La paupérrima primera imagen que se llevan los muchos turistas que desembarcan cada año en Benidorm a través de su estación de autobuses tiene ya sus horas contadas. Al menos, eso es lo que cabe esperar después de que a mediados del pasado mes de marzo el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, rubricara finalmente el convenio de resolución y liquidación del contrato de gestión de la terminal por parte de la mercantil Estación de Autobuses de Benidorm S.L.
Una vez cumplido este trámite, se pone punto y final a un proceso iniciado hace años, y se abre una nueva puerta para dar solución definitiva a uno de los más importantes problemas de imagen (así como de seguridad en la propia instalación) que venía arrastrando la capital turística desde hace demasiado tiempo.
Nueva licitación
El propio Toni Pérez ha explicado que “con la firma del convenio, se pone en marcha toda la operativa administrativa para sacar a licitación el nuevo contrato y resolver la situación actual de la terminal y resto de instalaciones que forman el complejo, favoreciendo que en un plazo máximo de nueve meses Benidorm pueda disponer de unas instalaciones y un servicio a la altura que merece la ciudad, los vecinos y vecinas, y todas las personas que acuden a un destino turístico líder como el nuestro”.
Efectivamente, según se establece en el documento, el ayuntamiento de Benidorm dispone ahora de un plazo de seis meses, con la posibilidad de añadir tres más de prórroga, para licitar la gestión de la estación de autobuses, algo para lo que, tal y como se ha informado desde el consistorio benidormense, “los técnicos municipales ya están trabajando en los pliegos de condiciones” que regirán esa concesión.
El convenio firmado recoge la obligación por parte de la concesionaria saliente de entregar las instalaciones «en buen estado»
Mejora de las instalaciones
El convenio firmado recientemente recoge, así mismo, la obligación por parte de la concesionaria saliente de entregar las instalaciones “en buen estado”, algo para lo que el documento inicial preveía que las obras de rehabilitación se ejecutaran en un plazo máximo de dos meses a partir de la licitación del contrato, pero que ahora las dos partes han acordado que se inicien de inmediato.
Así, en las próximas semanas, la empresa dará inicio a unas obras de adecuación de las instalaciones recogidas en el proyecto de rehabilitación integral y valoradas en 287.141,07 euros.
La liquidación del contrato tiene un coste de 24,5 millones de euros que deberá ser asumida por el nuevo adjudicatario
Un problema heredado
Esta anticipada resolución de la concesión de la gestión de la estación de autobuses de Benidorm implica, además, la liquidación del contrato por una cuantía de 24,5 millones de euros, una cantidad acordada en la comisión paritaria formada por técnicos municipales y representantes de la mercantil y que, tal y como se ha subrayado desde el Consistorio, será asumida por el nuevo adjudicatario y no por el Ayuntamiento.
Cabe recordar que, el ruinoso estado de conservación de la terminal, ha provocado innumerables encontronazos políticos entre los distintos gobiernos que han ido heredando el problema y la oposición de cada una de esas legislaturas y que, como último capítulo, también ha provocado la huida de todos los negocios que operaban en su zona comercial, produciéndose el cierre de los últimos el pasado mes de enero.
El proyecto contemplaba un espacio total de 500 metros cuadrados, pero se acabó construyendo un centro comercial de 10.000 metros cuadrados y un hotel
Irregularidades desde el inicio
Una instalación que, como sucedió con otras tantas infraestructuras en aquella época, ya nació con muchos problemas. Fue en el año 2003 cuando el empresario Enrique Ortiz se hizo con la concesión de la gestión de una terminal, cuyo proyecto contemplaba la construcción de una pequeña zona comercial y un espacio habilitado para el descanso de los conductores en un espacio total de 500 metros cuadrados. Sin embargo, lo que acabó construyéndose fue un centro comercial de 10.000 metros cuadrados y un hotel.
Todo aquello acabó en los juzgados y con dos sentencias, una de 2007 y otra de 2012, que terminaron anulando la concesión, algo que provocó un deterioro de las relaciones entre el Consistorio y la empresa concesionaria que, finalmente, ha perjudicado de forma muy evidente a la propia instalación.
Pese a todo ello, durante este tiempo también se han ido produciendo pequeños avances. Así, en el año 2015 se aprobó la legalización del exceso de edificabilidad ya comentado y ahora, por fin, Ayuntamiento y adjudicataria han llegado al final de su camino conjunto con la rúbrica del acuerdo de resolución del contrato.
