La Unidad de Urbanidad y Medio Ambiente de Policía Local de Elche denunció a varias empresas dedicadas a la recogida y transporte de aguas residuales tras ser advertidos desde Aigües d’Elx del posible funcionamiento irregular de las mismas.
Todas las aguas residuales urbanas, tanto de particulares (fosas sépticas) o industriales (aguas sucias resultantes de la actividad industrial), deben ser retiradas por empresas previamente autorizadas por la EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana) para su tratamiento. Estas tienen la obligación de aportar los datos y firma del cliente productor del residuo para después aportarlos a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), donde tras la comprobación del origen del residuo y su análisis, si procede, se autorizará el vertido para su tratamiento integral.
Por ello, al detectarse que ni en Algorós ni en las EDAR cercanas apenas se producían vertidos de las empresas habituales en algunos de los periodos de máxima actividad se barajó la posibilidad de que esta anomalía se debiese a vertidos incontrolados y/o de origen desconocido con el fin de no pagar las tasas o justificar el origen del residuo. Así, los técnicos de Aigües d’Elx sorprendieron a varias de estas empresas realizando vertidos en el alcantarillado municipal, solicitando por ello colaboración con la Unidad UMA para su seguimiento, comprobación y denuncia.
A lo largo de los meses en los que se ha llevado esta labor de vigilancia e inspección, hasta junio de este año, se han confirmado al menos tres empresas que venían cometiendo estas acciones irregulares, siendo posible que otras más imiten estas infracciones. Los agentes han relacionado en varios informes todas los servicios realizados a particulares, especialmente en el vaciado de fosas sépticas y en los que no han acudido a la depuradora, detallando en cada caso el modus operandi, cliente y servicio prestado.
Las empresas ahora deberán justificar el destino final y el tratamiento de las aguas residuales recibidas, enfrentándose en caso de no poder justificarlas a infracciones graves, tanto a la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana como a la propia ordenanza municipal reguladora de la red de alcantarillado y vertidos a la misma.
Las sanciones pueden suponer desde 600 a 30.000 euros y de 6.000 a 300.000 si los residuos son considerados peligrosos. También cabe la revocación o suspensión de la autorización e incluso la inhabilitación para el ejercicio de la actividad, según recoge la propia ley.
