Creo que ninguno de nosotros tiene ninguna duda de que un ayuntamiento es la administración más cercana a la ciudadanía. Que los ayuntamientos son las administraciones que dan una respuesta más inmediata a los problemas que tiene la ciudadanía es una afirmación casi indiscutible. Las Administraciones miden su utilidad por las políticas que realizan y por la rapidez en dar respuesta a los problemas de la sociedad a la que sirven. Cualquier órgano público en estos momentos, y en la situación de crisis económica que ya asoma, debe justificar su supervivencia.
Las entidades locales son las Administraciones Públicas que más control han tenido en los últimos años. De forma consecutiva, han sido a las únicas administraciones a las que han pedido que no cerraran su presupuesto anual con déficit, siempre con superávit, a diferencia del resto. Además, dentro del conjunto de la deuda pública de las Administraciones españolas, las entidades locales son las que menos déficit público representan (un 2% sobre el PIB) en comparación con comunidades autónomas (23,4%) y Administración General del Estado y Seguridad Social (69,2%).
Los ayuntamientos y diputaciones han estado cumpliendo sus obligaciones prestando los servicios y competencias a la ciudadanía, con un difícil régimen jurídico y económico, sin tener mayores recursos por estar paralizada, prácticamente sine die, la tan hablada reforma local que nunca llega, con mayor capacidad financiera y de servicios públicos para estos. El buen funcionamiento de las entidades locales ha permitido que, año a año, se haya cerrado de forma positiva su liquidación presupuestaria, es decir, sin gastar más de lo que se ingresa. Ello ha provocado que la gran mayoría de ayuntamientos tenga una hucha por ese superávit anual, que le llamamos el remanente de tesorería.
El Gobierno de España ha propuesto utilizar el dinero que tienen ahorrados los ayuntamientos. Lo que pretende el Gobierno central es simplemente hacer un atraco a los ayuntamientos. A ver cómo le explicamos a cualquier conciudadano que el dinero que tiene ahorrado su ayuntamiento no se permite gastarlo en los problemas que tenga su municipio y que se lo vamos a enviar para que el Gobierno central decida en qué gastarlo y donde. Esto atenta a la autonomía local de las entidades locales, así como a la autonomía financiera de poder de decisión sobre sus ingresos y gastos.
Precisamente, lo que hay que hacer es todo lo contrario. Facilitar a las entidades locales que puedan disponer de su superávit y del ahorro acumulado del remanente de tesorería. Tener libertad para hacer las políticas públicas que necesita su territorio y que demanda su sociedad civil. No estamos pidiendo una reforma local para tener más ingresos. No estamos pidiendo que nos financien los gastos que estamos teniendo en la gestión de la crisis de la COVID. Pedimos libertad y utilizar el dinero legítimamente ahorrado de un ayuntamiento. El mundo actual se construye desde lo local. Más ayuntamiento, por favor.
