El magistrado acepta la lentitud de la justicia y pone como una de sus causas que en España tenemos unos 10 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los casi 18 de media en la UE
Joaquín Giménez ha sido, hasta hace muy poco tiempo, magistrado de la Sala de lo Penal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Allí llegó en 1998, después de más de una década presidiendo las audiencias primero de San Sebastián y luego de Bilbao, en una época de difícil convivencia en el País Vasco, y con la amenaza de ETA hacia su persona.
Siempre se dice que cuando la justicia es lenta, deja de ser justa. ¿Cómo se puede solucionar la lentitud actual?
La justicia es lenta por varios factores. Por un lado, tenemos una planta judicial claramente insuficiente para el nivel y las exigencias de la sociedad española. El ratio por 100.000 habitantes que tiene España es claramente inferior al que hay en otros países de la Unión Europea: estamos en unos 10 u 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el ratio europeo es de 17 o 18. Ahí tenemos un desequilibrio importante.
Por otro lado, las leyes requieren una reforma importante para adecuarlas al sistema tecnológico actual y que sean más rápidas, y se está en ello. Por ejemplo, ha habido dos proyectos muy avanzados de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: uno lo hizo el último gobierno del PSOE, pero caducó cuando llegaron las elecciones, y hay otro hecho por el PP.
Sobre las leyes es ´curioso` que siendo la corrupción un tema muy importante, sobre todo si la ha cometido un político, porque es un representante de los ciudadanos, no fuera delito penal hasta hace poco.
Así es, porque en la corrupción tan generalizada que ha habido últimamente han intervenido varios factores. El que hoy está imputado y ha sido condenado, hace unos años era un experto que a lo mejor hasta era premiado por el político con algún cargo.
Con esto intento decir que ha habido un cambio muy necesario. En cuanto a la corrupción, creo que es un tema en el que hay que poner blanco sobre negro. Los poderosos también delinquen y hay que procurar que los mimbres de esa tela de araña, que es el Código Penal, sean de acero, porque si no estaremos siempre en el menudeo de quién queda prendido en dicha tela de araña.
Precisamente cuando más se está condenando la delincuencia por corrupción, más se queja la ciudadanía de que hay injusticia o que a los poderosos no se les hace nada. ¿Cómo es posible este desequilibrio entre la percepción de la gente y lo que está sucediendo?
Yo creo que sí está llegando la percepción de que las cosas han dejado de ser gratis para los poderosos que delinquen. De hecho, a pesar de todos los pesares, la justicia está dando un servicio de seriedad, y el que la hace la paga con todas las garantías.
El poder judicial es esencial en un sistema democrático, pero puede ser inoportuno o molesto, por decirlo suavemente, para el poder político, sea del color que sea. Hay que tener la suficiente generosidad para que el poder judicial esté bien dotado y tenga el número suficiente de jueces y de personal, y esto depende de los presupuestos generales del Estado.
Motivado por esa lentitud de la Justicia, se han dado casos de personas que años después, y ya rehabilitadas e integradas en la sociedad, han tenido que entrar en la cárcel por delitos cometidos mucho tiempo antes…
Esas cosas son noticia por lo insólito, ya que no es lo habitual. He conocido algunos casos en los que una persona ha cometido un delito no muy grave y que el juicio se ha retrasado, por las razones que sea. Estos casos pueden darse, pero no son frecuentes, surgen muy esporádicamente y normalmente hay una reacción ciudadana muy lógica, porque para eso están los medios de comunicación.
¿Conseguiremos que algún día los propios jueces elijan el Consejo General del Poder Judicial o consideras que no es necesario?
«La ley de bronce del Consejo del Poder Judicial es que cada uno, salvo alguna excepción, ha hecho bueno al anterior»
Es absolutamente necesario. La ley de bronce del Consejo es que cada uno, salvo alguna excepción, ha hecho bueno al anterior. Es algo que va en progresiva deslegitimación del sistema, y creo que es una opinión compartida entre los jueces. La última reforma es la de un sistema presidencialista con dos clases de vocales, unos, digamos, interinos y otros pensionistas.
Creo que hay que refundar seriamente el Consejo del Poder Judicial y aquí nos encontramos ante el mismo debate que con la independencia. El Consejo afortunadamente no dicta sentencias, es decir, no ejerce las funciones jurisdiccionales propias de los jueces, pero sí es el órgano de representación del tercer poder del Estado, y también es el órgano que nombra a la nomenclatura judicial, por lo tanto, que los vocales respondan como apadrinados por diferentes partidos, es algo grave.
¿En qué ha cambiado respecto a lo que había anteriormente?
El sistema original constaba de doce miembros elegidos entre jueces, pero no por los jueces, sino por el Parlamento. Esto supuso que las mayorías y minorías del Parlamento se reprodujeran en votaciones del Consejo, como ya avisó el Tribunal Constitucional. El riesgo se dio porque los vocales elegidos venían a actuar en sintonía con el partido que les había propuesto.
