El pleno municipal del Ayuntamiento de Elche rechazó el pasado 3 de mayo la moción propuesta por el PP para que no se reanuden las exhumaciones que comenzaron a realizarse el verano pasado en una fosa común del Cementerio Viejo.
Los populares alegaron que estos trabajos deben detenerse hasta que la investigación judicial iniciada sobre la Concejalía de Cultura por este asunto no finalice. La moción fue apoyada por Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros.
Exhumaciones de represaliados políticos
Todo este asunto comenzó en el verano de 2021 cuando el Ayuntamiento puso en marcha estas exhumaciones en el Cementerio Viejo. Aquí se encuentran catorce cuerpos que se cree pertenecen a vecinos ilicitanos, crevillentinos y aspenses que fueron ejecutados por las autoridades franquistas en 1939 por motivos políticos.
“Éste es un gesto de dignidad, de justicia y de reparación destinado a cerrar las heridas que ha dejado la Guerra Civil y la Dictadura Franquista” declaró el alcalde Carlos González en la inauguración de los trabajos.
Paralización
Sin embargo en octubre se paralizaron los trabajos. Todo fue a raíz de que el PP planteara una duda en el pleno municipal sobre el contrato en vigor con el que estaba trabajando la empresa concesionaria Drakkar Consultores. En aquel momento el equipo de gobierno reparó en que dicho contrato, en realidad, no existía.
Así lo reconoció la propia concejala de Cultura, Marga Antón, en una comparecencia pública. “No hay contrato, por eso cuando se encontró que faltaba en el expediente se paró la excavación. Ha habido una descoordinación entre concejalías” admitió.
Los trabajos de exhumación se realizaron durante dos meses por una empresa sin contrato en vigor
Sin contrato menor ni mayor
Según la Ley de Contratos el límite para realizar una actuación municipal de servicios mediante un contrato menor, es decir sin concurso público, es un gasto de 15.000 euros. Así fue como se tramitaron los trabajos en el Cementerio Viejo, siendo adjudicados a la citada empresa Drakkar especializada en excavaciones arqueológicas.
Sin embargo, al mismo tiempo la Concejalía de Cultura accedió a una subvención autonómica de unos 32.600 euros otorgada por la Conselleria de Transparencia y Memoria Histórica para financiar esta labor en el Cementerio Viejo. En realidad la cantidad demandada desde el Ayuntamiento a la Generalitat era de 39.809 euros, si bien solo fue concedida el 82% de la solicitud.
Por tanto para esta labor no procedía un contrato menor, pero además este tampoco existía. Al parecer en la Concejalía de Tramitación se habría rechazado su tramitación por no ajustarse a la cantidad establecida en la ley. No obstante nada de esto impidió que Drakkar comenzara los trabajos en agosto y continuara así durante más de dos meses.
Explicaciones de lo ocurrido
De hecho cuando la empresa detuvo sus labores por orden del Ayuntamiento en octubre, ya se había realizado la mayor parte de las excavaciones programadas para la fosa del Cementerio Viejo.
En el posterior pleno de noviembre Antón achacó lo ocurrido a «la falta de experiencia de los técnicos y la premura para justificar la subvención” según manifestó. Cabe señalar que el 2 de noviembre era la fecha máxima para justificar la ayuda económica de la Generalitat.
“¿Cómo es posible que una concejala no sepa lo que ocurre en su propia concejalía? Ella misma se justifica diciendo que por su área pasan muchos contratos y que no puede tener constancia de todos. ¿Pero qué clase de justificación es esa?” nos aduce Claudio Guilabert, portavoz municipal del PP.
Juez y parte
Sin embargo aquí no acaban las presuntas irregularidades sobre este procedimiento. Según la ley en el caso de un contrato menor el ayuntamiento debe pedir presupuesto a tres empresas del sector. Dicha premisa legal sí se cumplió, pero dos de las sociedades consultadas realizaron ofertas (de 42.689 y de 45.363 euros) que superaban el precio de la subvención autonómica. Sin embargo en el caso de Drakkar, calcaron los 39.809 euros solicitados desde la Concejalía de Cultura a la Generalitat.
Desde la oposición consideran que hay motivos para sospechar de un posible caso de información privilegiada. “¿Cómo una empresa encaja al céntimo la subvención que se va a utilizar?” se pregunta Guilabert.
Para más inri en el equipo técnico de la Concejalía que elaboró la propuesta de actuación sobre la fosa del Cementerio Viejo figuran cinco trabajadores de Drakkar. “Estas personas perfectamente sabían toda la información de lo que sería el contrato, pues se dedicaron a realizar el informe junto a los técnicos que luego sirvió para sacar el pliego” nos denuncia el portavoz popular.
