Uno de los grandes objetivos que se planteó el ‘Govern del Botànic’ en la Generalitat Valenciana, cuando llegó al poder en 2015, fue el de reformar la Ley de Función Pública proveniente de la anterior etapa del PP. Sin embargo dicha meta acabó retrasándose más de lo previsto principalmente por falta de acuerdo entre los partidos de izquierdas presentes en Les Corts (PSOE, Compromís y Unides Podem).
Finalmente en 2021 se aprobó la nueva ley, pero aún quedaba un asunto pendiente. El nivel exigido de conocimiento del idioma valenciano en las oposiciones, uno de los puntos más conflictivos, quedó supeditado a la aprobación de un futuro reglamento que lo desarrollara.
PP, Cs y Vox consideran que el valenciano debe ser un mérito y no un requisito
Requisito fuerte, suave o mérito
Ahora la situación ha llegado a un nuevo punto muerto. Por un lado Compromís y UP abogan porque el valenciano sea un requisito indispensable para todos los funcionarios. En concreto proponen que se exija al menos la posesión del título C1 (equivalente al Grau Mitjà) para el grupo A así como en algunas otras plazas de niveles más bajos. Para el resto se demandaría el B2.
El PSOE discrepa de esta visión y propone un requisito lingüístico más ‘light’ que consistiría en la obligatoriedad del B2 para todas o casi todas las plazas funcionariales. Dicho nivel es el equivalente al aprobado de la asignatura de valenciano en Segundo de Bachillerato.
Y por otra parte los partidos de la oposición (PP, Cs y Vox) se manifiestan en contra del requisito lingüístico y son favorables a que el conocimiento de valenciano simplemente puntúe como un mérito más a la hora de optar a una plaza funcionarial. Ésta es la norma por la que se ha venido rigiendo tradicionalmente el acceso a la función pública en la Comunitat Valenciana hasta ahora.
Opiniones contrarias
“Desde la derecha siempre se aprovechan estos temas para crear división en la sociedad. La realidad es que la Comunidad Valenciana es la única autonomía bilingüe de España donde no hay requisito lingüístico para los funcionarios. Incluso en una tan conservadora como Galicia existe. Al final lo único que pedimos son más derechos para los valenciano-parlantes” nos manifiesta Josep Nadal, diputado autonómico de Compromís.
“Somos una comunidad distinta a Galicia o Cataluña porque aquí también hay zonas castellano-parlantes. La Comunidad Valenciana debe ser para todos. Sin embargo este requisito deja fuera a una parte de los valencianos. ¿Acaso un señor de Orihuela no puede ser funcionario?” nos aduce José Antonio Rovira, diputado autonómico del PP.
El PSOE quiere un requisito más suave que Compromís y UP
Zonas castellano-parlantes
Así pues el debate está servido. La oposición acusa al Govern de pretender crear un problema lingüístico que no existe. “Cuando vamos al médico a nadie le supone un conflicto que le atienda en castellano o valenciano. Lo que queremos es que sea un buen médico. Es una polémica totalmente ficticia generada por Compromís con la equidistancia del PSOE” opina Rovira.
Sin embargo Nadal nos asegura que sí se dan problemas administrativos fruto del insuficiente conocimiento del idioma. “A veces los funcionarios no entienden a los valenciano-parlantes. Tanto en situaciones cara a cara como cuando se formulan escritos. Pueden ser cuestiones importantes para la persona, como por ejemplo en un caso judicial que debas relatar unos hechos sucedidos. Tener que cambiar forzosamente de lengua atenta contra los derechos de los ciudadanos” nos indica.
Esta disyuntiva nos lleva a preguntarnos si para las plazas funcionariales ubicadas en zonas castellano-parlantes, como puedan ser la Vega Baja o Utiel-Requena, cabría permitir excepciones al requisito de valenciano. Sin embargo desde Compromís también son reacios a esta posibilidad. “La función pública debe ser igual para todo el País Valencià. Luego ya otra cosa es lo que quiera hacer cada ayuntamiento con sus propios funcionarios” nos afirman.
Los inmigrantes
Lo cierto es que las quejas por el nivel exigido de valenciano para acceder a la Administración autonómica ya existían incluso con la anterior ley. Si bien hasta ahora poseer un título lingüístico no era oficialmente un requisito indispensable sino un mérito, en algunas oposiciones puntuaba tanto en comparación con otros méritos que se convertía en una especie de requisito encubierto. Así lo han denunciado organizaciones como el sindicato CSIF en diversas ocasiones.
“Esto no solo perjudica a los valencianos castellano-parlantes, sino también a los inmigrantes tanto nacionales como extranjeros que vienen a la Comunidad Valenciana. Les hace mucho más difícil ser funcionarios. La falta de sensibilidad de Compromís llega hasta al punto que en un centro de secundaria en El Campello están enseñando valenciano en vez de castellano a los refugiados ucranianos. ¿Qué sentido tiene esto en un sistema de acogida nacional en el que mañana podrían trasladarse a otro sitio de España?” nos denuncia Rovira.
