El pasado dos de abril el Tribunal Supremo emitía una providencia inadmitiendo el recurso presentado por el Ayuntamiento de Benidorm contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, que condenaba al consistorio al pago de algo más de 330 millones de euros a los propietarios de los terrenos ubicados en Serra Gelada por el incumplimiento de los convenios urbanísticos acordados. La resolución obliga, por tanto, a la ciudad a asumir la millonaria indemnización.
Este es, por el momento, el último episodio de un serial que arrancó hace ahora más de dos décadas, cuando el Ayuntamiento de Benidorm y los dueños del Área de Planeamiento Remitido (APR) firmaron un convenio por el que el Consistorio, ante la inminencia de la declaración de la Serra Gelada como Parque Natural y, por lo tanto, área protegida, se comprometió a compensar a los dueños con suelo en otras zonas del municipio.
Un acuerdo no cumplido
Aquel documento, que había sido modificado en dos ocasiones previas a su caducidad en 2018, jamás llegó a sustanciarse. Fue entonces cuando se inició un larguísimo periplo judicial, que culminó, a finales de mayo del pasado año, con aquella sentencia de la Sección Primera de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSJ dando la razón a los propietarios de los terrenos.
Dicha decisión respaldaba la sentencia del juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, que condenaba al Ayuntamiento de Benidorm al pago de 283.055.720,12 euros más intereses legales, calculados en unos 50 millones de euros, lo que elevaba la cuantía total a algo más de 330 millones de euros (que ahora ya se habrá elevado, puesto que esa misma sentencia recoge que los intereses diarios que genere la deuda se deberán ir sumando hasta el pago de esta).
«Hay abiertas otras acciones judiciales en las que se ha dado la razón al Ayuntamiento en primera instancia» T. Pérez
«Falta de fundamentación»
Debido a este duro revés jurídico, el Ayuntamiento presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, un recurso que ahora ha sido inadmitido por el Alto Tribunal en una providencia muy dura que los magistrados argumentan, en primer lugar, por la “falta de fundamentación suficiente, con singular referencia al caso (…) que permite apreciar el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y la conveniencia de un pronunciamiento” de esa sala del TS.
En segundo lugar, apuntan a la “carencia, en los términos en los que ha sido preparado el recurso, de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.
José Domingo Monforte, director de Domingo Monforte Abogados, la firma que ha llevado la defensa de los intereses de los propietarios del suelo, ha afirmado que “hemos tenido siempre la confianza en la Justicia. Los convenios que firma la Administración son para cumplirse, y la sentencia del TSJ, además de justa, era de una excelente factura jurídica y se defendía por sí sola, como así ha sido con la inadmisión del recurso de casación”.
Se hace firme la sentencia previa del TSJ tras la providencia del Tribunal Supremo
Más acciones judiciales abiertas
Mientras tanto, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha querido hacer un llamamiento “a la serenidad y a la tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de Benidorm”. El primer edil ha insistido en diversas ocasiones en que “este es un caso muy complejo”.
Además, añade que, a pesar de esa inadmisión de su recurso por parte del Supremo, tiene “abiertas otras acciones judiciales en las que se ha dado la razón al Ayuntamiento en primera instancia y que ahora están recurridas ante el TSJ por la otra parte”, por lo que confía en que, finalmente, “el TSJ acabe dando la razón al consistorio” y evitar, de esta manera, el pago de esos 330 millones de euros.
Al alcalde se le ha preguntado, en más de una ocasión, por la capacidad que tendría la ciudad de hacer frente a ese pago multimillonario y, en su caso, en qué situación quedarían las arcas municipales, pero Toni Pérez no ha querido contestar en ninguna de esas ocasiones a la pregunta, limitándose a afirmar que “los servicios jurídicos y económicos no están en eso ahora mismo”.
De la misma manera, tampoco ha querido cerrar la puerta por completo a una posible negociación con la familia Murcia Puchades, si bien, como ya hiciera hace un año, ha afirmado que “los políticos no podemos negociar”.
«Si el Ayuntamiento levanta el teléfono y propone una reunión para negociar estaríamos allí sentados al día siguiente» D. Monforte
«No está todo dicho»
Y no puede o no quiere hacerlo, por lo menos por el momento, porque mantiene Pérez la esperanza de que en ese “abanico de opciones” que se sustanciarán por los servicios jurídicos del consistorio, finalmente el Ayuntamiento no deba hacer frente a ese pago. “¿Se imagina qué ocurriría si aceptamos ahora el pago o una negociación y al final la Justicia nos da la razón?”, ha preguntado de manera retórica.
En lo que sí ha sido muy insistente el primer edil ha sido en los procesos judiciales que “siguen abiertos después de que se nos haya dado la razón en ellos en primera instancia”. Unos procesos que tienen como último objetivo demostrar si aquel convenio inicial de 2003 y, sobre todo, sus posteriores prórrogas son nulos o no, algo en lo que la declaración de la Serra Gelada como Parque Natural en 2005 es clave.
Dispuestos a negociar
Pese a todo, el abogado de la familia Murcia Puchades, Domingo Monforte, recuerda que “por nuestra parte, como dije en su día, siempre hemos tenido la disposición y el buen ánimo de buscar soluciones que eviten una ejecución tan costosa”.
Lamenta, además, que “se nos despreció en aquel momento, pero seguimos con la misma disposición. Esta familia no piensa en otra cosa que buscar una solución para que se cumpla la sentencia, pero en términos que podamos encontrar dichas soluciones y estar dispuestos a ello”.
Una disposición a negociar que, asegura Monforte, “sigue abierta” y ya manifestaron en su momento “con poco éxito”, ya que “a nosotros no nos llamó nadie. Al contrario, prácticamente se nos vino a decir que cómo iban a negociar algo que no teníamos”.
En cualquier caso, el ‘hacha de guerra’ está enterrada, al menos por parte de la familia Murcia Puchades ya que, como explica su abogado, “la misma disposición que tenía la familia en aquel momento, la tiene ahora para encontrar soluciones”. Si desde el Ayuntamiento se levanta el teléfono y se propone una reunión para negociar “estaríamos allí sentados al día siguiente. Cuando nos dijeran”.
