Aunque el impacto real que pueda tener sobre la movilidad local, comarcal y provincial la liberación de la AP-7, efectiva desde el pasado mes de enero, no se podrá comprobar en toda su magnitud hasta que no llegue el momento de la vuelta a la normalidad de la actividad turística y, con ella, la del resto de actividades económicas de la zona, los distintos municipios de la Marina Baixa, incluido Altea, han acelerado en los últimos meses sus planes sobre la carretera nacional 332 (N-332) que, en la mayoría de los casos, atraviesa sus núcleos urbanos.
Para la Villa Blanca ha sido una reivindicación histórica la de encontrar una solución al paso de la N-332 por el centro del municipio. Hace ya décadas que la posibilidad de la construcción de una variante o la gratuidad, en aquel momento, de un tramo de la autopista se han barajado como posibilidades que, pese a todo, nunca llegaron a buen término.
Sin embargo, esa liberación del vial de pago ha provocado que la N-332 haya dejado de ser considerada como la principal vía de comunicación, al menos en términos técnicos, entre los distintos municipios que jalonan la costa mediterránea en la provincia y, por ello, los ayuntamientos se han apresurado a reclamar la cesión de los tramos que les afectan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La Villa Blanca ha solicitado al Ministerio la cesión de 6,75 kilómetros lineales de la N-332
Oportunidades de desarrollo
En la Marina Baixa, l’Alfàs del Pi fue el primer municipio en ver reconocida esa solicitud y el tramo de carretera, de algo menos de tres kilómetros lineales, que discurre entre sus lindes con Benidorm y Altea pasó, el pasado mes de octubre, a manos municipales. Para ello, uno de los principales escollos con los que siempre se topó el Consistorio alteano, a la hora de reclamar la titularidad de la vía, fue la gran densidad de tráfico que soportaba la misma, con picos que llegaban a alcanzar más de 20.000 vehículos al día en los momentos de mayor presión del año.
En el caso de la Villa Blanca, el Pleno aprobó hace pocas semanas, por unanimidad de todos los grupos políticos locales, solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la cesión del tramo de la N-332 que discurre desde su frontera con l’Alfàs del Pi hasta el entroncamiento de la AP-7 a la altura del Convento de las Carmelitas.
En el caso de Altea, esta cesión supondría la incorporación de 6,75 kilómetros lineales de carretera a la cartera de viales locales algo que, más allá de las cuestiones que puedan afectar al tráfico, redundaría en un claro beneficio para el pueblo ya que permitiría el desarrollo de un buen número de acciones de consolidación urbana a lo largo de todo el término municipal que, hasta ahora, no se podían llevar a cabo a causa, precisamente, de esa falta de competencias.
La cesión permitirá al Ayuntamiento ser la única administración competente para autorizar y promover actuaciones públicas y privadas
Reducción de tráfico
El concejal de Urbanismo, José Orozco, explica que esta petición se fundamenta, precisamente, “en la importante reducción del tráfico en este tramo a consecuencia de la liberalización de la AP-7; la consolidación en diferentes tramos urbanos que ha convertido esta carretera en una travesía urbana y el interés del Ayuntamiento en ser la única administración competente para autorizar y promover actuaciones públicas, de ordenación urbana y de movilidad; así como privadas urbanísticas que afecten a dicha travesía”.
Aunque pueda parecer anecdótico, el propio Orozco evidenció la importancia de esta medida al presentar, en la sesión plenaria que aprobó la solicitud, una enmienda a su propia propuesta gracias a la cual la petición remitida al Ministerio pasaba de reclamar 6,2 kilómetros a los 6,75 que finalmente se quieren asumir; una cantidad de metros que puede parecer pequeña, pero que los distintos informes técnicos del propio Ministerio aconsejan incorporar para que las aguas lleguen a buen cauce.
El PP ha insistido en que las futuras acciones deben ser consensuadas con toda la sociedad y promover la creación de una gran área comercial
Necesidad de consenso
Esta cesión no significará, en cualquier caso, una modificación del trazado de la carretera, sino que esta pasará a depender, como cualquier otra calle o travesía, del consistorio de Altea que, y esto es lo más importante, podrá desarrollar, como ya explicaba Orozco, acciones urbanísticas que permitan consolidar zonas, sobre todo industriales, ya existentes y crear otras nuevas que ayuden a dinamizar todavía más la actividad comercial y económica de la Villa Blanca.
En este sentido, y pese a que la medida contó con el apoyo unánime de todos los grupos municipales, el edil del Partido Popular, Jesús Ballester, recalcó la importancia de que las futuras acciones que se puedan plantear cuenten con un amplio consenso que dé respuesta a todas las sensibilidades de la ciudadanía alteana.
Así, Ballester explica que “la cesión no tendrá sentido si no se abre un proceso de diálogo con la oposición y la sociedad civil y se consigue financiación para su mantenimiento y las infraestructuras necesarias”. Además, desde el principal partido de la oposición han vuelto a insistir que, aprendidas las lecciones que nos ha dejado la crisis económica derivada de la pandemia, esta cesión deberá servir para desarrollar, con más fuerza si cabe, el proyecto de ‘Centro Comercial Abierto’ que la formación ha venido defendiendo durante los últimos años.
