ENTREVISTA > Sebastián Fernández / Secretario autonómico de Vivienda (Alicante, 26-febrero-1970)
Durante la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas, el entonces candidato Carlos Mazón prometió la construcción de 10.000 viviendas de protección pública a lo largo de la Comunitat Valenciana.
Una vez llegó al cargo de presidente de la Generalitat, nombró a Sebastián Fernández Miralles como uno de los principales responsables de este ambicioso programa de la Conselleria de Vivienda, que fue denominado como ‘Plan Vive’.
Trayectoria política
Este licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante ya vivió una anterior etapa vital en la política, primero como diputado autonómico en tiempos de Eduardo Zaplana, luego como concejal en el Ayuntamiento de Benidorm y diputado en la Diputación de Alicante, y finalmente como delegado de Turismo en la Generalitat con Alberto Fabra.
Tras pasar varios años ejerciendo la abogacía, en esta legislatura regresó a la primera línea autonómica.
Según declaró recientemente Estefanía Martínez, directora de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), en estos momentos hay unas 3.000 viviendas de protección pública en adjudicación…
Sí. Cuando este gobierno, presidido por Mazón, asumió el Consell, lo primero que nos preguntamos fue cuál era la situación de la Comunidad Valenciana en vivienda. Tristemente nos dimos cuenta de que había un absoluto desequilibrio entre oferta y demanda con una subida desmedida tanto de la compra como el alquiler.
Todo este déficit nos obligaba a poner medidas que pudieran revertir esta situación, sin dejar de atender la función social. Por ello Mazón decidió incorporar las competencias de vivienda en la conselleria social con rango de vicepresidenta, con el objetivo de ayudar especialmente a las personas con menos recursos. El Plan Vive forma parte de esta política de vivienda.
De estas nuevas 3.000 viviendas en proceso, unas 2.200 corresponde a Alicante. ¿Por qué se está poniendo especial énfasis en esta provincia?
Se están buscando diferentes fórmulas para construir las 10.000 viviendas proyectadas. Una vía es la construcción directa por parte de la Administración movilizando todo el suelo público disponible, otra es buscar formas de colaboración público-privada, y por último se quiere facilitar mediante medidas normativas que el sector privado ponga en marcha promociones de viviendas de protección pública que habían quedado paralizadas por su inviabilidad, dado que el Consell no había sentado las bases.
Estamos trabajando en solares públicos de toda la Comunidad Valenciana, y tenemos ya 317 municipios adheridos mediante al convenio que suscribimos con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Por supuesto ya que estamos pidiendo a los ayuntamientos que movilicen su suelo, también lo estamos haciendo con el suelo autonómico.
Ahora mismo resulta que disponemos de muchas parcelas en la provincia de Alicante, y esto es una de las principales razones por las que ya hay muchos proyectos licitándose o incluso ejecutándose su construcción.
«El Plan Vive es una respuesta al gran desequilibrio que padecemos entre oferta y demanda de viviendas»
¿En general qué tal están respondiendo los ayuntamientos al Plan Vive?
Muy bien. Nos han llegado algunas aportaciones de suelo tan destacables como por ejemplo la que ha hecho el Ayuntamiento de Torrevieja, que nos permitirá construir en dicha ciudad 812 viviendas.
Sin embargo, hay ayuntamientos que apenas disponen de suelo municipal que aportar. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Muchas cosas, pero básicamente la primera sería que el Gobierno de España desbloquee la tramitación del proyecto de ley del suelo aprobado por el Senado por iniciativa del grupo popular. Esta iniciativa legal tiene precisamente como objetivo principal viabilizar la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas. Sin embargo, ahora está paralizada en la mesa del Congreso de los Diputados.
No obstante, el presidente Mazón ha anunciado una nueva ley del suelo para la Comunidad Valenciana, para sustituir la actual, que incluirá medidas normativas en el ámbito urbanístico y así desbloquear muchos desarrollos. Esto permitirá que haya más suelo disponible en nuestro territorio con el objetivo de construir viviendas, especialmente para los jóvenes.
«Con la próxima ley autonómica de vivienda dispondremos de más suelo para construir»
Más allá de los ayuntamientos adscritos al Plan Vive, ¿qué tal está siendo la respuesta de las empresas promotoras? ¿Están mostrando interés en construir vivienda pública?
Este gobierno apostó por la colaboración público-privada como un mecanismo adecuado para aumentar tanto la capacidad operativa del sector privado como la iniciativa de la Administración. A día de hoy estamos muy satisfechos de la respuesta.
En la última licitación para la construcción de más de 1.600 viviendas en el conjunto de la Comunidad Valenciana, el número de ofertas presentadas fue superior a cincuenta. Esto representa a más de treinta empresas concurriendo a las licitaciones públicas.
Precisamente en diciembre se aprobó un decreto autonómico sobre el régimen de viviendas de protección pública. ¿Estáis satisfechos con los resultados que está dando?
Tras los nueve meses que han pasado desde que entró en vigor el decreto 180/2024 hasta la fecha, ya son más de mil el número de solicitudes de calificación provisional de Vivienda de Protección Oficial (VPO) para la construcción en toda la comunidad.
Es una norma que introduce racionalidad, sentido común y mucha visión de la realidad del sector en nuestra comunidad. Esto ha permitido que muchos promotores decidan desarrollar viviendas de protección pública sobre suelo privado. Es un síntoma claro de que el sector está respondiendo a las necesidades, con unas reglas del juego que están favoreciendo su reactivación.
En efecto Mazón ya ha anunciado también que, de aquí a final de año, la Generalitat sacará otras mil viviendas más mediante fórmulas de colaboración público-privada.
