El Ayuntamiento de Alicante tiene previsto llevar a la Comisión de Urbanismo de este viernes y al Pleno ordinario del mes de enero la propuesta de adhesión al convenio marco entre la Generalitat, a través de la conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para llevar a cabo la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico (VUT) en Alicante.
«Este convenio es un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística en Alicante”, expone el vicealcalde, Manuel Villar. “Asumir las competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico nos permitirá disponer de todos los medios para controlar las irregularidades en esta materia y evitar que este negocio se desarrolle de forma ilegal en Alicante”, añade.
La asunción de competencias sancionadoras, recuerda Villar, “se suma a otras medidas ya adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante para garantizar la sostenibilidad y compatibilidad de los usos turísticos en la ciudad, como son la moratoria en la concesión de licencias a VUT y la tramitación de la Modificación Puntual N.º 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad”.
La propuesta de adhesión a este convenio se establece con un horizonte temporal inicia de cinco años y viene refrendada por un informe favorable del Servicio de Economía y Hacienda sobre estabilidad presupuestaria e informe del Servicio Jurídico municipal que certifica que “no existe inconveniente legal para la tramitación y aprobación del convenio que se propone.
Impacto presupuestario y recursos humanos
Asimismo, otro informe del departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, de la concejalía de Urbanismo, evalúa la situación actual del departamento y la carga de trabajo, el impacto que supondría la asunción de las nuevas competencias, la necesidad de personal de nueva incorporación y una previsión del impacto económico en el presupuesto municipal de ingresos y de gastos.
En este sentido, en relación con el volumen de actividad del departamento, el informe señala que consta la incoación de 418 expedientes de infracción urbanística en VUT en el periodo 2023-2025 y que en un 80% de los casos las infracciones se confirman con actas de inspección y decretos de suspensión de la actividad. En el 90% de estos casos, se procede a la incoación de un expediente sancionador.
Respecto al incremento de la carga de trabajo para el departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles que supondría la adhesión al convenio, la estima en un 20%.
Con los datos disponibles y en función de la gravedad de las infracciones detectadas por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local, el informe calcula un impacto económico positivo en el presupuesto municipal de ingresos de 8.845.650 euros en los cinco ejercicios presupuestarios de delegación de competencias incluidos en el convenio.
El impacto estimado en el presupuesto de gastos es nulo, puesto que, señala el informe, “el personal a incorporar al departamento no supone incremento de la plantilla presupuestaria, sino redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha”.
La adhesión al convenio se debatirá en la Comisión de Urbanismo prevista para este viernes, 23 de diciembre, y se llevará a Pleno para su aprobación definitiva la próxima semana. Si el Pleno le da el visto bueno, se presentará la solicitud de adhesión ante la Dirección General de Turismo.
