“Vivir diez meses en la Residencia de personas mayores de La Florida de Alicante ha sido la peor experiencia de mi vida. Aún tengo pesadillas y me despierto temblando porque pienso que todavía estoy allí”. Así de tajante se expresa Luisa Ortega en declaraciones a este periódico.
Inhabilitada para trabajar a causa de su enfermedad de Lupus, en febrero de 2018 la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas concedió una plaza a Elisa en esta residencia pública mientras esperaba a que le asignaran una vivienda social. A pesar de que ella tan solo percibe una mínima pensión de 360 euros mensuales, debía abonar 140 euros cada mes por vivir aquí.
“Quizás en su día fuera una buena residencia, pero hoy es el peor de los geriátricos. Falta personal, comida, atención médica, limpieza…” nos asegura Elisa. Tras casi un año de peleas con la Administración, en enero al fin consiguió mudarse a un piso social. Durante todos estos pasados meses no se atrevió a contar públicamente en la prensa lo que veía cada día en la residencia por miedo a represalias. Ahora que ya no tiene nada que perder, quiere que se sepa toda la verdad.
Casos de bullying
“El principal problema es la falta de presupuesto y de personal. No dan abasto. Somos unas cien personas para apenas cuatro o cinco trabajadores. Y hay muchos residentes que son problemáticos, necesitan de un cuidado mucho más vigilante y no deberían estar aquí” nos comenta Elisa.
Con apenas 63 años ella era la residente más joven de todo el edificio, pues no ocupaba la plaza por mayor sino a causa de su enfermedad. “He convivido con personas con serios problemas mentales que deberían estar en un psiquiátrico. Una mujer se dedicaba a amenazarme de muerte todas las semanas, y no solo a mí. Hay un grupo liderado por un bipolar diagnosticado que se dedican a insultar a todo el mundo, y además reciben un trato preferente, como si fuera el clan dominante de una cárcel”.
«He visto situaciones graves, de acoso verbal o físico, que escapan al control de los trabajadores» E. Ortega (residente)
Tal y como nos cuenta la antigua residente, los empleados no controlan estos casos de acoso y bullying por falta real de medios humanos. “Un día dos mujeres llegaron a las manos. Empezaron a pegarse en medio del salón y tardaron varios minutos en separarlas. Incluso hay un sinvergüenza que se dedica a camelarse a las abuelitas que están más seniles y solas para que se gasten sus míseras pensiones en invitarle a comer o comprarle regalos. La dirección lo sabe perfectamente, pero allí nadie hace nada para remediarlo”.
Deficiente atención sanitaria
Aparte de las relaciones sociales, Elisa también asegura que la parte médica deja mucho que desear. “Son personas que suelen tener una salud muy delicada. Necesitan de una atención muy especial, tener paciencia con ellas. Pero solo hay un único médico en la Residencia y encima trata fatal a todo el mundo. No sé por qué estudió Medicina, ya que se dedica a despreciar a sus pacientes”.
Como ejemplo, Elisa nos cuenta un presunto caso de mala praxis médica realmente sangrante. “Llegó un nuevo residente, que se quejaba de que le dolía el pie. Sabían que tenía problemas de azúcar, pero no le hicieron apenas caso. Un dedo se le puso cada vez más negro, y acabó yéndose al hospital por su propia cuenta. Al final tuvieron que amputárselo. Y menos mal, porque le estaba dando un brote de cataratas y si llega a tardar un poco más en ir al hospital se queda ciego”.
Además, estos servicios tan mínimos se reducen aún más en vacaciones. “En Navidad nos quedamos sin médico, psicóloga, personal de administración y directora durante dos semanas. Aquí no sustituye nadie. Teníamos un par de auxiliares para todos los residentes”.
Por otra parte, según nos cuenta, parte del personal lleva meses sin cobrar algunos suplementos a sus nóminas que les deben y de hecho todos los lunes realizan un parón laboral a modo de protesta.
