Ha transcurrido un largo año desde la tragedia que supuso las riadas del 29 de octubre de 2024. Desde entonces una de las prioridades ha sido ir devolviendo de la mejor forma posible la normalidad a las localidades afectadas y a sus ciudadanos.
Al margen de la depuración de todo tipo de responsabilidades que correspondan a cada parte, la Aemet por avisos de lluvias muy inferiores a las que realmente cayeron; la Confederación Hidrográfica del Júcar por no avisar de la situación en el barranco del Poyo hasta muy entrada la tarde o la administración autonómica por los fallos que le correspondan en la gestión, etc. lo cierto es que las personas necesitan recuperar sus vidas.
Para ello se crearon diferentes grupos de trabajo entre el gobierno autonómico y central, pero en estos se han rechazado total o parcialmente la mayoría de las propuestas presentadas. Se trataba de ámbitos como sanidad, servicios sociales, economía y empresa, infraestructuras, vivienda, y seguridad, entre otros.
En el olvido
Desde las diferentes consellerias se han formulado hasta 59 medidas para atender la emergencia y reconstruir y recuperar la actividad económica y social, pero de ellas la Generalitat asegura que solo 20 han sido aceptadas por el Gobierno, y que además en estas las inyecciones económicas directas son muy reducidas.
La queja del gobierno autonómico nace, según nos cuentan, de la negativa del apoyo para obtener recursos con lo que ejecutar acciones que consideran fundamentales como 175 millones de euros para equipamientos de los colegios e institutos afectados; 45 millones por el abono de las prestaciones por dependencia de los meses de noviembre y diciembre 2024; y habilitar una prestación extraordinaria de dos mensualidades por imprevistos que hayan tenido que soportar.
Otras de las solicitudes a las que el Gobierno central ha dicho que no, según fuentes de la Generalitat Valenciana, han sido 250 millones por reparaciones de las residencias, centros de día y demás infraestructuras de atención sociosanitaria; 2,6 millones por la creación de un centro de acogida temporal para las personas que hayan perdido su vivienda y no tengan ningún otro recurso habitacional; 3 millones por la rehabilitación y reparación de diferentes viviendas de la GVA dañadas por la dana y costes de finalización de las obras en viviendas de titularidad autonómica para el realojo de personas afectadas; entre otras muchas propuestas.
Viviendas Sareb
El Consell también nos asegura que pidió la puesta a disposición de las 1.050 viviendas de la entidad para realojos temporales o permanentes de las personas afectadas (500 de estas se encuentran en zona dana). Ante ello, el Gobierno sólo ha puesto a disposición 186 viviendas.
Por todo ello desde la Generalitat nos aseguran que están asumiendo a pulmón, entre otras, todas las obras públicas para recuperan la movilidad en el transporte. Ya ha invertido 600 millones en recuperar 18 carreteras autonómicas y en restablecer el metro, pero la cifra de obras en preparación de infraestructuras ante futuros episodios extremos está próxima a los 2.000 millones.
Endeudamiento
Según afirman desde la Generalitat, el Gobierno central ha rechazado de plano dar ayudas a fondo perdido a la Generalitat para costear la reconstrucción, llegando a condicionar la inyección de estas ayudas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Este rechazo obliga a endeudarse al Consell en casi 4.000 millones de euros más.
A la realidad de ser la región peor financiada de España, la Generalitat nos añade que el Estado tiene un presupuesto de unos 386.000 millones de euros (datos de 2023) y una amplia capacidad de financiación y de endeudamiento, mientras que la Generalitat Valenciana dispone de un presupuesto de 32.300 millones (12 veces menos), con una capacidad de financiación y de endeudamiento muy limitadas, por lo que el esfuerzo de ayuda y reparación del Gobierno valenciano es mucho mayor.