«¿Cómo es posible que una concejala no sepa lo que ocurre en su propia concejalía?» C. Guilabert (PP)
Sin respetar el plazo
Por otro parte, el informe elaborado por el secretario municipal sobre lo ocurrido dice que las actuaciones sobre el Cementerio Viejo se realizaron antes de que finalizara el plazo previsto por la ley para la exposición pública.
En dicho informe además se reflejaba que el 17 de septiembre ya se advirtió al área de Cultura sobre esta irregular situación de que se estaban realizando los trabajos de las exhumaciones en el Cementerio Viejo sin contrato.
Pagos atrasados
Al no haber contrato en vigor, desde la Concejalía de Hacienda no se autorizaron los pagos comprometidos a Drakkar por lo que la empresa estuvo trabajando sin recibir apenas retribuciones.
“Cuando por fin la concejala Antón se dio cuenta de que no había contrato, el alcalde y la junta de gobierno enseguida ordenaron ejecutar los pagos atrasados a la empresa para no incurrir en enriquecimiento ilícito. Nosotros consideramos que se debería haber esperado a que se aclarase el asunto” nos indica Guilabert.
Vista judicial
Así pues tanto el PP como Vox acudieron al juzgado para demandar a la edil Antón por presunta prevaricación administrativa. La denuncia de los populares se interpuso en diciembre de 2021 y finalmente el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche acabó abriendo diligencias contra la citada concejala cinco meses más tarde. Fue llamada a declarar el 6 mayo.
“Antón se negó a contestar las preguntas de nuestro abogado, solo respondió las del suyo propio. Se justificó alegando que no tiene conocimientos sobre contratación pública porque ella es ingeniera agrónoma. Ya solo estas declaraciones la incapacitan para seguir en su cargo. Se supone que como concejala debe ser el referente de sus técnicos, y ella misma admite que no sabe cómo se hacen las cosas” opina Guilabert.
Según el portavoz popular la concejala de Cultura debería presentar su dimisión tras los hechos ocurridos. “Ha mentido en sede plenaria cuando dijo que no sabía que se estaban realizando las exhumaciones sin contrato y que las paralizó de manera inmediata en cuanto se lo dijo el secretario. Son muchas mentiras e incongruencias, y lo que hace es echarle la culpa de todo a los funcionarios” opina.
Antón achacó los errores a «descoordinaciones entre concejalías»
Segunda fase
En abril el Ayuntamiento licitó la segunda fase de las exhumaciones en el Cementerio Viejo. En esta ocasión sí se celebró el pertinente concurso público, siendo ganado por la Asociación Cientifica Arqueoantro. El montante es de 32.500 euros y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ha contribuido con 12.000 euros a la iniciativa.
Dado que en la polémica primera fase efectuada por Drakkar en 2021 ya se realizaron prácticamente todas las excavaciones arqueológicas programadas, las labores que ahora quedan son sobre todo de análisis genéticos de los cuerpos. En principio se ha estimado que se precisará de unos 56 días.
Pendientes de la jueza
Así pues por el momento los trabajos en el Cementerio Viejo se retomarán. Cabe señalar que una vez la empresa Arqueoantro culmine con la identificación de estos catorce cuerpos, ni mucho menos habrá terminado esta labor en camposanto pues se calcula que hay varios centenares de personas más sin identificar enterradas en diferentes aljibes.
La creencia general es que también pertenecen a represaliados políticos, ya fueran ejecutados por las autoridades republicanas durante la Guerra Civil o por las autoridades franquistas en la Posguerra.
La empresa Drakkar fue la única que presupuestó justo el importe subvencionable
Antón rechazó darnos su opinión
Para la realización de este reportaje hemos querido contar también con la opinión de la concejala Marga Antón, pero ha rechazado participar. Por el momento permanece con el estatus de ‘investigada’ y será la jueza quien decidirá si es procesada con apertura de juicio oral o bien si se archiva este caso.
Queda saber también qué pasará con el arqueólogo municipal. El equipo de gobierno le ha abierto un expediente disciplinario por todo este asunto. Este procedimiento podría acarrearle un apercibimiento o tal vez un castigo más grave, como pueda ser la suspensión temporal o definitiva de su empleo. Cabe señalar que dicho funcionario actualmente trabaja como interino en el Ayuntamiento.
Por su parte, el PP ha solicitado que también comparezca en sede judicial el Técnico de Administración General (TAG) del área de Cultura para ofrecer su versión de los hechos.
