Mientras que todos los habitantes de Altea, y del resto de poblaciones de la Costa Blanca, espera con una creciente sensación de urgencia el final de las restricciones cruzadas que la mayoría de gobiernos de Europa están imponiendo a sus nacionales a la hora de retomar su actividad turística, la industria de la que depende la práctica totalidad de la economía local y provincial sigue prácticamente parada.
Decisiones del pasado
El maná del que la Villa Blanca, como todas las poblaciones de su entorno, ha bebido durante las últimas décadas atraviesa la más pertinaz de las sequías y eso ha provocado que no pocos hayan puesto en tela de juicio las decisiones, las propias y las de las distintas administraciones políticas, tomadas en el pasado.
Esas que llevaron al abandono casi total de oficios y quehaceres más tradicionales y que, quizás, podrían haber representado ahora una alternativa viable para muchas familias.
Declive agrícola
En ese mismo sentido, mientras que la pesca sigue siendo un sector muy vivo en Altea, la agricultura ha ido viviendo un progresivo e imparable declive durante las últimas décadas. No fueron pocos los que, desde la década de los 60 del siglo pasado, apostaron por arrancar sus plantaciones para enterrar en ese mismo suelo los cimientos, literales y metafóricos, del turismo.
Edificios residenciales, urbanizaciones u hoteles han ido ganando terreno a los cultivos hasta conformar el paisaje urbano que hoy conocemos.
La entidad agrícola no tuvo más remedio que presentar el concurso de acreedores y despedir a más de cien empleados
Concurso de acreedores
Una de las últimas víctimas, seguramente la más dolorosa de todas ellas, de este proceso ha sido la Cooperativa Agrícola de Altea, una institución con muchos años de historia en la Villa Blanca que llevaba atravesando -y salvando- momentos más que delicados mucho tiempo, pero a la que el 2020 se le hizo demasiado cuesta arriba, hasta terminar presentado el concurso de acreedores hace sólo unas semanas.
Tras muchos años de dificultades, 2020 supuso el final de la historia de una de las instituciones más representativas del municipio
Aquella decisión fue el último clavo en el ataúd de una entidad agrícola que a principios de 2020 presentó el preconcurso de acreedores, en un último intento por salvar no sólo su actividad y su propia existencia, sino los no pocos puestos de trabajo, directos e indirectos, que su presencia representaba.
Así, los últimos meses de vida de la Cooperativa Agrícola de Altea se centraron en encontrar algún método de viabilidad para la entidad. Se priorizó la búsqueda de un socio capitalista que creyera en el futuro de una institución con décadas de historia, pero todo fue baldío. Con un pasivo arrastrado de ocho millones de euros, a sus gestores no les quedó más remedio que colgar el cartel de ‘cerrado’ y despedir a todos sus trabajadores.
A la espera del informe
Para este proceso, que parece ya del todo irreversible, el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante ha depositado en Pedro Menor la responsabilidad de administrar ese concurso, en el que los acreedores han dispuesto del plazo de un mes para comunicar, de forma fehaciente, los créditos y deudas que mantienen con la Cooperativa.
Tras cumplirse ese plazo, el proceso se va acercando a su final, y estamos ahora en el tramo de dos meses en el que el administrador debe redactar su informe de situación final. Un documento en el que deberá hacerse público tanto el activo como el pasivo de la entidad y, por supuesto, las deudas contraídas con los acreedores.
Una vez que el próximo mes de mayo termine ese plazo, será el momento de elaborar el convenio que regulará ese concurso de acreedores y que, en caso de que no se produzca un acuerdo entre las partes, deberá ser remitido al juez instructor para que sea él quien abra la fase de liquidación de la empresa.
Ocho millones de deuda
En ese último paso, si es que se llega al mismo, el magistrado deberá liquidar todos los bienes de la Cooperativa Agrícola de Altea, con el objetivo de cubrir el máximo posible de la deuda contraída con los acreedores.
Será ese, por lo tanto, el triste final de una entidad agrícola que en esta última fase de su agonía tuvo que prescindir de la mayoría de los algo más de cien trabajadores que seguían en su nómina, una decisión que llegó en el peor momento posible ya que el parón del otro gran motor económico de la localidad, el turismo, se encuentra en su propia lucha por la supervivencia.
El último informe hecho público situaba la deuda de la Cooperativa en los ocho millones de euros
Complicaciones que no acaban
En cualquier caso, se trata de un culebrón que todavía no ha vivido su capítulo final ya que, según los últimos informes públicos de la situación de la Cooperativa Agrícola de Altea, la misma arrastraba, como se ha indicado, una deuda de unos ocho millones de euros, contando en ese momento con unos activos que superaban por poco los diez millones.
Esta realidad, que deberá ser rediagnosticada y puesta al día en el informe que el actual administrador realice en las próximas semanas, puede complicarse mucho ya que ese activo con el que, efectivamente, podría cubrirse la deuda fue hipotecado durante 2020 al ejecutar una póliza de crédito por valor de 2,3 millones de euros con una entidad bancaria.