Si se tiene en cuenta que los nombramientos de la nomenclatura judicial los hacía el Consejo, podía haber otra especie de clientelismo de segundo grado. El de primer grado sería el de los vocales y el de segundo, los nombramientos. Esta ha sido la constante, con diversas oscilaciones.
Además, los nombramientos han sido siempre a dedo, no buscando facultades concretas.
Yo siempre he dicho que normalmente las elecciones son por mérito y capacidad, pero nadie sabe lo que es mérito y capacidad, entre otras razones porque no está regulado. Por eso, para que un juez sea independiente no le hace falta el Consejo, basta con que él quiera ser independiente, te haya nombrado quien te haya nombrado, y eso también vale para el vocal del Consejo. Pero si se plantean el tema de los apadrinamientos, la imagen que se da es demoledora.
Hablemos de equidad. Respecto a la ley electoral, ¿no sería lógico que cada español fuera un voto igual de válido?
Yo creo que todas las leyes electorales tienen una finalidad, se diga o no se diga. Si se quiere gobiernos fuertes, se sigue la línea de la Ley D’Hondt, que prima a los partidos mayoritarios y penaliza a los minoritarios.
Si se establece un criterio más proporcional, como en Italia, se potencian gobiernos pluripartidistas, pero más inestables. Esto hay que elegirlo desde el planteamiento de un mínimo común denominador. Cabe recordar que la ley electoral griega le otorga 50 escaños añadidos al partido que más votos obtiene; eso aquí sería escandaloso.
¿Qué opinas de las prisiones preventivas?
«En general la práctica jurídica española ha hecho un uso excesivo de la prisión preventiva»
La prisión preventiva no es una pena anticipada, porque nadie ha sido juzgado. Es algo que se produce durante la tramitación de la causa, por esa razón tiene que ser una aplicación restrictiva y justificada. ¿Qué puede justificar la prisión preventiva? Primero, la reiteración delictiva, por ejemplo un violador o una banda delictiva que se dedica sistemáticamente a robar y que sabes que si los dejas en libertad van a seguir delinquiendo; segundo, la destrucción de pruebas, que es un tipo de delincuencia más sofisticada; y tercero, la fuga.
En la ley está muy claro que basta uno de estos tres requisitos para justificar la prisión preventiva, pero en general la práctica jurídica española ha hecho un uso excesivo de ella. Creo que ahora está en trance de retroceso, porque la práctica judicial está siendo más restrictiva. Y claro, no basta con decir que puede haber reiteración delictiva, hay que aportar datos de por qué, tienes que enumerar las circunstancias que te llevan a la conclusión de que puede haber una reiteración.
El problema de la prisión preventiva viene a colación de la lentitud de la justicia. Como la justicia es lenta, la prisión preventiva se convierte casi en una prisión permanente.
Pero es que eso no puede ser, eso es la perversión del sistema. Hay que motivar la decisión, y esto vale tanto para la prisión preventiva como para la sentencia, es decir, hay que aportar los datos fácticos que justifican la conclusión a la que llegas.
Lo que no puede ser es decir solamente la conclusión, porque eso queda vacío de contenido. Tú a una persona la puedes condenar por un delito de robo o de violación, pero tienes que decir por qué entiendes que hay violación.
Un tema que ha estado cuestionado durante muchos años es el de los procuradores. ¿Son necesarios o son un encarecimiento para la persona que necesita la justicia?
«Para suprimir a los procuradores habría que dar algún tipo de compensación»
En Francia los han suprimido, ha habido una indemnización y los que han querido reconvertirse en abogados lo han hecho. Se dice que es un encarecimiento, porque por un lado tienes que pagar al abogado y el procurador hace de enlace entre el juez y el particular, cuando esto también lo puede hacer el abogado.
Es un debate que sale de vez en cuando, pero evidentemente hay un Colegio de Procuradores que tiene fuerza en este país y que está en contra. Entonces, ¿su supresión podría (y lo digo en condicional) suponer un abaratamiento? Sí, pero esto no quiere decir que puedan ser eliminados de golpe. Habría que buscar soluciones transaccionales y, sobre todo, dar algún tipo de compensación.
¿Qué opinas del indulto?
«El indulto se debe mantener, pero nunca en aquellos delitos graves que no llegan desde la pobreza o marginación, sino desde la abundancia»
El indulto es una derogación del mandato constitucional que es misión del juez: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Que otro poder distinto del judicial, en este caso el ejecutivo, decida no aplicar o perdonar algo que ha sido sentenciado por sentencia firme, supone una derogación de ese poder que tienen los jueces, del que se ha hecho un abuso muy importante, tanto en la época de la dictadura como con posterioridad.
