El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado el pago de 7,3 millones de euros a 22 ayuntamientos afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó a las comarcas de la Vega Baja, La Costera y la Vall d’Albaida entre el 11 y el 14 de septiembre pasados.
El president ha realizado estas declaraciones tras reunirse en la sede del Consell en Alicante con las personas comisionadas para la coordinación de las actuaciones relacionadas con el Plan Vega Renhace, el proyecto que impulsa la Generalitat para regenerar la comarca de la Vega Baja tras el temporal del pasado mes septiembre.
Puig ha señalado que estos 7,3 millones que se van a distribuir entre los ayuntamientos que han solicitado compensaciones suponen «un avance positivo» y la muestra de que las ayudas están concediéndose «con normalidad». «Ha habido una respuesta que llega a los 100 millones de euros, que es una realidad tangible que llega a la ciudadanía de la comarca», ha indicado el president.
El responsable de la Generalitat ha explicado que, además de estas ayudas para hacer frente a contingencias coyunturales, el plan Renhace que lidera el Consell trata de avanzar con medidas estructurales para construir, con la suma de las administraciones públicas y la sociedad civil, «un proyecto de regeneración, de rehabilitación y, sobre todo, de futuro» para la comarca alicantina.
El plan pivota sobre «cuestiones estructurales, fundamentales para que haya un desarrollo armónico y sostenible, que genere estabilidad, riqueza y prosperidad a los ciudadanos y ciudadanas de la Vega Baja», ha señalado.
La Generalitat contará en este plan con el asesoramiento de Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, comisionado para la coordinación en los ámbitos científico y técnico, y con Antonio Alonso, empresario del municipio de Almoradí, para la interlocución e intermediación entre el ámbito técnico y los agentes sociales.
Los comisionados se encargarán de organizar actuaciones del Plan Vega Renhace y de promover la cooperación entre las administraciones y la sociedad civil para señalar las necesidades de la comarca con el objetivo de potenciar el desarrollo socioeconómico de la zona.
Ayudas por importe de 7,3 millones de euros a 22 municipios
Tal y como ha subrayado el president, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha firmado este jueves la resolución por la cual se ordena el pago de 7.360.725,28 euros a 22 municipios afectados por la DANA de septiembre. El pago se realiza después de que las corporaciones locales hayan presentado las correspondientes solicitudes para acceder a estas subvenciones.
Con estas ayudas, la Generalitat asume los gastos extraordinarios que las corporaciones locales tuvieron que asumir durante el episodio de lluvias torrenciales en las tareas de auxilio y rescate. También abonará los importes derivados de la puesta en marcha de las oficinas técnicas que se pusieron en marcha para atender las reclamaciones de las personas físicas y jurídicas que sufrieron daños en sus viviendas, bienes o explotaciones industriales o agropecuarias.
Los ayuntamientos beneficiados por esta resolución han sido Crevillent, Santa Pola, Almoradí, Benferri, Benijófar, Bigastro, Dolores, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, Moixent, Agullent, Ontinyent, Alcocer de Planes y Alfafara.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha recordado que, a partir de ahora, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el próximo 26 de febrero para justificar ante la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias la totalidad de los gastos realizados hasta el 100 por ciento de la aportación efectuada. También deben incluir la relación completa que especifique las actuaciones que provocaron los costes para los que se solicitó la ayuda.
Bravo, además, ha destacado «la celeridad con la que se han llevado a cabo los correspondientes procedimientos administrativos que son necesarios a la hora de manejar el dinero público», ya que «entre los anticipos que ya se han abonado y estas ayudas, los ayuntamientos afectados están recibiendo los fondos en poco más de dos meses».
