La Diputació de València ha aprobado este martes, en sesión plenaria, un Plan de Medidas Antifraude que tiene como objetivo prevenir, detectar, corregir y perseguir posibles procesos fraudulentos y conflictos de intereses e implica a la corporación “al más alto nivel” en la lucha contra la corrupción. Esta es una de las principales conclusiones del informe del secretario, que destaca la “integridad institucional” de la Diputación en el marco del plan estatal de Resiliencia y los fondos Next Generation, así como en cualquiera de los procesos tramitados desde el ente provincial.
Los grupos con representación en la Diputació han respaldado de forma unánime el documento basado en el acuerdo sobre la lucha contra el fraude aprobado en la anterior sesión plenaria, publicado en la web y el portal de transparencia de la institución en base a los valores de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez en el ejercicio de la función pública. El plan será ahora remitido al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
En su informe, el secretario pone en valor “el compromiso de toda la organización con la cultura de la integridad”, poniendo como ejemplos el código de conducta para empleados públicos que antepone principios como la austeridad, responsabilidad, honradez y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, así como la adhesión de los altos cargos al Código de Buen Gobierno de la Generalitat y el desarrollo de un sistema eficaz de control interno, en el que desempeñan un papel fundamental los habilitados nacionales.
Comité Antifraude
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, creado para dar respuesta a la crisis de la Covid y del cual puede resultar ejecutora la Diputación junto al resto de entes públicos, el área provincial de Transparencia ha evaluado el riesgo de fraude en la Diputación y ha diseñado una serie de medidas concretas, en colaboración con los servicios de Intervención, Contratación y Formación.
Para asegurar la aplicación y seguimiento de estas medidas, el primer paso es la creación de un Comité Antifraude, con una composición eminentemente técnica y la obligación de colaborar de todos los servicios de la institución. Tendrán muy en cuenta indicadores como la bandera roja, que obliga a los responsables a permanecer vigilantes; el conflicto de intereses aparente o real; la corrupción activa o pasiva; el fraude en cualquiera de sus grados y en general todo tipo de irregularidad que pueda detectarse a través de los mecanismos de control interno.
Los jefes de servicio de Presidencia, Transparencia y Contratación, los responsables en la gestión de los fondos europeos, y los habilitados nacionales, secretario, interventor y tesorera, formarán parte de este comité que evaluará periódicamente el riesgo de fraude; sensibilizará e instruirá al personal de la Diputación en la materia; establecerá protocolos para gestionar los conflictos de intereses; abrirá expedientes informativos ante cualquier sospecha; asistirá a los organismos encargados de recuperar importes indebidamente obtenidos; y dará a conocer el canal de denuncias tanto interno como externo.
Medidas concretas
El plan de la Diputació de València establece medidas concretas en todos los ejes del ciclo antifraude. Empezando por la prevención, se incorporan acciones formativas como cursos y seminarios sobre corrupción con el fin de detectar prácticas poco éticas; se presenta como obligatoria la declaración de ausencia de conflicto de intereses para el personal que redacte pliegos y bases de licitaciones y convocatorias; y se incorpora un código de conducta para todos los empleados públicos, con la objetividad, neutralidad y honradez como principios básicos.
La detección se basa en la implantación de un sistema de control interno eficaz y en el seguimiento de las herramientas disponibles en materia de prevención. El control interno está garantizado con el reconocimiento de Presidencia a la función interventora y un novedoso Plan de Acción impulsado por el presidente Gaspar en el que se da respuesta a las recomendaciones de “los que más saben”, como califica el máximo responsable provincial a los habilitados nacionales.
En cuanto a la corrección, el seguimiento de la posible acción fraudulenta llevará aparejada una evaluación que debe determinar la evidencia del fraude y la inmediata suspensión del procedimiento notificándola a las autoridades interesadas y los organismos implicados. Es responsabilidad del Comité Antifraude recopilar toda la información de una presunta irregularidad, revisar exhaustivamente la incidencia, determinar si es sistémica o puntual, retirar los proyectos afectados y recuperar los fondos de los que un tercero se haya apropiado de forma indebida.
En último lugar, la persecución del fraude se estructura en canales de denuncia internos, para que cualquier persona de la institución que sospeche de un hecho fraudulento pueda comunicarlo al comité responsable; y externos, basados en protocolos de colaboración con la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
El documento de medidas antifraude aprobado en el pleno de julio “no es un instrumento estático”, tal y como apuntan desde el departamento de Transparencia, sino un plan que “debe estar vivo, adaptándose a situaciones circunstanciales en cada contexto”, lo que puede generar continuas revisiones y actualizaciones.
