La Diputación de Alicante ha ampliado entre diez y quince naturales el plazo para que los ayuntamientos puedan presentar sus solicitudes a las convocatorias de ayudas que están actualmente abiertas, entre ellas la destinada a paliar los daños producidos por la DANA, dotada con 7,6 millones de euros, o la del Plan +Cerca, que asciende a 30 millones de euros.
La situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia ha provocado, en algunos ayuntamientos, el confinamiento del personal, lo que dificulta la preparación y presentación de la documentación necesaria para solicitar las subvenciones.
“No queremos que ningún consistorio de la provincia se quede fuera de estos programas de ayudas y por ello, ante las circunstancias excepcionales que la crisis del COVID-19 está provocando en todos los niveles, hemos decido extender la fecha para que puedan presentar sus solicitudes”, ha explicado el presidente de la institución, Carlos Mazón.
En estos momentos, la Diputación de Alicante mantiene abiertas más de una decena de convocatorias en materias como Carreteras, Infraestructuras, Medio Ambiente o Asistencia a Municipios. Entre las más destacadas, se encuentran la línea dirigida a ayuntamientos para paliar los daños producidos por las inundaciones registradas en la provincia en septiembre de 2019, que cuenta con una inversión de 7,6 millones de euros y que amplía su plazo hasta el próximo 9 de febrero, y la del Plan +Cerca, que asciende a 30 millones de euros.
El diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha informado de que “con esta medida, los dos periodos habilitados para la presentación de instancias al Plan + Cerca se prorrogan hasta el 15 de febrero y el 1 de marzo, respectivamente, con el objeto de dar así mayores facilidades a los ayuntamientos”.
Los programas de ayudas para la redacción de nuevos planes locales de prevención de incendios forestales, la realización de tratamientos de control de dípteros -moscas y mosquitos-, la esterilización de colonias de gatos sin propietario, la restauración de zonas degradadas por el vertido incontrolado de residuos, la construcción de centros de compostaje comunitario o la elaboración de los documentos técnicos necesarios para la tramitación de expedientes municipales promovidos por ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes son otros de los que extienden sus plazos.
