A veces obviamos acontecimientos y hechos noticiosos por pura evidencia, porque el sentido común, el menos común de los sentidos para Voltaire, nos confunde creyendo que tenemos la verdad, nos nubla el error confiando en que estamos en lo cierto.
Muchos españoles piensan que en nuestra nación todavía hoy existen los centros psiquiátricos, los no sé si mal llamados manicomios, y se preguntan cómo uno se topa con trasnochados por las calles cuando a su juicio los que han perdido el juicio tienen que estar recluidos.
El caso es que hace 39 años se llegó a la contundente determinación desde el gobierno de Felipe González de clausurar los centros psiquiátricos de nuestro país; se tomaba una medida destinada a homologar la desinstitucionalización de la enfermedad mental.
En Fontcalent hay 0,8 psiquiatras por cada cien internos
La conciencia social no es de ahora
Vivimos en tiempos en los que ciertos sectores de la política actúan como si, valga la redundancia, la política la hubieran inventado ellos. En una atmósfera contaminada de cierta superioridad, autosuficiencia cegada de una visión mesiánica que les hace padecer el síndrome de Jerusalén, como si antes de llegar ellos a la política en España viviéramos en un constante bloqueo neandertal.
Así, algunos ejercen con aires de salvadores futuristas, de redentores llegados de un mundo mejor, para enseñarnos a los demás cómo se vive en la civilización.
El caso, es que en 1986 el gobierno liderado por Felipe González, que hizo gala desde el principio de cambiar España hasta el punto de que no la iba a conocer ‘ni la madre que la parió’, se afanó en asimilar la desinstitucionalización de la enfermedad mental como ya habían hecho otros países del entorno y que nos llevaban una ventaja considerable. El ejecutivo socialista no hizo más que seguir la inercia establecida.
A España le pilló con un pie cambiado
Con la consolidación de la democracia tras la dictadura franquista, se generó que en nuestra nación los avances revolucionarios de nuestro entorno nos los encontráramos a deshora y teniendo que pisar el acelerador para equiparar nuestro sistema al de los países colindantes. En Alemania se tomó la decisión de finiquitar los hospitales psiquiátricos en 1960. En Francia en 1970.
Italia, sin embargo, estuvo más rezagada que nosotros y hasta 1998 no llevó a cabo su cierre, a través de la ley Basaglia que se aprobó en 1978 en la que se estableció una reforma profunda del sistema psiquiátrico italiano con la sustitución gradual de los internamientos por trabajos comunitarios.
Criminales como Noelia de Mingo permanecen internos en el centro alicantino
Cuando estar desquiciado es una amenaza
Tras el cierre en 1986 de los centros psiquiátricos de nuestro país, quedó abierta la veda interrogante de determinar qué se hacía con los enfermos mentales que suponían un peligro para la sociedad. Se llegó a la determinación, no sabemos si provisional pero enquistada con el paso del tiempo como tantas veces ocurre en nuestro país, de que dos centros penitenciarios psiquiátricos soportan el grueso de los delincuentes diagnosticados con alguna enfermedad mental.
Se trata del psiquiátrico penitenciario de Sevilla, que tiene una capacidad para poco más de 200 reclusos, y el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent en Alicante, construido para una capacidad de 300 y que en 2023 tenía un registro de 230 internos. Si el centro sevillano está únicamente destinado a los internos varones, el de Alicante es mixto, compartiendo el edificio mujeres y hombres.
Juntos y revueltos
Si tienen algo en común los dos centros psiquiátricos penitenciarios es su déficit sanitario. Si en Sevilla hay 2,6 psiquiatras por cada 100 pacientes, en el de Fontcalent hay un porcentaje de 0,8 psiquiatras para la misma cantidad. Un contexto que está tensionando la situación interna de los centros, generando estrés tanto en el personal como en los internos.
Desde los diferentes sindicatos manifiestan su indefensión ante la pasividad de los capacitados para remediar la situación. Reprochan la brecha salarial de los psiquiatras penitenciarios con los que ejercen en el exterior, una diferencia que puede llegar a los mil euros.
Esta situación lastra el correcto funcionamiento del centro debido a la carga a la que se somete al personal, no sólo como consecuencia del exceso de trabajo y a la falta de medios, sino a las agresiones o incidentes por parte de los internos.
La ley General de Sanidad de 1986 clausuró los centros psiquiátricos de toda España
Anulación de la transversalidad
Además, tras la clausura de los centros psiquiátricos en el 86 se anuló la transversalidad de internamiento dependiendo de una parte de los enfermos a Alicante y otra a Sevilla. Eso ha generado que en muchas ocasiones la falta de apoyo del entorno haya hecho entrar en bucle a los diagnosticados y eso conlleve una falta de mejoría al estar alejado de su círculo.
Como alternativa, en numerosas ocasiones se han habilitado unidades específicas, dentro de los propios hospitales, para este tipo de enfermos mentales con un grado considerable de peligrosidad.
Una criminal con pedigrí en Fontcalent
Noelia de Mingo cursaba tercero de MIR en 2003 con especialidad en reumatología cuando, como consecuencia de un brote psicótico, terminó con la vida de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
Tras lo sucedido, en el 2006 se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide y se la sentenció a 25 años de internamiento en Fontcalent, por las muertes perpetradas. En 2018 se le revisó la condena y se le permitió salir en libertad sustituyendo la prisión por un tratamiento y seguimiento ambulatorio bajo la custodia de sus familiares, en este caso su madre.
En el 2021 volvió a actuar en El Molar, lugar en el que residía y agredió a dos cajeras de supermercado. En este caso fue sentenciada a 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, volviendo a Fontcalent, lugar del que, para la acusación del juicio de lo sucedido en el 2003, no tendría que haber salido.
