El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy por unanimidad, en la sesión ordinaria del mes de agosto, el inicio de los estudios para bonificar la instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar en edificios. La bonificación, planteada siguiendo el criterio de los informes técnicos, recaería finalmente sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). “Tenemos que ayudar a todo el que quiera emprender en esta línea y aportar nuestro granito de arena para quienes quieran implantar e instalar este tipo de energía alternativa” ha señalado la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles.
En la misma sesión, se ha aprobado una moción de la Junta de Portavoces para la construcción de la nueva Comisaría de la ciudad. La propuesta exige al Gobierno de España, en concreto al Ministerio del Interior, que incluya partida suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 “para comenzar las obras de construcción de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Benidorm en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento para tal fin y la consignación presupuestaria para ejecutarla definitivamente en los próximos ejercicios”.
La propuesta recuerda que la actual Comisaría de la calle Apolo XI fue construida en la década de los 70 para albergar a 175 policías. En la actualidad, sin embargo, la plantilla cuenta con un total de 338 miembros. También se indica que desde aquella inversión “pocas más se han realizado en Benidorm para dotar de nuevas instalaciones y ofrecer nuevos servicios a los vecinos y turistas que durante el año nos visitan”. Y todo ello, “pese a las reiteradas reivindicaciones y esfuerzos del Ayuntamiento, del Cuerpo Nacional de Policía y de la sociedad benidormense”.
La moción detalla que el Ayuntamiento ha ejecutado distintas actuaciones e inversiones para implantar el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) con una oficina en El Torrejó y después en el Rincón de Loix “con una inversión de más de 240.000 euros ejecutados por el Ayuntamiento en 2017 y 2018”.
Igualmente se alude a las gestiones realizadas por el Consistorio para conseguir la nueva Comisaría, desde la cesión del suelo en marzo de 2017; hasta el inicio de la redacción del documento que debía recoger las necesidades que ya había trasladado la Dirección General de la Policía para la nueva infraestructura o el proyecto básico de la Comisaría, remitido por el Ayuntamiento en noviembre de 2018.
Desde el cambio en la Presidencia del Gobierno de España, continua la propuesta, “nada se sabe de dicho proyecto”, por lo que se concluye que “la Comisaría ha caído en saco roto” y llama la atención que la delegada del Gobierno en la Comunitat anunciara el inicio de las obras de la nueva Comisaría de Denia, solo seis meses después de haber cedido el terreno, frente a los cinco años y cinco meses que han pasado en el caso de Benidorm.
Con el voto del gobierno local y del grupo Cs, y la abstención del PSOE, el pleno ha dado luz verde definitiva al ‘Plan de adaptación ante el cambio climático’ (PAAC) y al ‘Plan de Acción para el clima y la energía sostenible’ (PACES), dos documentos “de presente y de futuro”, “totalmente técnicos y académicos” y que “son pioneros”, tal y como ha señalado el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate. De Zárate ha recordado que ambos planes, aprobados inicialmente por unanimidad y que también cuentan con el visto bueno del Consejo Asesor de Movilidad, “han sido redactados” por profesionales vinculados al mundo académico; y ha agregado que otros Ayuntamientos importantes de la provincia ya han contactado con los equipos redactores para adaptar ambos documentos a sus municipios.
El acuerdo de aprobación incluía, en base a los informes elaborados por los técnicos municipales, la desestimación de las alegaciones presentadas a ambos planes por el grupo municipal del PSOE y por el sindicato CCOO. A este respecto, De Zárate ha hecho constar que parte de las alegaciones presentadas por los socialistas están referidas a cuestiones “sociosanitarias” y de “empleo”, ambas materias “competencia de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de España”; y ha agregado que “PSOE y CCOO quieren que cumplamos cosas” que esas administraciones “no han aprobado todavía en sus respectivas leyes”.
El edil ha incidido en que desde el Ayuntamiento “llevamos años trabajando” en pro de la sostenibilidad y, por extensión, adoptando medidas que favorecen la lucha contra el cambio climático como la generación de nuevos espacios verdes –entre ellos los parques de la Séquia Mare y El Moralet-, la implantación de alumbrado público más eficiente –con los proyectos de renovación del 90% de las luminarias de la mano del IDAE-, y la creación de Zonas de Bajas Emisiones, la próxima en Armada Española.
El concejal ha recordado que el PAAC recoge seis objetivos para cuya consecución se han establecido 13 líneas de actuación y 54 acciones concretas alineadas con la Agenda 2030; y es “una hoja de ruta” de por dónde debe ir la acción municipal para alcanzar un doble objetivo: “evitar seguir perjudicando al planeta con la acción humana” y “adoptar medidas que permitan mitigar los efectos del cambio climático” sobre el territorio y también sobre “la economía y la sociedad”.