Yo creo que como institución debe mantenerse por tradición, pero tiene que ser un uso muy individualizado y justificado. El indulto a veces puede suavizar algún rigor de la propia aplicación de la ley. Yo he presidido y he formado parte de tribunales que han pedido un indulto, y creo que se debe mantener, pero con una fundamentación muy exhaustiva, con un control muy limitado y sin convertir esto en un jubileo de indultos.
Y en algunos casos, con expresa prohibición, como aquellos delitos de delincuencia grave que no han llegado a ella desde la pobreza o la marginación, sino desde la abundancia. Ahí el indulto no está en modo alguno justificado. Y a quien diga que ya está rehabilitado, le digo que no ha necesitado rehabilitarse porque ha llegado a la delincuencia a través del exceso, del abuso de sus carreras y másteres.
Siempre se ha dicho eso, que la pena de prisión tiene como finalidad la rehabilitación…
«La pena de prisión no solo tiene la finalidad de rehabilitación, también tiene la de castigo»
La pena de prisión tiene dos finalidades: vocación de rehabilitación y castigo. Pues muy bien, si este señor ha cometido unos hechos delictivos de alto nivel, lo que hace la pena de prisión es justificar el abuso que ha hecho de sus facultades, es un castigo y es perfectamente constitucional.
Eso al margen de que haya una serie de delitos en los que la pena no es tanto la pena de prisión, sino la prohibición de ejercer aquella profesión cuyo abuso ha sido su origen. Es evidente que si has abusado de unas facultades que te ha proporcionado la sociedad y que se concretan en tu poder como juez, por ejemplo, no puedas ejercer como juez.
Otro tema del que se ha abusado mucho es el Decreto Ley. Lo que se supone que es para situaciones de urgencia se utiliza a veces de forma indiscriminada.
Son cortapisas. Son, de alguna manera, limitaciones a lo que es la vida parlamentaria. El Decreto Ley efectivamente es para razones de urgencia, pero tiene que ser justificado con posterioridad en el Parlamento.
Ha habido uno el 5 de agosto con un tema de carácter de violencia de género, ampliando la protección a la mujer, y este ha sido un decreto al que tampoco le encuentro la urgencia y que además una de las cosas que modifica es un artículo del Código Civil. Eso no está justificado y cualquier gobierno debería ser riguroso y no utilizar el Decreto Ley, porque si luego además no es convalidado, la situación queda un poco desairada.
¿El hecho de judicializar todo el proceso catalán no es una forma de mandar el ´marrón` fuera?
Aquí hay que distinguir el problema político, que es encontrarte con una comunidad autónoma muy importante en la que en las últimas elecciones el 46 o 47% optaba por la independencia, que no es una mayoría ni mucho menos hegemónica, del judicial
A esta situación no se ha llegado de un día para otro, sino a través de un proceso que se inicia más o menos en el año 2010. El problema era inicialmente económico, se decía que no había más dinero para la financiación de la comunidad y ese portazo ha generado el despertar de la independencia.
¿Cómo valoras tú la situación que se está viviendo en Cataluña?
Hay aspectos en los que se existe la posibilidad (que no certeza, porque nadie está juzgado) de que se hayan cometido algunos delitos penales. ¿Cuáles? A mi modo de ver, la rebelión no la encuentro, a pesar del ruido mediático, porque la rebelión es un alzamiento general y violento.
Puede haber un delito de desobediencia, eso lo veo bastante claro en la medida que ha habido una desobediencia flagrante a decisiones del Tribunal Constitucional en relación a las leyes de autodeterminación y desconexión, y eso no puede salir gratis. Creo que también puede haber un delito de sedición, en el tema del acoso del cerco a la consejería de Economía donde había una comisión judicial que no pudo salir y donde dos personas actuaron como líderes de ese amotinamiento. Y también puede haber un delito de malversación.
Uno de los precedentes de todo este problema fue la anulación de ciertos artículos del estatut, que en los estatutos de otras comunidades no se anularon. ¿No es una provocación innecesaria?
Cuando se ha llegado a esta situación en la calle no ha sido por algo espontáneo, sino que ha habido una serie de actuaciones. Primero nos encontramos con una reforma parlamentaria del estatuto iniciada por Zapatero, sin que existiera un debate muy claro.
Se aprobó y pasó por la comisión constitucional, que entonces presidía Guerra, se hizo un recorte y se consideró que con eso ya se adecuaba a la Constitución, se votó en referéndum por la ciudadanía catalana y entonces se presentó un recurso al Tribunal Constitucional, por 50 diputados del PP, que al cabo de tres o cuatro años la declara inconstitucional. Eso fue un argumento para los independentistas.
Yo creo que quizá hubo un exceso de celo. Además, los artículos eliminados no eran trascendentes.
