Desde que se registrara el primer caso confirmado de coronavirus en España, diagnosticado el 31 de enero en un turista alemán que se encontraba en La Gomera, hemos vivido numerosos episodios dramáticos en nuestro país. Aunque sin duda, ninguno comparable al horror padecido en algunas residencias de mayores.
Al cierre de este periódico España contabilizaba unos 239.000 casos acumulados de COVID, de los cuales sobre 27.000 acabaron en muerte. Según los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Sanidad, más de 19.000 de los fallecidos eran ancianos residentes. Esto supone la astronómica cifra del 70% de las víctimas totales.
En el caso de la Comunidad Valenciana los números son algo mejores que la media española aunque sin dejar de ser dramáticos. Según la Generalitat han fallecido más de 500 residentes, lo cual significa hacia el 40% de las víctimas de nuestra región.
¿Qué ha ocurrido exactamente? ¿Se podía haber evitado la que ha sido una de las mayores masacres en la historia reciente de España? ¿Cómo asegurarnos que en el futuro no vuelva a repetirse semejante horror?
¿Y la culpa es de…?
El 19 de marzo el Gobierno de España asumió el mando único en todas las residencias del país, una competencia que en condiciones normales es ejercida por las comunidades autónomas. Aunque esta potestad en un principio debía recaer en el Ministerio de Sanidad (dirigido por Salvador Illa), éste cedió la coordinación al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (comandado por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias).
“Nosotros lo que hicimos en realidad fue reforzar la autoridad de las comunidades autónomas. Dimos 300 millones de euros a las administraciones autonómicas para contratar más personal que cuidara a nuestros ancianos” contestó Iglesias en una entrevista en Antena 3 el pasado 17 de mayo cuando Matías Prats le preguntaba sobre su responsabilidad en estas dramáticas cifras.
Ante esta respuesta hemos querido preguntar también a la Generalitat para aclarar en quien ha recaído la gestión. “Durante el estado de alarma hemos trabajado en todo momento siguiendo las directrices de los ministerios competentes. Todas las resoluciones siempre se han puesto en conocimiento del Gobierno de España” nos han señalado desde la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Así mismo, estas mismas fuentes también nos indican que, aunque la gestión de las residencias sea una competencia de la citada conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (dirigida por la vicepresidenta autonómica Mónica Oltra) “desde el primer momento la conselleria de Sanidad (gestionada por Ana Barceló) ha sido la encargada de asumir el control de las residencias con más COVID”.
La residencia que más fallecidos (al menos 70) ha sufrido en la provincia es la DomusVi de Alcoy
Corruptos y fondos buitre
Así pues, mientras que parece que ningún político quiere entonar el mea culpa en esta espantosa tragedia, el vicepresidente segundo sí ha señalado hacia el modelo privado de las residencias. “No puede ser que tengamos a corruptos y fondos buitre al mando de estos centros. Hemos visto como se hace negocio con la salud de nuestros mayores, que están atendidos por trabajadores que cobran sueldos precarios” manifestó en la citada entrevista en Antena 3.
De hecho un par de días antes el propio vicepresidente Iglesias ya había citado desde la tribuna del Congreso de los Diputados a algunos de estos empresarios, supuestamente corruptos, que gestionan geriátricos privados o concertados, mencionando entre ellos al alicantino Enrique Ortiz.
Iglesias se refería en concreto a los Centros Residenciales Savia, sociedad participada por Ortiz que gestiona 21 residencias de la tercera edad en la Comunidad Valenciana, en algunas de las cuales se han dado niveles alarmantes de COVID. Todavía mayor ha sido el drama en varios centros del grupo DomusVi, como el de Alcoy (con unos 70 muertos) o el de Babel Alicante (15 fallecidos).
Tanto las residencias Savia como las DomusVi fueron concesiones dadas principalmente durante la época del conseller Juan Cotino (fallecido en abril por la COVID-19) con Francisco Camps como president. Durante estos años se crearon unas 5.000 plazas concertadas nuevas en la Comunidad Valenciana, la gran mayoría pertenecientes a cuatro únicas empresas. Un modelo conocido popularmente como el ‘modelo Cotino’.
