La Diputación de Alicante incluirá criterios que favorezcan una contratación pública socialmente más responsable, dedicando para ello al menos un 7% de sus procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.
La Comisión de Contratación ha aprobado esta iniciativa con la que se favorecerá la empleabilidad de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, tal y como ha destacado el diputado responsable del área, Juan de Dios Navarro, quien ha señalado que desde la institución alicantina se ha superado en 3 puntos el porcentaje de reserva anual que la Ley de Contratos del Sector Público recomienda, ya que lo establece en un 4%.
“Llevamos trabajando ya varios meses en esta iniciativa, manteniendo reuniones con las distintas asociaciones y colectivos de este sector para poner en marcha una medida que ayude a la inserción laboral de personas que sufren discapacidad o están en riesgo de exclusión”, ha indicado Navarro.
La provincia de Alicante cuenta actualmente con dos empresas de inserción social y 26 centros especiales de empleo, que se podrán ver especialmente beneficiadas de la reserva de los derechos de participación.
En este sentido, el diputado ha resaltado que otra de las ventajas de la contratación responsable, más allá del aspecto social, es que “normalmente las empresas que concurren son del ámbito geográfico más próximo a la administración contratante, permitiendo en este caso un mayor impacto del contrato público en las localidades de nuestra provincia”.
Aunque la Ley reconoce a cada administración pública la potestad para establecer libremente el tipo de contratos y las cantidades sobre las que se fija la reserva, recomienda que se centren principalmente en servicios de limpieza, lavandería, catering, transporte, imprenta, servicios administrativos o reparación y mantenimiento, entre otros.