«La opción independentista no es una mayoría ni mucho menos hegemónica»
Como tú has dicho antes, hay artículos muy semejantes, por ejemplo, en el estatuto de Valencia. Esto sí explica el suflé independentista. Lo que pasa es que aquí estamos en un maniqueísmo donde por cualquier equidistancia te acribillan de un lado o de otro.
Que yo sepa ningún partido es anticonsticionalista, entre otras razones porque no sería legal. Hay países donde no se permiten partidos independentistas, como en Alemania, mientras que en España sí. Entonces, ¿dónde está el límite? En que tú no te puedes saltar la Ley y la línea roja es la Constitución. Si tú quieres que haya un referéndum sobre autonomía, no puedes saltarte olímpicamente la Constitución, tienes que provocar un cambio en ella que sea aprobado por el pueblo español en su integridad, y entonces no habrá ningún problema.
Quiero decir que la legitimidad del fin independentista está en la legitimidad del medio. Si el medio es ilegal, eso convierte en ilegal el fin, que es la independencia, y eso no supone privar a nadie de su libertad de expresión. La opción de no cumplir la Ley no es una opción política, si no te gusta la Ley, intenta modificarla por los cauces legales.
No obstante, a pesar de carecer de muchas cosas para fundamentar esa petición de independencia, han conseguido convencer a una parte muy importante de la población…
«Se oyen ´perlas` como que poner lazos amarillos no es provocación, que la provocación es quitarlos»
Lo que pasa es que el independentismo, tal y como se está configurando, es una ensoñación narcisista en la que hay una especie de Moisés que conduce al pueblo catalán a través del mar rojo a no se sabe dónde. Es una seducción típica de los populismos. Pero se olvidan de que para conseguir la independencia hace falta: primero, una voluntad hegemónica en el pueblo afectado; segundo, los medios necesarios para articular una política independiente del Estado al que pertenecen, y tercero, un reconocimiento internacional. No tienen ninguna de las tres, así que tendrán que despertar alguna vez de esa ensoñación.
«Los nacionalismos son una apología de emociones, y donde hay emociones no hay razones»
Lo grave de Cataluña es que un gobierno legítimamente elegido, con una deslealtad obvia, está gobernando solamente para los independentistas. Entonces oyes perlas como que poner lazos amarillos no es provocación, que la provocación es quitarlos. Un poco de rigor intelectual, por favor. El escenario de la democracia es la calle, y tú no puedes monopolizar la calle con una opción independentista para sacar la foto y mandarla a Europa, porque es falso. Si algo define a los nacionalismos, también el españolista, es que son una apología de emociones y donde hay emociones no hay razones: a más emociones, menos razones.
En el pasado sufriste en tu persona la amenaza de ETA. ¿Qué opinas de que se utilice de manera provocadora el hecho de que se van a llevar a unos presos más cerca del País Vasco?
Hubo un momento en el que el terrorismo estaba fuera del debate político, pero a partir de un momento determinado, que tiene fecha concreta y autor, el terrorismo entró en el debate político porque daba votos. Esto sigue dándolos y el no cumplimiento de la Ley en el tema penitenciario no es una opción política.
La ley dice claramente que los presos tienen que estar, en principio, en la zona donde más o menos viven para evitar su desocialización. En la época en que ETA actuaba y asesinaba, se produjo una dispersión para evitar que se dirigiera desde las cárceles y que se controlara a los miembros que se atrevían a pensar por sí mismos. Desaparecida ETA, han desaparecido las razones de la dispersión, esto hay que decirlo así de claro.
Y no hay que olvidar que en el segundo gobierno de Aznar se acercaron con ETA matando y el PSOE no dijo nada. Ahora se han producido unos acercamientos muy justificados por circunstancias concretas y es algo que está en la ley, por lo que no debería haber levantado ninguna inquietud, pero como el riesgo es que esto siga dando votos, igual se sigue utilizando. A mí me parece muy poco presentable.
Ahora se usa mucho lo de la apología del terrorismo. ¿No es una forma fácil de justificar posiciones?
No hay que caer en esa espiral de odio. No puede ser que cualquier crítica ácida, maleducada o grosera, sea odio. Y no deja de ser sintomático y curioso que en una época en la que ETA ha dejado de asesinar, aparezca una inflación de causas por delitos de odio que no había antes, por expresiones que eran muy semejantes. Me parece una inflación muy poco justificada y con la que hay que ser rigurosos.
Parece difícil de entender que un humorista (Dani Mateo) tenga que pasar por el juzgado por un comentario sobre el Valle de los Caídos, y mientas alguna de las partes denunciantes siga alabando los ´valores` de la dictadura impunemente.
Es que claro, dentro del tema de la defensa de los sentimientos religiosos la pregunta del millón es: ¿Se podría haber estrenado hoy impunemente y sin ningún riesgo ´La vida de Brian`? Ahí dejo la pregunta.