De esta época son también varias conversaciones telefónicas entre Ortiz y Arturo Alario (consejero delegado de Savia) interceptadas por la Policía Nacional Anticorrupción, en las que ambos se jactaban de cómo Cotino llenaba de ancianos las geriátricos mediante plazas subvencionadas por la Generalitat para inflar el negocio.
«No tiene sentido culpar a los empresarios cuando los políticos no hacen leyes para medicalizar las residencias» J. M. Gómez-Reino (geriatra)
Pocos médicos
Sin embargo es justo decir que hay centros privados o concertadas que sí han conseguido evitar la COVID-19, al mismo tiempo que algunas públicas han sufrido igualmente pérdidas humanas.
“Para mí la clave está en lo medicalizada que esté la residencia. Por increíble que parezca, solo dos centros en toda la provincia de Alicante cuentan con su propio médico especialista geriatra” nos comenta José María Gómez-Reino, quien precisamente es el geriatra de la residencia Vistasol5 donde no han sufrido ni un solo positivo durante toda la pandemia.
De hecho en algunas autonomías ni siquiera es obligatoria la presencia de un médico en las residencias de mayores. No es el caso de la Comunidad Valenciana, donde sí es de obligado cumplimiento la presencia de un profesional de la Medicina (que no tiene porque ser especialista geriatra) durante al menos tres horas semanales por cada 10 plazas en centros pequeños y durante 10 horas semanales por cada 25 plazas en centros grandes. Así lo estipula una orden autonómica aprobada en 2005, que nunca se ha actualizado desde entonces.
“El problema es que muchas residencias subcontratan el servicio sanitario, igual que hacen con la limpieza o la cocina. Al final los médicos van cambiando todo el tiempo y así es imposible realizar un seguimiento efectivo a sus pacientes” opina el geriatra Gómez-Reino.
Para el médico alicantino, la solución pasa por medicalizar mucho más los geriátricos. “No tiene ningún sentido echar la culpa a los empresarios malvados o a los fondos buitre cuando son las leyes que hacen los políticos las que no obligan a unos mínimos sanitarios. De hecho un fondo no puede gestionar una residencia de mayores, porque se necesita una licencia específica para eso. Ésta es la típica tontería que dice un político para evadir su responsabilidad” nos apunta el geriatra Gómez-Reino.
¿Conselleria equivocada?
Desde la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas nos aseguran que llevan desde la anterior legislatura trabajando en un nuevo modelo de atención residencial, para actualizar la normativa de 2005, que “se pondrá en marcha próximamente”. Según nos explican, se incluirán varias mejoras en atención personalizada; humanizar los espacios; y en dotar las habitaciones para uso hospitalario con oxígeno, aire y óxido nitroso.
Aunque no nos especifican claramente si se incrementará la presencia obligatoria de personal médico en los asilos, sí nos señalan que se fomentará “la existencia de módulos para enfermedades neurodegenerativas, disminuyendo al máximo las contenciones físicas y químicas”.
Aún así, en opinión del geriatra Gómez Reino la mejor solución pasa por cambiar de conselleria. “Francamente las inspecciones que realiza Igualdad y Políticas Inclusivas a veces son bastante ridículas. Nos miran si tenemos peines o pasta de dientes. Si la Generalitat de verdad quiere medicalizar las residencias debería de trasladar esta competencia a Sanidad. Así además se ahorraría mucho dinero en gasto sanitario, pues no tendríamos que derivar continuamente a nuestros enfermos a los hospitales” nos apunta.
«Durante esta pandemia existía la orden desde Sanidad de no intubar a los mayores» J. M. Gómez-Reino (geriatra)
Discriminaciones a ancianos
De hecho durante los días más duros de esta pandemia, cuando los hospitales estaban más colapsados, muchas residencias denunciaron que no se atendían sus llamadas de emergencia. Como resultado numerosos ancianos enfermos de COVID fallecieron en sus camas mientras esperaban que llegara una ambulancia.
