La pandemia de COVID-19 obligó el año pasado a posponer la 26ª cumbre del clima (COP26). Los representantes de más de un centenar de países participantes tenían una tarea de vital importancia: fijar claramente sus compromisos nacionales de reducción de emisiones para mantener el calentamiento previsto a finales de siglo como máximo en 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales. La prórroga de la cumbre supuso un duro golpe a las demandas de expertos y organizaciones conservacionistas de todo el mundo, que llevan tiempo alertando de que los compromisos marcados por los Estados miembros son largamente insuficientes para combatir la emergencia climática. En los últimos años los países más contaminantes del planeta han apostado el todo por el todo, y se han comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono en las próximas décadas. Pero, según las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), si se cumplen por completo estas promesas, lanzadas por un total de 49 países más la Unión Europea, se podrían reducir solo unos 0,5 °C adicionales del calentamiento global, lo que disminuiría el incremento previsto a 2,2 °C a finales de siglo. El problema es, según el informe, que muchos países postergan la aplicación de sus programas hasta después de 2030, lo que plantea dudas sobre si se serán capaces de cumplir sus objetivos.
Sin embargo, a pesar del reajuste del calendario, la pandemia no ha provocado un parón en las negociaciones, y las partes han seguido trabajando en reuniones virtuales para desgranar, revisar y debatir cuestiones pendientes dentro de las negociaciones sobre el clima en curso. Estos son los principales temas que actualmente hay sobre la mesa.
Concretar los compromisos nacionales
En la COP25, celebrada en Madrid, las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre la cuantificación y la sincronización de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las acciones climáticas concretas que los Estados están obligados a presentar cada cinco años. Pero a solo una semana del inicio de la cumbre, solo 13 de 194 partes * han presentado las actualizaciones de los planes nacionales. La reunión celebrada en Glasgow será determinante para comprobar el nivel de compromiso de cada Estado.
Determinar el funcionamiento de los mercados de carbono
Uno de los principales escollos de la reunión de Madrid fue la imposibilidad de llegar a un acuerdo para desarrollar el artículo 6 del Tratado de París, aquel que establece la necesidad de fijar mecanismos de cooperación internacional para reducir las emisiones. Algunas voces plantean que este epígrafe debería incluir el establecimiento de un mercado internacional de derechos de carbono, similar al que funciona en la Unión Europea, un sistema vigente desde 2005 que abarca hasta el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. El mecanismo, llamado RCDE UE, es un régimen de comercio en el que se establecen límites máximos de derechos de emisiones que pueden ser comercializados por las empresas. En su inicio el precio por tonelada de carbono era reducido, lo que desincentivaba su compraventa. Sin embargo, en el último año el precio se ha disparado, un hecho que ha tenido un impacto directo en el mercado energético, y, de rebote, en el precio de la electricidad.
Compensación de pérdidas y daños
Los países más vulnerables, como algunos Estados insulares, además de ser los que tienen menos recursos, son los que se están viendo más afectados por el cambio climático. Deben afrontar solos y sin medios amenazas serias, como la subida del nivel del mar, la sequía, la dificultad de acceso a recursos, como el agua de calidad… Necesitan recibir una compensación por las pérdidas y daños, tanto económicos como medioambientales.
Objetivos de adaptación
En Madrid los países participantes en la última COP solicitaron que el Comité de Adaptación determinara cómo debía evaluarse el progreso colectivo de acción climática. Este año, el citado organismo empezó a estudiar los diversos enfoques para elaborar un proyecto de informe técnico que evalúe esta materia, así como el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. Una herramienta que llega con retraso, y que deberá revisarse en las sucesivas actualizaciones del Acuerdo.
Financiación de la acción climática
De entre todos los retos de la COP, el de la financiación pública es el que muestra menos avances y una mayor desconfianza. Los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares anuales a países en vías de desarrollo para ayudar a hacer frente a los compromisos medioambientales, un objetivo que de momento está muy lejos de cumplirse. Los países de la Unión Europea se cuentan entre las únicas naciones desarrolladas que han presentado una comunicación bienal, un requisito obligatorio para todos los países desarrollados y que debía presentarse antes de finales del año pasado. La no aplicación de este compromiso hace que la confianza en este mecanismo se haya visto considerablemente mermada.
Ambición climática
La ambición climática es uno de los temas más recurrentes en el texto del Tratado de París. El término “ambición” aparece hasta 8 veces en un tratado que solo cuenta con 29 artículos.
