Un procedimiento tan rutinario como es la sustitución de un funcionario por una baja médica lleva camino de convertirse en una gran polémica que podría, según han confirmado expertos legales a AQUÍ en Alicante, acabar con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, sentado en el banquillo de los acusados.
Como siempre sucede en estas cuestiones, a la complicada burocracia de la Administración se le unen las no menos indescifrables derivadas legales, por lo que iremos por partes y arrancando este relato por el principio. El pasado día 1 de junio, el concejal de Cultura alicantino, Antonio Manresa (C’s), impulsó un contrato menor de prestación de servicios para intensificar la promoción de la programación cultural de la ciudad en medios y canales especializados. Una labor que hasta ese momento venía realizando una funcionaria que con esa fecha –y hasta el 31 de diciembre– iniciaba una baja por maternidad.
La decisión, que provocó algunas fricciones en el seno del bipartito alicantino, ha levantado en armas a la oposición, que ve indicios de ilegalidad en esta actuación.
Desde AQUÍ Medios de Comunicación hemos querido consultar este tema con el abogado y graduado social, experto en laboral, Jorge Espí. “Dentro del Estatuto de la Función Pública, la sustitución de un funcionario se debe realizar mediante la bolsa de esa misma oposición. Es decir, se deben recoger los resultados de esa oposición y es la persona que ha quedado por detrás de la que ganó la que debe realizar esa sustitución o, si esta persona renunciase, iría corriendo a los siguientes puestos de la bolsa. Ahora esas personas afectadas podrían reclamar sus derechos al Ayuntamiento”.
Dos empresas se autoexcluyen
Y esa es, en el fondo, la clave de bóveda de este caso. Esta contratación se realizó siguiendo los preceptos de la Ley de Contratación del Sector Público para los contratos menores, es decir, solicitando tres presupuestos a otras tantas empresas o profesionales autónomos, escogiéndose finalmente a un periodista especializado en información cultural.
Pero, como ilustra Espí, incluso obviando que el propio procedimiento pueda ser incorrecto dado que se trata de la sustitución de un funcionario, la manera en la que se ha resuelto apunta, por sí misma, a la sospecha. “El problema es que de las tres empresas que se presentan, dos se autoeliminan porque presentan ofertas por encima del valor, con lo que solo queda la oferta escogida”.
La oferta que gana el concurso es un periodista, autónomo en su caso, que trabajaba para el diario El Mundo que ha desaparecido en su edición de la provincia de Alicante. “Por ello, lo que parece es que se trata de hacer un favor a ese periodista. Además, y ahora explicaré el motivo, esta denuncia pública redundaría a su favor porque se puede quedar con un contrato indefinido en el Ayuntamiento”, comenta el abogado consultado por este medio de comunicación.
Fuera de lo normal
Jorge Espí nos comenta que, según su experiencia, “realmente es un concurso fuera de lo normal. No puedes lanzar una oferta al exterior y que se presenten dos empresas que, sabiendo cuál es el límite, oferten por encima de ese valor para no entrar”.
Un autónomo tiene el mismo derecho que una empresa a presentarse a este tipo de procedimientos –que posiblemente en este caso concreto nunca se tendría que haber producido–, pero las consecuencias de esta contratación podrían extenderse más allá de los seis meses inicialmente previstos en el contrato.
“Si hablamos de una persona que se da de alta de autónomo para ser dependiente del Ayuntamiento (o que la mayor parte de sus ingresos procedan del Ayuntamiento), hablamos de un falso autónomo, y por lo tanto debería convertirse en un contrato indefinido si lo llevase al juzgado de lo social”, tal y como argumenta Espí.
Los afectados ahora pueden demandar
Pero volvamos, por un momento, al principio de esta historia. El Ayuntamiento de Alicante, con Luis Barcala a la cabeza y Antonio Manresa como parte ejecutora, optó por no realizar esta sustitución tal y como indica la ley, por lo que las personas a las que, por bolsa, les hubiese correspondido cubrir esa sustitución tienen ahora una oportunidad para reclamar sus derechos.