Sobre los seis objetivos, ha apuntado que son “la conservación de la biodiversidad, la renaturalización del municipio para ser más resiliente, la mejora del diseño y adaptación de la ciudad, sensibilización de la ciudadanía en el compromiso frente al cambio climático, la promoción del uso de energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia y, por último, mejorar los impactos del turismo”.
El PACES, por su parte, establece como objetivos “conseguir al menos un 27% de cuota de energías renovables en el municipio, un ahorro del 27% en la energía consumida y la reducción del 40% de las emisiones generadas por gases de efecto invernadero”. Para esos objetivos de mitigación del cambio climático se han establecido un total de 85 acciones, y se estima que será necesario invertir un mínimo de 3.353.221 euros en ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento. En cuanto a los ámbitos que no dependen del Ayuntamiento, se calcula que esa cantidad ascenderá a 6.429.030 euros.
De Zárate ha avanzado que “Benidorm cumplirá antes del 2030 con los parámetros y objetivos” de reducción de emisiones.
Los grupos políticos también han aprobado por unanimidad una moción de la Junta de Portavoces para iniciar “de forma inmediata” el procedimiento de cesión a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de dos viviendas del Parque Municipal existente para su gestión como viviendas tuteladas.
La moción subraya que este tipo de viviendas “se ponen al servicio de personas con discapacidad física, intelectual o con enfermedad mental o trastorno mental grave, con necesidades de apoyo intermitente o limitado” y que ponen a su servicio los medios para potenciar al máximo sus capacidades facilitando su progresiva independencia, además de suponer “una experiencia de autonomía” y garantizar “un desarrollo óptimo personal y bienestar integral”. Asimismo se pone de manifiesto que tener este tipo de viviendas es “una de las reivindicaciones acuciantes de nuestros vecinos” por lo que “es momento de escucharles y trabajar para satisfacer cuanto antes sus necesidades”.
Por unanimidad, el pleno también ha acordado la adhesión del Ayuntamiento a la Central de Contratación de la Asociación de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT). La portavoz del equipo de gobierno, Lourdes Caselles, ha indicado que se trata de “un servicio especializado” para contratar “bienes y servicios que, por sus especiales características, sean susceptibles de ser utilizados con carácter general por los Ayuntamientos asociados” a la AMT, entre los que se encuentra Benidorm como socio fundador. Caselles ha indicado que “nos interesa estar adheridos” a esta Central de Contratación para tener acceso a bienes y servicios con precios más ventajosos.
Con el voto del gobierno local, y la abstención de los grupos de la oposición, se ha aprobado dos reconocimientos extrajudiciales de crédito por importe de 304.335,83 euros y de 280.694,30 euros. La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que ambos reconocimientos incluyen facturas de “servicios básicos e inexcusables” que “no se pueden dejar prestar” y cuyos “procedimientos de licitación están en marcha”. Entre esos servicios se encuentran el socorrismo de las piscinas municipales, el de gestión de la red semafórica o el mantenimiento del edificio consistorial.
García Mayor ha aclarado que todas las facturas “tienen el visto bueno de los departamentos por los que se han prestado los servicios y de la Intervención municipal”, y ha aclarado que “aunque no es el procedimiento que nos gustaría traer a pleno, puesto que nos gustaría que estos servicios estuvieran ya adjudicados”, el del reconocimiento extrajudicial “es el mecanismo legal para pagar” estas facturas.
La edil ha recalcado que “todos los contratos incluidos en estas relaciones de facturas están en proceso de contratación, algunos ya en fiscalización y otros en mesas de contratación”.
Con el voto de toda la Corporación, se han aprobado dos convenios expropiatorios de mutuo acuerdo para la adquisición de dos parcelas afectadas por el proyecto de construcción del Vial Discotecas y de la rotonda de enlace con el polígono industrial. La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que estos suelos estaban incluidos en el corredor terciario APR-3 y en el Plan Parcial 1/2 Discotecas y, en consecuencia, tienen asignado “un aprovechamiento”. De ahí que, a diferencia del resto de convenios expropiatorios del expediente, en este caso la compensación que recibirá la propiedad no será dineraria, sino en aprovechamiento urbanístico, conforme al tipo de cada sector: 47,45 unidades de aprovechamiento en un caso y 363,31 en el otro. Caselles ha apuntado que “durante la fase de exposición pública” de ambos convenios, suscritos en mayo, “no se han recibido alegaciones”.
