Hoy tengo la suerte de poder comunicar a 118 familias de La Jaud que por fin sus casas han sido legalizadas. Han concluido los trámites municipales y las viviendas que fueron objeto de orden de demolición dictada por sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de hace 19 años han recuperado la normalidad y ya se ajustan a la legalidad urbanística actual.
Quiero felicitar a todos los afectados por esta decisión trascendental y muy deseada, con la que ya podrán dejar atrás muchos momentos de preocupaciones, inseguridad e injusticia soportados por la mala gestión de terceros imprudentes que les dejaron con un gravísimo problema en el que no habían participado. Sus viviendas han sido salvadas y ahora se dará traslado al TSJ para que ratifique los trámites de su normalización.
He tenido la suerte de contar con algunos funcionarios de todas las escalas que han sentido la complejidad de este asunto como suya y, en concreto, tengo que destacar la aportación profesional de la arquitecta municipal y el arquitecto redactor del Programa de Actuación como las dos piezas básicas para conseguir este objetivo que parecía no tener fin. Además, el trabajo jurídico y administrativo de estos últimos meses ha sido impecable, saliendo muy reforzados los documentos aprobados, por lo que tengo la absoluta seguridad de que no podrán ser rebatidos en la vía contenciosa, si se diera el caso.
Ha sido una ardua tarea llevada a cabo por esta Concejalía durante tres años y medio, apoyada en un proceso de participación pública ejemplar que, objetivamente, ha dado un resultado más que satisfactorio para todos. En las reuniones celebradas han participado técnicos y abogados defendiendo posturas distintas y se han podido expresar todas las opiniones ante representantes de todos los grupos políticos municipales, a todos tengo que agradecer su disposición para encontrar soluciones.
Quiero reconocer la labor de todos los propietarios que han participado en esas reuniones previas con el objeto de llegar a unos acuerdos viables y legales que benefician indudablemente a todas las partes. A veces, fueron reuniones duras para mí, pero me voy a quedar con los momentos en los que se avanzaba, a pesar de las dificultades que se han tenido que salvar, buscando soluciones generales para que, de una vez por todas, se consiguiera una ordenación urbanística que eludiera la parálisis de la zona. Función destacada en la fase de participación han tenido algunos de los propietarios de la zona que están fuera del proceso contencioso que se sigue simultáneamente. Sus reivindicaciones fueron aceptadas en gran medida y tengo la sensación de que se ha llegado al máximo de lo que era posible legalmente.
Tengo que recordar que el segundo gran objetivo fijado en el proceso de participación pública era conseguir que las viviendas y chalets preexistentes se incluyeran en actuaciones aisladas. Y, como ya es conocido, también esto ha sido aceptado por la sencilla razón de que la petición de sus propietarios se ajusta a la legalidad. No solo se ha procurado atender a los propietarios de las viviendas con orden de demolición, sino que se ha aprobado la propuesta principal de los propietarios que llevan toda la vida en este sector urbano porque su reivindicación era justa y lo celebro.
Para mí, se ha cerrado una situación larga y difícil para un numeroso grupo de vecinos de Elda que afectaba al propio derecho de acceso a una vivienda digna.
Podrán existir todavía casos de descontento con las soluciones urbanísticas adoptadas en este proceso y, como no puede ser de otra forma, los propietarios que se encuentren en esta situación tienen todo el derecho en acudir a los tribunales para defender sus intereses. Pero, quiero hacer una última reflexión, creo que ya no es momento de pedir que se derribe la casa de ningún vecino como medio de conseguir algún reconocimiento.
Pilar Calpena
Concejala de Urbanismo
