Demoledor. No puede haber otro calificativo para el informe final que el administrador nombrado por el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, Pedro Menor, ha comunicado con el resultado final de la auditoría que tenía que fijar la cantidad final de los créditos y deudas que llevaron a la Cooperativa Agrícola de Altea a la quiebra y al concurso de acreedores, con el consiguiente despido de toda su masa laboral.
Varapalo inesperado
El varapalo ha sido, sencillamente, mucho más fuerte de lo esperado. Si en el número anterior de AQUÍ en Altea avanzábamos que las estimaciones de la propia cooperativa situaban su pasivo arrastrado en unos ocho millones de euros, con unos activos que rondarían los diez, la realidad es mucho peor, elevándose esa deuda hasta los 28’7 millones de euros, triplicando, por lo tanto, aquellas estimaciones.
La deuda final, conocida después de que todos los acreedores hicieran llegar a Menor las cantidades que tienen pendientes con la institución alteana, asciende a un acumulado de casi 19 millones de la cooperativa y los cerca de 10 millones que arrastra Villanaranja SL, una empresa creada por la propia cooperativa con la finalidad de operar en el mercado andaluz.
Los bancos, con Caixaltea a la cabeza, son los principales acreedores de la ya desaparecida empresa
Deuda bancaria
De todo ese montante, la gran mayoría de la deuda recae sobre las cuentas de diversas entidades bancarias, sumando entre ellas más de dieciocho millones de euros, con la entidad local Caixaltea (perteneciente al Grupo Cajamar-Caja Rural) como principal afectada al soportar más de cinco millones y medio de ese total.
Pero lo más doloroso, sin duda, para los antiguos trabajadores de la Cooperativa Agrícola de Altea y, por lo tanto, para la propia sociedad de la Villa Blanca, son los más de dos millones de euros que se les adeuda; una cantidad a la que también hay que sumar otros gastos derivados, como el más de millón y medio de euros que se debe a la Seguridad Social.
El drama para los antiguos asalariados de la empresa no acaba aquí, ya que a la cantidad anteriormente descrita hay que sumar algo más de millón y medio de euros que tienen pendiente de cobro los trabajadores de Villanaranja SL, la filial mencionada anteriormente para operar en Andalucía, lo que sube hasta los cuatro millones los salarios no cobrados por un total de 175 trabajadores, lo que arroja una media de más de 22.000 euros de deuda por cabeza.
La Cooperativa adeuda algo más de dos millones de euros a sus antiguos trabajadores
Despidos improcedentes
Un alto porcentaje de esa deuda corresponde a las indemnizaciones que deberían haber recibido los trabajadores tras su despido una vez presentado el concurso de acreedores, pero la empresa no hizo efectivos esos pagos al considerar que los mismos constituían despidos procedentes. Sin embargo, los juzgados ya han emitidos diversas sentencias considerando esos ceses como improcedentes, por lo que la jurisprudencia es muy favorable para esos extrabajadores.
Ese daño social, más dramático si cabe en la actual situación de crisis económica galopante, se hace todavía más evidente si entramos al detalle del enorme listado de pequeños acreedores, en su mayoría empresas y autónomos de Altea y la comarca, con deudas inferiores, en la mayor parte de los casos, a los 50.000 euros.
Sin duda, esta situación será la que, desde las administraciones públicas, deberán tratar de corregir o paliar, habida cuenta de que, tanto en el caso de los empleos directos como en los indirectos, son cantidades que afectan de manera directísima a la economía de muchas familias de la Villa Blanca.
Los activos que deja tras de sí el concurso de acreedores no alcanzan para cubrir el 50% de la deuda arrastrada
Activos insuficientes
El espectacular incremento de la deuda, entre lo inicialmente previsto y lo finalmente reflejado en el informe del administrador concursal, no ha venido acompañado, para desgracia de los acreedores, de un aumento similar en los activos de la empresa, que en las estimaciones previas se fijaban en poco más de diez millones de euros y que este documento fija en poco menos de doce millones, es decir, insuficientes para cubrir ni tan siquiera el 50 % de la deuda.
Por lo tanto, la cuadratura del círculo se antoja tremendamente complicada para que todos los acreedores de la ya extinta Cooperativa Agrícola de Altea puedan recuperar su dinero. Las que mejor lo tienen en este sentido son las entidades bancarias, gracias a la preferencia en el orden de prioridades y, a la vez, podrían ejecutar hipotecas y préstamos sobre una serie de terrenos que son los principales activos que deja la empresa.
Justo por detrás de los bancos se sitúan, en ese mismo orden de cobro, los trabajadores con esos más de dos millones de euros pendientes, insistimos, en concepto mayoritariamente de indemnizaciones por despido.