Tal y como explica el abogado Jorge Espí, “las otras personas afectadas posiblemente reclamarán su derecho y se lo van a tener que dar. Como el juzgado está paralizado por el volumen actual derivado de la pandemia, se lo darán dentro de dos o tres años, pero el derecho que tienen es evidente que se lo han eliminado”. El problema, tratándose de una baja de maternidad, es que “para ese momento la titular de la plaza ya habrá vuelto a su puesto, pero a los afectados los tendrán que indemnizar de alguna manera”.
Unas consecuencias legales que podrían ir más allá, ya que “esas personas se ha visto perjudicadas puesto que es a ellas a las que les correspondía ocupar esa plaza y se las han saltado. Se han vulnerado los derechos de todos los integrantes de esa bolsa, quedando legitimados para llevar al Ayuntamiento a los tribunales”.
El mail que demuestra el conocimiento previo empezaba diciendo: «A partir del lunes 1 de junio y hasta mi vuelta, mi trabajo lo cubrirá (nombre de la persona)»
Posible prevaricación de Barcala
Por todo ello, el especialista consultado considera, a la vista de la información actual, que “por parte del Alcalde todo indica que se podría haber incurrido, en el caso de que se pruebe, en una prevaricación”. Para explicar esta posibilidad, el letrado recuerda que “en declaraciones a los medios de comunicación el día 2 de junio, cuando el contrato ya se había firmado y la funcionaria titular ya estaba de baja, Barcala dijo que el contrato no estaba firmado, que falta el informe del interventor y aseguraba que es la forma más adecuada de proceder a esa sustitución”.
“Siendo Luis Barcala abogado, sabe perfectamente que ese no es el mecanismo. No se puede sustituir a un funcionario por una empresa o un autónomo. Eso podría ser una prevaricación. Además, lo dice a sabiendas de lo que ya ha hecho, por lo que no era desconocedor del asunto”, concluye.
Y todo apunta a que, efectivamente, el Alcalde era conocedor de esa decisión ya que, días antes de iniciar su baja, la propia afectada enviaba un email a sus compañeros en el que les informa de que la persona contratada por este procedimiento cubrirá su trabajo. El correo electrónico, al que ha tenido acceso AQUÍ en Alicante dice literalmente: “A partir del lunes 1 de junio y hasta mi vuelta, mi trabajo lo cubrirá (nombre de la persona)”.
El concejal de Cultura asegura que el procedimiento es correcto y no precisaba de informe alguno
Sin informe de intervención
En informe del interventor al que hacía referencia Luis Barcala en sus declaraciones no sabemos si existe a día de hoy, ya que el Ayuntamiento no nos ha facilitado esa información y tampoco se ha dado el acceso a la oposición. Jorge Espí matiza al respecto: “Debería haber un informe indicando si este es el procedimiento adecuado. También desde el área de Recursos Humanos deberían haber realizado un informe previo indicando que el procedimiento para sustituir a una funcionaria no era este”.
Pensando ya en las distintas acusaciones cruzadas que puedan presentarse en los juzgados en el futuro, el abogado explica que “para el interesado (el autónomo contratado) no puede haber consecuencias penales. En todo caso, como ya hemos comentado, le puede resultar beneficioso. Aunque en el concurso haya un fraude de ley, él ha reunido los requisitos y está dentro. Quien habría incumplido el reglamento propio del Ayuntamiento y el Estatuto de Función Pública es el Ayuntamiento”.
“Lo que habría que determinar es si, como parece, es un autónomo con un solo cliente, en cuyo caso el juzgado le obligará a reconvertirlo en un contrato indefinido, que es lo que le correspondería”. Más complicado lo tendrá Luis Barcala que, en opinión profesional de Jorge Espí, “se enfrentaría a una inhabilitación para cargo público, si así lo consideran los magistrados, que podría llegar hasta los doce años”.
Funciones distintas
Sin embargo, como decíamos al principio de esta exposición de lo acontecido alrededor de esta decisión, los embrollos burocráticos y las distintas figuras legales que establecen los métodos de contratación de la Administración Pública sirven, a su vez, para que el gobierno local alicantino ofrezca una versión muy distinta a la esgrimida por la oposición y explicada ya por Jorge Espí.