Pocas habitaciones
En el caso particular de Elisa, ella solicitó una habitación privada a causa de su enfermedad. El Lupus es una patología autoinmune por la que el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos del cuerpo por error. Esto hace que sus pacientes sean especialmente propensos a adquirir otras enfermedades, así como a sufrir complicaciones dado que su cuerpo no está tan bien preparado para protegerse.
“Tardaron varios meses en asignarme por fin una habitación privada. Al principio me pusieron a una compañera que decían que era muy independiente. Mentira. Aparte de que psicológicamente no estaba del todo bien, padecía varias enfermedades e incluso me despertaba todas las noches cuatro o cinco veces para ir al baño. Mi enfermedad necesita una tranquilidad y estabilidad para no empeorar, y yo en esa habitación tenía todo lo contrario” nos relata Elisa Ortega.
«Llevan un gran descontrol médico y alimentario. Un bipolar no se toma la medicación y a un diabético casi le dejan ciego» E. Ortega (residente)
Mala alimentación
Otro punto muy importante para la enfermedad del Lupus es la alimentación, que debe ser equilibrada y nutritiva. Elisa nos asegura que la comida dentro de la Residencia es tan escasa como pobre.
“Le dije varias veces al cocinero que no podía comer algunas cosas y que me pusieran una dieta basada en fibra. Pues lo que hacían era ponerme comida para diabéticos. Yo no soy diabética. Sin embargo al señor con problemas de azúcar que le cortaron un dedo, si le ponían comida normal. Llevan un caos tremendo, y están jugando irresponsablemente con la salud de las personas” nos cuenta.
La antigua residente no solo denuncia el descontrol nutritivo en los casos especiales, sino también la ausencia de muchos productos básicos para una buena alimentación normal. “Yo hay veces que simplemente les pedía un tomate trinchado, y ni eso tenían. No pidas alimentos como naranjas, huevos o sardinas. Son productos de lujo que apenas se ven por allí”.
Sin embargo, según cuenta Elisa, hay algunos pocos residentes que sí tienen ciertos privilegios alimenticios. “El señor que está diagnosticado bipolar y sus amigos comen mejor que todos los demás. La Residencia no controla si se toma su medicación, y obviamente no lo hace. Como saben que puede ponerse peligroso, le tienen miedo. Este hombre si pide doble ración, se la dan. Al resto no”.
Igualdad y Políticas Inclusivas
Ante estas denuncias tan graves desde este periódico nos hemos puesto en contacto con la dirección de la Residencia de Personas Mayores ‘La Florida’, quienes no han querido hacer declaraciones al respecto y nos han remitido a contactar directamente con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Desde dicha conselleria (gestionada directamente por la vicepresidenta Mónica Oltra) nos han indicado que el presupuesto total destinado al año para residencias de mayores llega a los 300 millones de euros para 12.300 plazas, que se cumplen los ratios de personal establecidos por la orden normativa 1.376/2005 y que se han incrementado tanto las inspecciones (en un 35 por ciento desde 2014) como los inspectores (de ocho a veinte desde 2015).
La Residencia de la Tercera Edad de Torrevieja lleva siete años sin cubrir sus dos plazas de médico
Sin médicos en Torrevieja
Para comprobar si el caso de Elisa Ortega se trata de un testimonio aislado, hemos contactado también con el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana) a quien hemos solicitado información sobre reclamaciones e investigaciones abiertas a residencias en nuestra provincia. La institución nos ha hecho llegar varias denuncias recibidas, la más reciente relativa a la residencia pública de Torrevieja.
Dicha queja, impulsada por la delegación torrevejense de Izquierda Unida, denunciaba que la Residencia carecía de un médico profesional para atender a los residentes. El Síndic abrió una investigación al respecto.
La Conselleria tuvo que admitir por escrito que, efectivamente, los dos puestos médicos que existen en esta residencia llevan sin estar ocupados por un funcionario de carrera durante la friolera de siete años. Durante todo este tiempo han sido reemplazados por personal interino, pero también se han dado muchos periodos de vacancia que han durado incluso más de un año.
