hacia el suelo. En este caso, al estar ubicada en el puerto, queda a unos novecientos metros de un espacio protegido como es la reserva marina del entorno de Tabarca”, nos explica Santamaría.
Se trata de un ecosistema reconocido dentro de la Red Natura 2000 como un área de conservación especial de la biodiversidad en la Unión Europea, ya no solo por la fauna y flora submarinas, sino además por las aves protegidas que se alimentan del pescado que por aquí habita.
Más consecuencias nocivas
Asimismo, los vecinos denuncian que estos residuos también traen consecuencias indeseadas para los seres humanos. “La fábrica está muy cercana a playas donde todos nos bañamos, como el Postiguet, San Gabriel o Urbanova. Por no hablar de que las tomas de agua de las dos plantas desaladoras que dan de beber a Alicante, Santa Pola y Elche quedan a poco más de un kilómetro”, nos indican.
Aparte de los posibles vertidos al mar, según la plataforma vecinal en el caso de ampliarse las instalaciones, como pretende Ditecepsa, se colocarán nuevos depósitos que “emitirán gases muy nocivos para la atmósfera y aumentarán todavía más el riego de explosión”.
«La situación de la fábrica no es legal porque está ocupando suelo comercial» J. M. Santamaría
Situación irregular
Más allá del impacto que pueda suponer esta fábrica, según Por un Puerto Sostenible su ubicación es completamente irregular desde un punto de vista legal. La plataforma se ampara en la última Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) aprobada por el ministerio de Transportes.
Tal y como ellos la interpretan, la Autoridad Portuaria de Alicante no tendría capacidad para autorizar nuevas fábricas en nuestro puerto ya que este no alberga suelo industrial al estar integrado en el centro urbano de una ciudad. Por tanto, la industria de Ditecepsa estaría ocupando un terreno de uso comercial.
Un puerto no industrial
“El puerto de Alicante no es como el de Cartagena o los de Galicia. No está concebido para albergar industria. Sin embargo, nuestra Autoridad Portuaria sigue empecinada en autorizar fábricas y encima peligrosas. No podemos entender estos proyectos en pleno corazón de una ciudad que vive de sus costas y del turismo”, se lamenta Santamaría.
La plataforma incluso denuncia que la empresa ni siquiera ha presentado otros informes básicos, como la autorización de emisión a la atmósfera, la evaluación del impacto ambiental, el estudio de integración paisajística o el de tráfico. Asimismo, su estudio geotécnico data de 2008 y el acústico de 2010.
Ditecepsa ha solicitado una concesión de otros treinta años en el puerto
Esperando el dictamen administrativo
Permitir la actividad de esta empresa radicará en última instancia en el ayuntamiento, aunque en principio la Generalitat debe emitir previamente dos documentos vinculantes: la conselleria de Transición Ecológica elaborará una declaración de impacto ambiental, y la de Justicia un informe de seguridad.
Vecinos y ecologistas aguardan la resolución de este tema, la cual calculan que llegará en menos de un año. “Esperamos que las Administraciones se pongan de parte del interés general y no del de un empresario. Nosotros en ningún caso queremos que se cierre esta fábrica, solo pedimos que se vaya a un polígono industrial. Ninguna instalación contaminante y potencialmente peligrosa debería estar dentro de una gran ciudad. Es de sentido común”, demanda Santamaría.
En el caso de conseguir todos los informes y licencias necesarios, Ditecepsa conseguiría una nueva concesión por un período de otros treinta años. El grupo municipal de Unides Podem también se ha manifestado en contra de esta posible renovación alegando que la empresa “no cumple la normativa”.