En este caso, lo primero que se han asegurado a AQUÍ en Alicante desde el propio Ayuntamiento es que “en ningún caso estamos hablando de una sustitución de un trabajador del Ayuntamiento por una baja” ya que, tal y como aseguran, “las funciones de esa persona están siendo ahora asumidas por el resto de compañeros del gabinete de comunicación”.
El propio concejal Manresa explicó en el pleno que “el trabajo concertado no tiene que ver con las funciones que desempeñaba esa trabajadora interina ya que el autónomo seleccionado se centra en el desarrollo de la comunicación digital, no en la emisión de notas de prensa”.
Desde el Consistorio se asegura que nunca se trató de un contrato de sustitución de una funcionaria por baja de maternidad
«No es una sustitución»
Siguiendo esa argumentación, lo que se ha hecho, según los responsables municipales y “tal y como explicó el propio concejal ante el pleno, es contratar a una empresa para gestionar las redes sociales. Es un trabajo distinto, enfocado a difundir la actividad de Cultura a través de redes y otras cosas que no tienen nada que ver con la labor que desempeñaba la trabajadora de baja”.
Eso deja en el aire una pregunta seguramente clave para comprender por completo este caso, y esa no es otra que conocer quién sustituirá finalmente a la trabajadora que se encuentra estos meses fuera de su puesto. “No va a ser sustituida”, aseguran desde el Ayuntamiento, aunque inmediatamente se matiza que “sus funciones las está desarrollando un compañero del gabinete de prensa”.
El email, un error
Sin embargo, todo ello no explica el correo electrónico enviado por la trabajadora a varios de sus compañeros en el que, insistimos, informaba de que el candidato seleccionado en lo que desde el Consistorio se asegura que es una contratación para otras funciones (al que hace referencia por su nombre y apellidos), “cubrirá mi trabajo desde el 1 de junio y hasta mi vuelta”.
Esas mismas fuentes municipales aseguran a AQUÍ en Alicante que “la trabajadora ya habló sobre esta cuestión con el concejal, le pidió disculpas y reconoció que había cometido un error. Que pensaba que era así, pero que ella no lo sabía”. El propio Manresa retificó esta explicación al añadir que “se disculpó personalmente conmigo. Ella no conocía las funciones que se iba a desarrollar en ese contrato”.
El alcalde defendía el 2 de junio que era el mejor procedimiento y el mejor medio, pero estaba a la espera del informe de Intervención
Sin necesidad de informes
Pese a que por todo lo expuesto desde el Ayuntamiento se defiende que “se trata de un contrato menor y, como marca la legalidad, se pidieron tres presupuestos y se dio al que se consideró mejor y, por lo tanto, no hace falta ningún tipo de informe” para su autorización, las explicaciones de Manresa no han contentado a la oposición y, sobre todo, siguen generando contradicción a lo dicho por el propio Barcala al inicio de toda esta historia.
El primer edil, recordemos, aseguraba en declaraciones públicas realizadas el día 2 de junio –las últimas que ha realizado en relación a este caso–, que el procedimiento, pese a que la contratación fue efectiva 24 horas antes, no estaba cerrado ya que faltaba el informe del interventor, añadiendo que el mismo era necesario para que el proceder fuera adecuado en esta sustitución.
PP, Ciudadanos y Vox impiden la creación de una comisión de investigación
Ahora, más de un mes después, Barcala sigue sin ratificarse o dar explicaciones por esas palabras, mientras que su partido, el PP, junto a sus socios de C’s y con el apoyo de VOX, ha rechazado la creación de una comisión de investigación que pueda esclarecer las todavía muchas zonas grises de este culebrón veraniego, que promete seguir subiendo la temperatura del enfrentamiento político en la capital de la provincia.
Fuego amigo
Sin embargo, las palabras de Manresa no sólo prometen un verano –y quizás otoño– muy caldeado entre el equipo de gobierno y la oposición, sino que, más bien, abrían el melón de las desavenencias y problemas dentro de la coalición que rige los destinos de la ciudad.
La filtración del ya famoso correo electrónico enviado por la trabajadora es considerado por el edil de Cultura como “una filtración interesada” y, aunque no quiso caer en la provocación de señalar a nadie con nombres y apellidos, dejó caer que no iba a “referirme a cómo se extendió ese correo porque me debo a la lealtad al equipo de gobierno”.