Según argumentan desde Valencia, “la mayoría de estos médicos interinos renuncian al puesto poco después de acceder para promocionar a otras plazas ofertadas por la Conselleria de Sanidad”.
La Conselleria ha aumentado el servicio de inspección, pero el Síndic advierte que no es suficiente
Pocos esfuerzos administrativos
El Síndic de Greuges acabó concluyendo que la Conselleria no estaba esforzándose debidamente en proporcionar a los residentes el Derecho a la Protección de la Salud, reconocido por la Constitución Española en su artículo 43.
“No deja de sorprendernos el escaso éxito de las gestiones realizadas, no cubriendo nunca estas plazas ni por personal funcionariado ni tan siquiera por personal interino” dictaminó el Síndic. En dicho informe se recuerda también que la principal razón por la que los profesionales médicos buscan otras plazas es debido a que los puestos de trabajo sanitarios en la residencia están clasificados como A1-20, el más bajo posible.
Desde esta institución se indujo a que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas realizase un mayor esfuerzo organizativo y presupuestario en adelante para garantizar la presencia de profesionales médicos en la Residencia Pública de la Tercera Edad, así como recomendaba un mejor rediseño de las bolsas de trabajo para cubrir estos puestos debido “al poco éxito de las anteriores bolsas”.
Cabe recordar que las resoluciones del Síndic no son vinculantes para la Administración, sino tan solo orientativas. A pesar de que se han producido incluso manifestaciones en Torrevieja por este tema, que atañe a más de 200 residentes, no tenemos noticias de que al menos un médico haya cubierto una de las dos plazas que están presupuestadas en esta residencia.
Casi la mitad de los incumplimientos detectados son deficiencias en las instalaciones o no cumplir la normativa anti-incendios
Poca inspección y supervisión
Ante el grueso de quejas recibidas por usuarios y familiares de centros residenciales para personas mayores en la Comunidad Valenciana, el Síndic de Greuges también inició una investigación de oficio en 2018 hacia todas las residencias públicas de la región.
Las conclusiones del informe, publicado el pasado mes de julio, deducen “un insuficiente control y supervisión por parte de la Administración Pública hacia el funcionamiento y calidad de atención prestada en estos centros”.
Según los propios datos facilitados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al Síndic, en 2017 se realizaron 161 inspecciones a residencias, de las cuales tan solo 27 fueron en la provincia de Alicante. Sin embargo, a nosotros la Conselleria nos ha dicho que se hicieron 255 inspecciones, de ellas 58 en Alicante.
En enero falleció una residente en un incendio ocurrido en la Residencia Juan XIII de Alicante
Sea como fuere, un 25 por ciento de los incumplimientos detectados fueron relativos a las deficientes instalaciones, mientras que un 24 por ciento no cumplían convenientemente con la normativa anti-incendios. Precisamente el pasado 28 de enero una mujer residente de 83 perdió la vida durante un incendio ocurrido en la Residencia Juan XXIII de Alicante, también de titularidad autonómica.
Por otra parte, hasta en un 20 por ciento de las ocasiones el inspector determinó que no se proporcionaba una atención socio-sanitaria completa. También se percibió un 12por ciento% de insuficiencia de personal.
El Síndic concluyó en que la acción inspectora de la Administración está siendo “de baja intensidad” en las residencias, dado que no se inspeccionan más que un tercio de los centros existentes en la Comunidad Valenciana. Si bien es cierto que precisamente este año se han incorporado diez nuevas plazas al Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios, el informe avisa que sigue siendo “claramente insuficiente”.
La mayoría de denuncias que llegan son relativas a la poca atención hacia los residentes
Personal insuficiente
Desde la oposición política, el grupo de Ciudadanos en Les Corts ha preguntado en algunas ocasiones al Govern por este tema. Según los datos que nos hacen llegar desde dicho partido, durante el año 2017 se recibieron un total de trece denuncias hacia residencias de la provincia de Alicante, 87 en toda la Comunidad Valenciana. Prácticamente la mitad eran relativas a situaciones de “falta de atención”.
