Apenas un año después de presentar la primera versión del plan y tener que retirarlo poco después por la frontal oposición de gran parte de la sociedad local, el ayuntamiento de Benidorm ha hecho públicas las líneas maestras del proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que, conforme marca la actual legislación, deberá entrar en vigor “no más tarde de 2023” y que, por lo tanto, se comenzará a implantar en la capital turística en los próximos meses.
Proyecto ambicioso
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, asegura que la Zona de Bajas Emisiones que se creará en la ciudad “comprenderá una superficie de 35 hectáreas y se dividirá en tres subzonas, como son Levante, el centro urbano y Poniente”.
Se trata, como ya se anunciara en su momento, de un proyecto ambicioso y que emana de la actual legislación europea para tratar de seguir avanzando en ese horizonte verde que ha marcado, en cuestiones relacionadas con la movilidad -entre otras muchas- la UE.
Benidorm solicitará una subvención de algo más de tres millones de euros para la ejecución del proyecto
Tres millones de euros
Como suele suceder en este tipo de iniciativas nacidas en Bruselas, los distintos estados miembros pueden acceder a un importante paquete de ayudas económicas para la puesta en marcha de sus proyectos, algo que, como explica Toni Pérez, Benidorm pretende aprovechar solicitando “una subvención de algo más de tres millones de euros”, para un proyecto “cuyas actuaciones estarán financiadas en su mayor parte por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”.
Tal y como ha explicado el primer edil, el proyecto que se ha diseñado para la obtención de la subvención contempla, entre otras actuaciones, “la creación de la Zona de Bajas Emisiones, los elementos asociados a la misma, la adecuación e instrumentalización de aparcamientos disuasorios con guiado a plaza, la implantación de aparcamientos para bicicletas seguros con mejora de señalización mediante ‘metrobici’ o la gestión de las zonas de carga y descarga en la ZBE”.
Pese al rechazo social mostrado hace ahora un año, la iniciativa debe llevarse a cabo para cumplir con la legislación vigente
Electrificación del transporte urbano
Pero el proyecto de creación de una Zona de Bajas Emisiones en Benidorm no puede quedarse únicamente en limitar el acceso a las vías afectadas por el mismo a vehículos con distintivo cero, sino que debe, sobre todo, ofrecer alternativas eficaces y sostenibles para que ciudadanos y visitantes puedan seguir accediendo a esas más de treinta hectáreas de la ciudad que quedarán vetadas a los combustibles fósiles.
Por ello, Benidorm tiene previsto, dentro de este plan, la adquisición de autobuses eléctricos, un sistema de recarga de bus eléctrico en el aparcamiento disuasorio de la Estación de Autobuses, y la implantación de un sistema de pago abierto y multiplatafoma asociado para transporte público y aparcamiento disuasorio.
Toni Pérez asegura que, según el documento que ya ha sido presentado ante el Consejo de Movilidad, la futura Zona de Bajas Emisiones prevista en Benidorm “comprenderá el ámbito territorial conformado por el conjunto de vías públicas, debidamente delimitadas, que presentan continuidad geográfica en las que se implanten medidas especiales de regulación de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para la reducción de las emisiones contaminantes”.
Dentro de este plan se tiene previsto la adquisición de autobuses eléctricos
Imperativo legal
Se trata de una medida que ya generó un importante rechazo social hace ahora doce meses, cuando se presentó por vez primera, pero que Benidorm no puede esquivar ya que, como explicó en su momento José Ramón González de Zárate, edil de Movilidad de la capital turística, está obligada a implementarlo tal y como marca la actual legislación.
En concreto, la normativa especifica que Benidorm, como el resto de ciudades de más de 50.000 habitantes de la Unión Europea, deberán tener en marcha sus propios proyectos de zonas de bajas emisiones “no más tarde de 2023”, lo que deja un plazo de poco más de un año para que este nuevo paso hacia una movilidad sostenible sea una realidad.
Plan de Movilidad
Así mismo, el programa de ayudas a municipios para la implantación de las ZBE, dotado con 1.000 millones de euros en dos anualidades, establece también la obligatoriedad de disponer de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un documento del que ya dispone Benidorm.
Gracias al mismo, y al cumplimiento del resto de requisitos establecidos en la convocatoria, la capital turística podrá acceder al límite máximo de los costes subvencionables, que está fijado en el 90 por ciento de cada actuación.
