Con permiso del volcán de La Palma, que abarca gran parte de todos los informativos, me gustaría analizar otras realidades del país que sí nos afectan a todos. No es una cuestión de insensibilidad, por supuesto que hay que solidarizarse con los habitantes de la isla y que deben recibir todos los apoyos, pero lo que allí está ocurriendo es noticia por lo espectacular que resultan las imágenes -ahora ya incluso con la llegada de miles de turistas para verlo en directo-, no por las repercusiones ya que realmente afectan solo a una pequeña parte de una pequeña isla, y que me perdonen los afectados.
Para lo que sí tendrían que tener una sección esos informativos, es para hacer un seguimiento sobre cuando llegan esas ayudas que cada vez que hay una desgracia se prometen, pero que luego se eternizan. Es muy fácil decir esas palabras de “nadie se va a quedar atrás”, pero la realidad no es tan clara, y si no que se lo pregunten a muchos de los damnificados por la DANA de 2019.
Sin periodismo no hay democracia
Se dice muchas veces que sin periodismo no hay democracia, y este tema es un buen ejemplo. Cuando las redes sociales invaden el día a día y los medios tradicionales pierden audiencia, una pequeña parcela de democracia se derrumba. Sin lectores, oyentes o televidentes no hay publicidad; y sin publicidad, no se puede pagar a periodistas para investigar; y sin investigar, cada político nos contará todo lo que ha hecho sin que se pueda contrastar.
Es una pena, pero hacia ese acantilado estamos llevando nuestros pasos. Si el ciudadano solo está interesado por gatitos, niños correteando y chorradas diversas, luego cuando nos influya no nos quejemos, porque seremos corresponsables de que lo que nos cuenten no sea cierto, como lo seríamos si dejamos a los hijos que digan donde han estado sin interesarnos si es cierto porque estamos a lo nuestro.
Reparto desigual
Por entrar en temas concretos, lo cierto es que cada vez las cosas se agitan más. Lo primero han sido esas sentencias del Tribunal Constitucional decretando los dos estados de alarma como inconstitucionales; algo que ya dijimos entonces en este periódico, con lo que cuesta creer que en el Congreso no lo supieran. Eso sí, lo difícil será depurar responsabilidades, que estarían claras si la sentencia fuera hacia una empresa privada o cualquier ciudadano.
Mientras, seguimos inmersos en dos batallas. Por un lado, se está gestionando la ley anual más importante e imprescindible en la gestión pública, que es la de los Presupuestos Generales del Estado. Una vez más, como lleva pasando desde que gobernaba Suárez, la necesidad del voto de las fuerzas minoritarias hace que Euskadi y Cataluña salgan enormemente favorecidas. Ya ni lo disimulan y salen presumiendo y amenazando con pedir más.
En cierta forma les envidio. Llevan toda la democracia consiguiendo lo que se van proponiendo gracias a la Ley Electoral de España, que en lugar de ser una demarcación única elige sus representantes por provincias, y los partidos nacionales, a los que se votan por estas tierras, debe claudicar ante sus peticiones.
¿Dónde están los nuestros?
Luego, además, esos representantes provinciales en los partidos de ámbito nacional se someten a la disciplina del partido. ¿Alguien se imagina a un diputado por Alicante del PSOE o del PP diciendo que vota en contra de lo que dice su partido si, por ejemplo, no se ejecuta el doble carril por sentido en la N332 o el tercer carril en la autovía a Murcia?
Dando por hecho que el gobierno de todos (una vez más hayan sido del signo político que hayan sido) se someterá a las exigencias de los partidos que representan a unos pocos, existen otras guerras. Por ejemplo, la de la derogación, cambio o como quieran denominarlo de la reforma laboral.
Realidad o ficción
La disputa sobre quien va a liderar los cambios que finalmente se quieran aplicar deberían dirimirse en el fuero interno del Gobierno y siempre encabezado por su presidente, que es la máxima autoridad en nuestro estado de derecho, a nivel político.
Pero han pasado varios años, y ahora nos encontramos con una especie de reality show para que las televisiones nos cuenten como se pegan dentro de la gran casa común, que es el Congreso, nada menos que las dos vicepresidentas. Mientras, miran perplejos tanto la patronal como los sindicatos a la espera de saber cómo acaba la ‘pelea’ para poder valorar.
Uno ya no sabe si es realidad o una forma de intentar tapar un problema que nos afecta a todos. Debido al coste de los suministros, que increíblemente parece que no se pueden controlar de ninguna forma a pesar de ser un bien de primerísima necesidad, el IPC ha crecido hasta el 5,5%, la mayor subida en 29 años y lo que va a condicionar precios de alquileres, pérdidas de poder adquisitivo, etc.
¿Quién tiene el verdadero poder?
Digo lo de increíblemente porque si se han podido cerrar los negocios de cientos de miles de autónomos y pequeños empresarios, lo que a su vez genera paro y precariedad en muchas personas, todo por una emergencia sanitaria; parece difícil de entender que no se pueda también actuar por decreto contra los abusos de empresas básicas que están generando una crisis humanitaria.
Y perdónenme los abogados y demás expertos en la materia legislativa, porque estoy seguro que todo esto tiene una base sólida en lo referente a diferentes legislaciones, pero como ciudadano de a pie cuesta entenderlo.
Es cierto que a nosotros nos meten en casa por decretar un estado de alarma que luego es inconstitucional y no pasa nada; y en cambio, si decretan algo contra estas macroempresas y luego pierden en los juzgados sería otro cantar.
Dicho esto, ahora nos acostumbraremos de nuevo al cambio horario y seguiremos inmersos en esa globalización que hace a unos pocos más ricos y al resto más pobres.