«Las empresas promotoras están respondiendo muy bien a colaborar con la Administración»
De todas estas viviendas públicas que se van a construir, ¿qué proporción serán destinadas a alquiler y a venta sociales? ¿Cómo se decidirá en cada caso?
La EVHA está promoviendo la construcción de viviendas para incrementar el parque público de la Generalitat, que está dirigido esencialmente a personas con menos recursos.
Al mismo tiempo las licitaciones que hemos puesto en marcha, mediante la colaboración público-privada por derecho de superficie, están dirigidas a viviendas destinadas a alquiler social, con precios tasados y cuyas personas deben cumplir unos requisitos de ingresos.
Y, por otro lado, las licitaciones impulsadas a través de permutas tendrán establecidos cualquiera de los regímenes de uso regulados por la legislación. Es decir, pueden salir para alquiler, venta o alquiler con opción a compra. Es una decisión del adjudicatario o promotor inmobiliario.
¿Se está optando también por la fórmula de la cesión de uso para las cooperativas de viviendas?
Sí. Estamos trabajando en promover vivienda a través de la participación de este tipo de entidades de economía social. Concretamente en Alicante se va a desarrollar alguna actuación con esta fórmula, y en el futuro la queremos dar más impulso como una vía muy interesante para fomentar la promoción de vivienda para cooperativas.
«Se licitará antes de 2026 para construir otras mil viviendas de protección pública»
Una vez que las viviendas de protección pública están ya construidas, ¿quién decide los requisitos para acceder a ellas? ¿Será la Conselleria, los ayuntamientos, los promotores…?
Los requisitos están perfectamente establecidos en la norma autonómica que regula la vivienda de protección pública. Por lo tanto, son aplicables a todos los operadores.
De otra parte, en el caso de las viviendas adjudicadas por derecho de superficie, los requisitos están recogidos tanto en el Real Decreto de Vivienda de Protección Oficial (VPO) que lo regula como en el propio pliego de la licitación. Aquí se establece también cómo los adjudicatarios deben realizar el proceso de solitud. Cabe recordar que estas construcciones están financiadas por Fondos Europeos, más una pequeña parte que pone el promotor.
Por supuesto nuestra voluntad siempre es coordinar todas estas cuestiones con los ayuntamientos, aunque evidentemente ajustándonos al marco normativo establecido.
Más allá de valorar los recursos económicos, ¿algún sector poblacional tendrá preferencia para acceder a las viviendas?
Con el decreto de VPO hemos querido poner especialmente el acento en los jóvenes de nuestra comunidad. Queremos conseguir que puedan acceder a la vivienda para que estén completamente emancipados, con el fin de que así puedan desarrollar sus vidas desde el punto de vista personal, laboral y familiar.
«Necesitamos una nueva ley estatal de vivienda que dé más seguridad jurídica a los propietarios»
Del objetivo inicial de 10.000, ¿a día de hoy cuántas nuevas viviendas de protección pública se han construido ya en la Comunitat Valenciana? ¿Sigues creyendo que se llegará a esta ambiciosa cifra en lo que queda de legislatura?
Nuestro compromiso está intacto. No tenemos ninguna duda al respecto de que llegaremos porque creemos que vamos en la buena dirección. En este momento estamos hablando de que ya se han promovido más de 3.000 viviendas, ya sea directamente por la Administración o por fórmulas de colaboración público-privadas. Todo ello sin contar las que el sector privado está impulsando.
Estamos a unos niveles muy aceptables a pocos meses de haber superado el ecuador de legislatura, teniendo en cuenta de que hasta final de año se licitarán mil viviendas más. La percepción es que vamos en la buena dirección, y no vamos a modificar un ápice este trabajo diario.
¿Crees que, a medio plazo, el precio de la vivienda en la Comunitat Valenciana bajará… o al menos dejará de subir al ritmo actual?
Todos sabemos que en economía hay una regla básica que es la oferta y la demanda. La clave es conseguir por un lado que se reactive la promoción de vivienda pública asequible, y por otro garantizar la seguridad jurídica de los propietarios para que no tengan miedo de volver al mercado de alquiler.
«Estamos tomando medidas para ayudar especialmente a los jóvenes a emanciparse»
¿Qué opinión te merece la opción de topar los precios del mercado?
Este tipo de medidas propuestas por el Gobierno de España generan un efecto perverso y totalmente contrario al pretendido. En realidad, esto lo que está provocando, en comunidades o países europeos donde se ha aplicado, es precisamente la subida de los precios y la desaparición de muchas viviendas que estaban en el mercado de alquiler.
Aparte de construir o promocionar la construcción de nuevas viviendas, ¿hay alguna otra medida que se pueda adoptar desde la Generalitat?
Estamos poniendo muchos esfuerzos para que las personas, especialmente los jóvenes, puedan alquilar o comprar una vivienda. De hecho, en solo dos años de legislatura la Generalitat ya ha invertido más de 220 millones de euros y ha beneficiado a más de 44.500 personas, con ayudas como el Bono Alquiler Joven o las existentes para comprar viviendas en municipios menores de 10.000 habitantes con riesgo de despoblación.
Es más, otras consellerias también están tomando medidas en este sentido. El Instituto Valenciano de Finanzas ha puesto en marcha avales con los que más de 1.400 jóvenes ya han podido acceder a su primera vivienda. También se ha dictaminado que paguen un 25% menos del impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Además, en el decreto se ha establecido una reserva obligatoria del 40% para jóvenes de hasta 35 años en toda promoción de viviendas de protección pública realizada en la Comunidad.