“En la mayoría de los casos las deficiencias en atención vienen determinadas por una clara ausencia de personal, pero a veces está ocurriendo incluso en centros que sí cumplen con los requisitos mínimos de plantilla que exige la normativa” nos indican desde Ciudadanos, concluyendo que no solo haría falta reforzar las plantillas de trabajadores sino también renovar la normativa para subir los requisitos básicos.
También la formación naranja ha reportado la existencia de varias residencias ilegales o clandestinas, una de ellas en la localidad alicantina de Sax. Según nos indican, el tiempo medio entre que llega una denuncia a Conselleria y se realiza la pertinente inspección es de once días más otros 46 días necesarios para emitir el informe, mientras que en un 17 por ciento de los casos ni siquiera se llegan a inspeccionar los hechos denunciados.
Ciudadanos acusa a la vicepresidenta Oltra de favorecer a determinadas empresas concesionarias de residencias
El modelo Cotino
En una sesión celebrada en Las Corts el pasado mes de junio, se vivió una auténtica bronca en el pleno entre Ciudadanos y Compromís por este tema. La portavoz autonómica del partido centrista, Mari Carmen Sánchez, acusó a la vicepresidenta Mónica Oltra de otorgar un trato de favor a ciertas empresas concesionarias de residencias de mayores.
Todo esto viene de la época de cuando Francisco Camps era president de la Comunidad. Durante estos años el entonces conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, impulsó el que se conocería popularmente como ‘modelo Cotino’ en las residencias autonómicas.
Desde entonces la sociedad Centros Residenciales Savia, participada por la propia familia Cotino y el controvertido empresario alicantino Enrique Ortiz, gestiona gran parte de las residencias concertadas de la Comunidad.
En varias conversaciones telefónicas entre Ortiz y Arturo Alario (consejero delegado de Savia) interceptadas por la Policía Nacional Anticorrupción y que fueron filtradas a la prensa, ambos se jactaban de que Cotino llenaba de ancianos las residencias mediante plazas subvencionadas por la Generalitat para inflar el negocio.
De hecho, el grupo Savia pasó de ingresar 11 millones por plazas subvencionadas en 2006 a unos 40 millones en 2009, año en el que Cotino cesaría como conseller. Actualmente esta sociedad aún gestiona 21 centros en la Comunidad.
La sociedad vinculada al exconseller Cotino y al empresario Ortiz acaparó gran parte del sector a base de subvenciones públicas
Trabajadores mal pagados
Según denuncia el grupo de Ciudadanos, con la llegada del PSOE y Compromís a la Generalitat estas situaciones de ventaja empresarial hacia las empresas vinculadas a Cotino siguen sucediéndose, perjudicando gravemente el bienestar de los residentes.
Mari Carmen Sánchez acusó a la Conselleria dirigida por Mónica Oltra de estar permitiendo que esta sociedad perpetrara un modelo de muy bajo coste. “Es un sistema low cost de dependencia por el que se paga 380 euros a cuidadores no profesionales, provocando la salida inmediata de los que sí son auténticamente profesionales y mermando todo tipo de posible desarrollo tecnológico en el sector”.
El final del camino
Elisa Ortega no pertenece a ningún partido político, y solo quiere que las administraciones pongan más esfuerzos en garantizar una vida digna a los ancianos o personas con dependencia que viven en estos centros.
“Muchos de ellos no tienen ya familiares y están solos en el mundo. Otros sí los tienen, pero nunca van a visitarlos. En la mayoría de los casos, no se los llevan ni en Navidad. Y yo nunca he pasado unas navidades tan deprimentes como las que he vivido allí” nos asegura.
Elisa ahora ya ha salido de la Residencia ‘La Florida’ y desde enero está viviendo en su nuevo piso social. “Podría olvidarme de todo, pero no puedo dejar pasar lo que he visto. Quiero que la gente lo sepa, para que los ciudadanos pidamos más presupuesto, personal e inspecciones para las residencias. Algún día todos podemos acabar allí. Y francamente, yo preferiría quitarme la vida antes de volver a vivir en un lugar así” sentencia.
