Entrevista > Angélica Such / Directora General de Familia, Infancia y Adolescencia (Benidorm, 19-diciembre-1964)
El pasado 28 de mayo se produjo una reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, entre representantes del Gobierno de España y de todas las comunidades autónomas, para tratar la acogida de los menores extranjeros no acompañados (conocidos popularmente como ‘menas’) llegados irregularmente a España.
Todo ello después de que el Congreso aprobara un decreto para modificar la Ley de Extranjería, dando así más facultades al Gobierno para reubicar a estas personas entre las diferentes autonomías.
Vuelta a la política autonómica
Precisamente la llegada de estos más de 4.000 menores a Canarias fue lo que propició la salida de Vox del Consell de la Generalitat Valenciana. Y a partir de ese momento fue cuando Angélica Such tomó posesión de su nuevo cargo como Directora General de Familia, Infancia, Adolescencia y Reto demográfico, adscrita a la Conselleria de Servicios Sociales.
No se trata ni mucho menos de su primera experiencia política, pues esta abogada ya fue consellera en Bienestar Social y Turismo durante la época de Francisco Camps. Tras unos años en los que volvió a reincorporarse a su puesto de técnica jurídica en los servicios sociales del Ayuntamiento de Benidorm, ahora está regreso en la Generalitat.
«Somos solidarios y hace años que nuestra comunidad atiende a los menas por encima de lo que nos corresponde»
Después de mucho tiempo fuera de la política autonómica… ¿por qué te has subido otra vez al barco?
Pues porque he tenido la suerte de que la vicepresidenta, Susana Camarero, confiara en mí para dirigir esta dirección general. La verdad es que tampoco me lo pensé mucho, ya que es un lujo trabajar con una persona de su capacidad e implicación con el mundo social desde hace muchos años.
Además la competencia de esta dirección general me gusta especialmente, dado que está muy vinculada a mi trayectoria profesional. Como abogada me he dedicado principalmente al derecho de familia y he estado siempre vinculada al ámbito de los servicios sociales. La oportunidad de poder dedicarme a la atención de los menores vulnerables me facilitó mucho tomar la decisión de dar este paso.
¿Ha cambiado mucho el funcionamiento de la Conselleria de Servicios Sociales respecto a como tú la dejaste allá en 2011?
Sí, porque ésta es una conselleria muy grande y ha habido cambios significativos incluso en cuanto a sus competencias. En mi época llevábamos temas de familia, infancia, dependencia, discapacidad e igualdad. Sin embargo eso ahora solo es una parte.
Además ha cambiado su estructura al crearse la secretaría autonómica del Sistema Sociosanitario con sus direcciones generales. En definitiva, es muy diferente porque también lo es su tamaño.
«El Gobierno decidió romper el reparto consensuado para favorecer a una única comunidad autónoma»
Te ha tocado gestionar uno de los temas más polémicos ahora mismo a nivel nacional, como son los menas y su reparto entre las comunidades. Recientemente tuvisteis una reunión con el Gobierno… ¿qué nos están pidiendo exactamente a la Comunitat Valenciana?
Primero me gustaría situar la realidad. La Comunidad Valenciana es solidaria y lleva años acogiendo a los menores inmigrantes no acompañados por encima de la capacidad que nos corresponde. En 2024 incrementamos las plazas para poder atender a estos chavales, igual que al resto de menores que están dentro de nuestro sistema de protección autonómico.
Se les da toda la atención de calidad que merecen, de hecho el precio plaza-día es superior al de otras comunidades. Además prácticamente todo financiado por nosotros mismos, porque nuestro coste del proyecto migratorio es de 23 millones y del Estado recibimos un millón.
¿Qué ha cambiado entonces?
En julio del año pasado se llegó a un acuerdo a nivel nacional, y ahí estuvo la Comunidad Valenciana. Se consensuaron unos criterios por todas las comunidades autónomas para el reparto de estos menores. Sin embargo el Gobierno los cambió de repente para favorecer a una autonomía sobre las demás. Y además nos lo impuso bajo un decreto-ley.
Entonces en la reunión de mayo lo que hicieron fue darnos un documento para trasladarnos unas cifras, de las cuales algunas eran erróneas como ellos mismos reconocieron. Y además nos lo dieron solo quince minutos antes de que empezara la conferencia sectorial, sin apenas tiempo para poder estudiarlo convenientemente.
«La Generalitat también recurrirá al TC el decreto que modifica la Ley de Extranjería»
¿Sabemos pues el número de menas que nos tocaría?
No, porque en este documento no se establecía el reparto como tal, sino la capacidad ordinaria de cada territorio para atender a los menores no acompañados. Sin embargo, como contenía errores, el propio Gobierno nos pidió a las comunidades que les mandáramos las correcciones de los números equivocados.
Nosotros solicitamos la aclaración exacta de qué es lo que nos están pidiendo para poder trasladar estos datos de manera correcta, pero aún no hemos recibido ninguna contestación. Así que ahora mismo no puedo tener una opinión en cuanto al número que nos piden… porque no lo conozco. Solo sé que los números que nos atribuye el Gobierno en cuanto a nuestra capacidad no son correctos.
Ha habido varias comunidades que han recurrido este decreto al Tribunal Constitucional (TC). ¿La Comunitat Valenciana también se plantea hacerlo?
Sí, estamos haciendo las gestiones pertinentes para interponer el recurso. Estamos totalmente en contra, y creemos que es inconstitucional porque produce una injerencia en las competencias que tiene la comunidad autónoma en el sistema de protección de menores.
