Ana Vega / Presidenta provincial de Vox
Los últimos años han supuesto un auténtico quebradero de cabeza para todas aquellas familias que piensan -que pensamos- que deben ser los padres y no el Estado quien decida qué clase de educación moral y religiosa -pero principalmente la primera- deben recibir nuestros hijos en las escuelas.
Porque así lo determina el artículo 27.3 de nuestra Constitución y porque, disposiciones normativas a un lado, se trata de una cuestión de sentido común. Porque los niños no son del Estado y porque los padres asumimos -por natura y por Ley- su patria potestad que nos responsabiliza del libre desarrollo de su personalidad, al menos, hasta su mayoría de edad o emancipación.
«La izquierda quiere que los futuros ciudadanos sean obedientes en lugar de críticos»
Derecho a discrepar
Y ello nos da derecho a negarnos a que les enseñen cuestiones sexuales cuando no estemos de acuerdo. Nos da derecho a negarnos a que reciba ningún tipo de adoctrinamiento ideológico fruto de la obcecación del político de turno que esté en cada momento en el poder. Nos da derecho a negarnos a que nuestros hijos reciban enseñanza en valores manifiestamente contrarios a los que profesen nuestras familias.
Porque desde que gobierna la izquierda ha primado la creación de una generación de “buenos ciudadanos obedientes” en lugar de una generación de individuos críticos, independientes y, ante todo, libres. Libres de decidir qué clase de personas quieren ser y con el único límite del respeto a los derechos de los demás.
Pero, desgraciadamente para los padres y para el futuro de España, no es así. Es obligatorio poner freno al Estado en cuestión educativa. Prácticamente nos va la vida en ello.