Nadal admite que el requisito obligatorio pondría las cosas más complicadas para los foráneos, pero no lo considera un gran problema. “Existen muchos cursillos para que los inmigrantes aprendan valenciano. De hecho yo creo que deberíamos cambiar el planteamiento del Estado español de forma que a los estudiantes universitarios de todo el país también se les enseñen las lenguas regionales” nos manifiesta.
«Este requisito es discriminatorio hacia los habitantes de las comarcas castellano-parlantes» J. A. Rovira (PP)
Requisito sanitario
Si algo ha puesto de relieve esta pandemia es la escasez de personal sanitario que sufrimos en España. Un problema que puede venir a más. Según un informe publicado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), en los próximos años nuestro Sistema Nacional de Salud precisará de 10.000 nuevos médicos de familia para cubrir todo el relevo generacional, pues se prevén un gran aluvión de jubilaciones.
Hasta ahora esta preocupante situación se ha paliado en gran medida gracias a los profesionales sanitarios venidos del extranjero (principalmente de Latinoamérica). Sin embargo en el PP temen que la implantación del requisito lingüístico pueda agravar este asunto todavía más en la Comunitat Valenciana.
“Si seguimos poniendo trabas a que vengan buenos sanitarios acabaremos como en Baleares, donde se están quedando sin médicos. A mí lo que me importa es que un cirujano sea buen cirujano. ¿Qué más da de donde sea?” nos afirma Rovira.
No obstante en Compromís consideran que tampoco deben hacerse excepciones con el requisito en la Sanidad. “Es muy importante que el médico entienda bien los síntomas que el paciente le relata. Me gustaría que nos planteáramos este debate al revés… ¿Tendría sentido que un profesional sanitario de la Comunidad Valenciana no hablara castellano? Pues yo creo que no” nos apunta Nadal.
Jerarquía o atención al público
Por otra parte, también hay debate respecto a en qué puestos debería exigirse exactamente el requisito más alto. La propuesta de Compromís y UP es que sea jerárquico, de manera que los altos funcionarios deban poseer siempre el título C1.
“No estamos pidiendo nada del otro mundo. Con el actual sistema de plurilingüismo de la Educación en unos años cada vez será más normal que los estudiantes terminen el bachillerato con este nivel de valenciano. Esto además les permitirá poder trabajar también en Cataluña o Baleares” defiende Nadal.
Sin embargo desde el PP consideran que el nivel de valenciano exigido a los funcionarios debe atender a criterios de atención al público. “No tiene sentido pedir un requisito tan elevado a un arquitecto técnico de grupo A que solo realiza trabajo de oficina” argumenta Rovira.
«A veces los funcionarios no entienden bien a los ciudadanos valenciano-parlantes» J. Nadal (Compromís)
La legislatura se termina
Actualmente el requisito lingüístico sigue sin entrar en vigor dado que aún no ha sido aprobado el citado reglamento que lo debe regular. A pesar del rechazo por parte de la oposición, lo cierto es que los partidos del Botánico no necesitarían de su apoyo para aprobarlo pues gobiernan con mayoría absoluta.
La pregunta que cabe hacerse es si habrá acuerdo entre ellos antes de que termine esta legislatura en la primavera de 2023. Si bien la Ley de Función Pública fue redactada por la Conselleria de Justicia comandada por Gabriela Bravo (PSOE), en la confección del reglamento también participa la dirección general de Política Lingüística perteneciente a Educación, una conselleria llevada por Raquel Tamarit (Compromís).
Nadal se muestra moderadamente optimista. “Yo espero que lleguemos a un consenso, aunque es verdad que conforme nos acerquemos a las elecciones todo será más complicado. Esto estaba hecho y se había conseguido un acuerdo a nivel sindical, pero el PSOE tiene dificultades para contentar a cierta casta funcionarial que son elementos con bastante poder dentro de la Administración” nos asegura.
Desde el PP por su parte prometen que de ganar las elecciones autonómicas eliminarán el requisito lingüístico de la agenda. “Una de las primeras decisiones de Carlos Mazón como president será restablecer el sistema de méritos para el valenciano. Es evidente que Compromís tiene como objetivo catalanizar la Comunidad Valenciana y es algo que no permitiremos” nos manifiesta Rovira.
Sin retroactividad
En cualquier caso cabe añadir que este requisito lingüístico, si finalmente acabara viendo la luz, no tendría carácter retroactivo. Es decir que no se exigirá a los actuales funcionarios de la Comunitat Valenciana que ya tengan ganada su plaza, sino a aquellos aspirantes opositores que en el futuro quieran optar a trabajar en la Función Pública.