No nos olvidemos que estamos hablando de menores, ya sean extranjeros o españoles, que requieren una atención de calidad y una política migratoria que es competencia del Estado. Son chavales que en muchos casos cumplirán pronto los dieciocho años, y estamos esperando que el Gobierno haga por fin una previsión para definir conceptos como dónde llegan, cómo se les atiende y adónde van. Y por supuesto, que todo esto se financie.
«Queremos facilitar que las familias acogedoras de menores se conviertan también en adoptantes»
¿Con otra política migratoria estatal crees que se podría conseguir ese dificilísimo equilibrio de dar una respuesta humanitaria a estos chavales, y al mismo tiempo no favorecer el ‘efecto llamada’ ni ayudar a las mafias que trafican con ellos?
Responder esto quizás nos llevaría a un análisis de la política migratoria que creo que no me corresponde a mí. Desde luego necesitamos una intervención integral y contemplar el problema en toda su magnitud, en vez de buscar soluciones puntuales.
Por supuesto hay que trabajar en origen para evitar estas mafias que están haciendo que los menores se jueguen la vida en el mar. Esto es lo que las comunidades autónomas estamos pidiendo al Estado, porque no lo estamos teniendo… y a la vista está.
El 29 de mayo la Generalitat anunció la voluntad de modificar el decreto autonómico que regula el acogimiento y la adopción familiar de menores. ¿En qué consisten los cambios que se quieren realizar?
Una parte muy demandada por todas las entidades que trabajan este tema es otorgar la posibilidad de que las familias acogedoras también puedan ser adoptantes cuando se ofrecen para ello, si se consideran que son idóneas y las necesidades o el interés superior del menor en cuestión así lo requieran.
Nuestra voluntad es que cada vez haya menos transiciones para los menores y darles una medida de protección estable. Queremos evitar todos esos cambios y rupturas que se hacen tan difíciles. La ley no prohíbe este cambio normativo, así que vamos a desarrollar nuestro decreto en este sentido. Estoy convencida de que todo esto será muy positivo para todos los niños a quienes, por circunstancias, la vida les ha puesto en una situación complicada por la cual carecen de un entorno familiar.
«Las prestaciones para las familias con menores en riesgo de pobreza aumentarán entre un 10 y un 15%»
También habéis anunciado la creación de un complemento económico para las familias en riesgo de pobreza con menores a su cargo, que puede llegar a 180 euros al mes.
Sí. En este tiempo de legislatura ya ha habido varias mejoras en este sentido, y las familias acogedoras han tenido un incremento en las deducciones fiscales.
Y además ahora tenemos previsto un incremento del 10% en las prestaciones para todas las modalidades de familias, y un 15% específicamente para las familias acogedoras de urgencia.
Muchas veces las familias se quejaban de que estaban varios meses sin cobrar las prestaciones hasta que entraba en vigor el siguiente presupuesto. ¿Esto se ha solucionado?
Efectivamente era una queja que ha salido recurrentemente en los medios de comunicación, y en dictámenes del Síndic de Greuges. Es cierto que luego sí cobraban con efecto retroactivo, pero aún así era una demanda justa porque una familia necesita afrontar los gastos mes a mes.
Por eso hemos hecho un esfuerzo para cambiar esto. De hecho cuando llegué a este cargo fue una de las de las primeras cosas que la vicepresidenta me indicó que debíamos modificar. Hemos cambiado las directrices de Hacienda para que estas prestaciones se excepcionen de la orden de cierre, tal y como ocurre con la dependencia o la Renta Valenciana. Y ya ha sido una realidad este enero, cuando todas las familias pudieron cobrar sus prestaciones.
«Tenemos buenos protocolos para actuar en casos de acoso sexual sobre menores tutelados»
En marzo se creó una mesa de trabajo de la Conselleria con el Colegio de Educadores Sociales. ¿Cuáles son los objetivos de esta colaboración?
Desde la dirección general tenemos convenios firmados con todos los colegios profesionales para temas de formación y llevamos una coordinación muy fluida con ellos. La educación social es una figura referente en todo el sistema de protección y los centros de acogimiento.
En esta última reunión hablamos también de reunirnos de una manera más periódica y calendarizada a través de una mesa de trabajo, para que ellos nos puedan trasladar las necesidades que van teniendo los educadores, la dificultad para cubrir las plazas y cualquier otra cuestión que pueda surgir en su desarrollo de trabajo. Desde luego es un perfil profesional muy importante para la infancia.
Hace años se hizo tristemente famoso un caso de acoso sexual sobre una menor tutelada por la Generalitat, sobre todo por quién fue la persona acosadora. ¿Son habituales este tipo de situaciones? ¿Se debería modificar el protocolo para evitarlos?
Sin querer entrar en este caso concreto, que ya está judicializado y condenado, sí quiero trasladar que existe una instrucción de incidencias por la que se comunica cualquier circunstancia que pueda tener un menor tutelado. Tenemos servicios de atención a los menores para cuando sufren este tipo de acosos, guías de prevención sobre la violencia sexual, y programas de acompañamiento social y psicológico para ayudar a quienes hayan podido ser víctimas de explotación.
Con esto quiero decir que no es que tengamos que hacer, sino que ya hay un protocolo. Lo más importante es que se trate de evitar y, en el caso de que ocurra, que se actúe inmediatamente con todas las acciones contempladas para poner toda la prioridad en la seguridad del menor.
Por supuesto esto significa la denuncia en los juzgados, y la separación inmediata del agresor incluso cuando todavía no está claro. El protocolo no contempla separar al menor, porque se quiere evitar una doble victimización para él. Todo esto está regulado, y tratamos de ser lo más escrupulosos posible.
