El Ayuntamiento de Elda y la Generalitat Valenciana han firmado el convenio sobre la cesión de derecho de tanteo y retracto, que permitirá al Consistorio eldense adquirir viviendas destinadas a alquiler social. El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, han suscrito un convenio que permitirá ampliar el parque público de viviendas en la ciudad de Elda, en el marco del Plan Hábitat 2030. En el acto también han estado presentes el concejal de Vivienda, Javier Rivera, y la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana, Elena Azcárraga.
La firma es resultado del Decreto Ley 6/2020 del Consell para la ampliación de la vivienda pública en la Comunidad Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Con este Decreto, la Generalitat puede ceder los derechos de adquisición preferente a los Ayuntamientos donde se ubique la vivienda objeto de tanteo o retracto.
Rubén Alfaro ha asegurado que “es un día importante porque vuelve a visitar nuestra ciudad el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau para firmar un convenio que nos da soporte jurídico para acceder al tanteo y retracto de las viviendas que salgan al mercado y de esta manera poder incorporarlas al parque de vivienda pública”.
El alcalde de Elda ha asegurado que “es muy importante garantizar un derecho fundamental como es la vivienda, que para mí está al mismo nivel que el derecho a un empleo. El acceso a una vivienda digna es un grave problema para muchas personas y familias, especialmente los jóvenes, que no pueden hacer frente al pago de los alquileres fijados por el mercado inmobiliario. En estos momentos hay 316 viviendas sociales en nuestra ciudad y hay un centenar de personas en lista de espera para acceder a una de ellas, por lo que el objetivo es conseguir que el 4% del parque inmobiliario de Elda sea vivienda pública”.
Por su parte, Rubén Martínez Dalmau ha afirmado que mediante esta fórmula, “conseguimos ampliar el parque público de viviendas, tanto de la Generalitat como de aquellos municipios que lo necesitan, para dar respuesta a la demanda de vivienda en este contexto de crisis económica y social que vivimos”.
El vicepresidente segundo del Consell ha defendido esta figura jurídica que “ayudará a proteger a las personas que viven en inmuebles procedentes de ejecuciones patrimoniales del riesgo de una subida abrupta del alquiler o del riesgo de ser desahuciadas, ofreciéndoles un alquiler social que les permita permanecer en sus casas”. Las viviendas adquiridas por la administración local se calificarán de protección oficial con carácter permanente, por lo que se incorporarán al parque público municipal, “asegurando así el cumplimiento presente y futuro de la función social de la vivienda”, ha indicado Martínez Dalmau.
La firma del convenio se enmarca en la apuesta del gobierno local por incrementar el parque de vivienda pública y por mejorar la calidad de las personas, especialmente de aquellas que tienen menos recursos. Además, al asumir el tanteo o retracto se logra una mayor eficacia y proximidad con la ciudadanía en una cuestión tan importante como es la vivienda, ya que los servicios sociales municipales son los encargados de realizar los informes de las familias que necesitan un alojamiento urgente.
El convenio firmado determina las condiciones de la cesión, el destino de las viviendas y los criterios de adjudicación de las mismas. En caso de que el Ayuntamiento decida no ejercer el derecho de tanteo y retracto, la Generalitat Valenciana podría hacerlo de manera subsidiaria. La viviendas adquiridas por el Ayuntamiento de Elda serán calificadas de protección oficial permanente, incorporándose al parque público municipal para ser destinadas al alquiler social a personas, familias o colectivos sin recursos o en situación de vulnerabilidad.
Elda, que además contará con una oficina de proximidad que, bajo el nombre de Xaloc, funcionará como ventanilla única en materia de vivienda, rehabilitación de edificios y regeneración urbana, es el cuarto ayuntamiento de la Comunidad Valenciana que se adhiere a este convenio, tras San Juan, San Vicente del Raspeig y Alboraia. Tiene una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarse.