“Yo puedo confirmar estas denuncias porque, a pesar de que no tuvimos ningún positivo de coronavirus, nosotros llamamos a una ambulancia por un caso de infarto y nunca llegó. Además por lo visto había una orden extraoficial desde Sanidad de no intubar a los residentes, como si fueran pacientes de segunda. No se les ha dado las mismas oportunidades de sobrevivir a los ancianos que a los jóvenes, ha sido como una especie de ley de eutanasia encubierta” critica Gómez-Reino.
Este tipo de denuncias no solo se han producido en la Comunidad Valenciana, si no que se han repetido a lo largo y ancho de prácticamente toda la geografía española. En Cataluña incluso se filtró un documento de la Conselleria de Sanidad en el que se recomendaba al personal sanitario no ingresar a mayores de 80 años en las UCIs.
La Comunidad Valenciana solo oferta tres plazas por cada 100 ancianos, muy por debajo de la media española
Los ratios
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se oferten cinco plazas en residencias por cada cien personas mayores censadas en una región. Así se garantiza que la demanda no supere a la oferta, que no haya que doblar habitaciones individuales, y que los residentes disfruten de un mayor espacio vital. Sin embargo la media española ahora mismo está en 4,3 plazas por cada 100, y la media valenciana baja hasta un 2,9.
“Esto también ha supuesto un problema, en las macroresidencias donde viven más de 200 personas el virus se ha propagado más rápido y han ocurrido las situaciones más desastrosas” nos comenta Gómez-Reino.
En la Comunidad Valenciana existe a priori una limitación máxima de 150 plazas por residencia, aunque curiosamente al mismo tiempo la normativa establece que “se considerará la posibilidad de centros mayores siempre que se salve la autonomía personal y se evite la masificación”.
Desde la Conselleria nos aseguran que su intención es la de implantar “residencias más pequeñas y estructuradas que se asemejen lo más posible a un hogar”, e incluso nos prometen que pronto aumentarán las plazas disponibles pues “ya estamos impulsando algunos centros, tantos de forma directa como a través de acuerdos con corporaciones provinciales y ayuntamientos”.
La Fiscalía ha abierto una investigación a 13 residencias de la Comunidad Valenciana
Sin cambios
En 2007 varias personas de la provincia de Guadalajara se unieron para crear una nueva asociación denominada ‘Residencias Dignas’ y llegaron a hacerse famosos en toda España por sus reiteradas denuncias en prensa y televisión.
“Mi padre sufría de alzhéimer y lo ingresamos en un centro. No había personal y los cuidados eran lamentables, ni le cambiaban el pañal. La fisio ni siquiera estaba al tanto de que podía caminar utilizando el andador. Al final un día nos lo encontramos muerto en la silla, y no se habían dado ni cuenta” nos relata Margarita San José, una de las integrantes de este colectivo.
La asociación hizo tanto ruido mediático que la empresa SERGESA, lejos de corregir las deficiencias, optó por denunciarles por supuestas difamaciones públicas. Tras varios años de juicios, la Audiencia Provincial acabaría fallando a favor de Residencias Dignas.
«Hace una década ganamos dos juicios contra un grupo de geriátricos y no sirvió para mejorar nada» M. San José (Residencias Dignas)
“Lo cierto es que ganar aquellos juicios sirvió de muy poco. Tampoco nuestras reuniones con varios consejeros del Gobierno de Castilla La Mancha. Ha pasado ya más de una década y la situación en las residencias de mayores sigue exactamente igual. Me duele muchísimo toda esta tragedia colectiva que ha sucedido, pero desgraciadamente no me sorprende” nos indica Margarita.
Ahora, después de ocurrir toda esta masacre, se ha hecho público que la Fiscalía ha iniciado una investigación sobre trece residencias de la Comunidad Valenciana, tres de las cuales son de la provincia de Alicante.
