La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana para impulsar la actuación de regeneración urbana del barrio de San Antón que permitirá la construcción del nuevo edificio de 45 viviendas protegidas, un proyecto clave tras el desalojo preventivo del bloque 8 el pasado mes de abril, y que permitirá ofrecer una solución definitiva a las familias afectadas.
El acuerdo permite activar la financiación autonómica, de 2,5 millones de euros, y constituye el paso previo a la licitación de las obras que estará a cargo de Pimesa. Si todo avanza según lo previsto, las obras podrían comenzar en los próximos meses, con un plazo de ejecución máximo de dos años.
El nuevo edificio se construirá en la parcela número 5 del PRIM de San Antón e incluirá 45 viviendas, un local comercial y dos plantas de sótano con 44 plazas de garaje. La inversión total asciende a 5.817.500 euros, repartidos entre la Generalitat Valenciana (42,97%), el Ayuntamiento (23,59%) y los propietarios (33,43%). Tal y como ha detallado el alcalde, Pablo Ruz, esa inversión total estará distribuida en la edificación de las viviendas con 5,3 millones de euros; la reurbanización y demolición del bloque 8 con 405.000 euros y la gestión técnica con 67.500 euros.
Ruz, ha valorado muy positivamente este avance y ha resaltado que el proyecto continúa adelante gracias al compromiso del Ayuntamiento y el Consell, pero ha evidenciado la ausencia del Gobierno de España.
En este sentido, el acalde ha destacado que “el Estado ha dejado solo a Elche y a los vecinos de San Antón” y ha anunciado que en los próximos días remitirá una nueva carta al director general de Vivienda, Francisco Javier Martín, “para solicitarle que el Gobierno Central se implique en una obra que es suya, porque es un ARRU y tiene que estar financiado por el Estado”. Aun así, ha insistido en que “este gobierno municipal no va a esperar a nadie para avanzar y para cumplir”.
Asimismo, la tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil, se ha mostrado “muy satisfecha” por la aprobación de este convenio y ha aprovechado para exigir al Gobierno de España que esté presente en las infraestructuras e inversiones de Elche. “Nosotros exigimos a la Generalitat Valenciana y prueba de ello son estas 45 viviendas sociales o la licitación de la residencia de Altabix, pero el Estado directamente tiene la puerta cerrada. Aun así, nosotros seguimos trabajando y exigiendo”.
Por otro lado, Francisco Soler, vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, ha explicado que la aprobación de este convenio permitirá completar la tramitación relativa a los propietarios y avanzar en la demolición del bloque 8. Y ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá teniendo en cuenta la petición de los vecinos. “Si durante la demolición existe alguna posibilidad técnica de recuperar enseres o elementos personales de las viviendas, trataremos de facilitarlo” ha asegurado.
