Desde el pasado 4 de diciembre en toda la Comunidad Valenciana se exige el certificado de vacunación contra la covid-19 para la entrada a diversos lugares cerrados como en ciertos locales de hostelería, eventos públicos, hospitales o residencias de mayores. Una exigencia que fue ampliada posteriormente al total de la hostelería, gimnasios, instalaciones deportivas y cines. En principio, estará vigente hasta el 31 de enero.
Estas nuevas normas aprobadas por el Consell han generado el ya clásico debate, que hemos vivido en numerosas ocasiones durante esta pandemia, sobre si el perjuicio sobre nuestros derechos fundamentales es proporcional a la salvaguarda de la salud pública. Eso sí, a pocos sorprendió que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) diera su visto bueno en ambas ocasiones, tras una breve deliberación de apenas unos días.
Contradicciones entre tribunales
Y es que desde que comenzara esta pandemia nuestro máximo órgano judicial autonómico ha validado todas las restricciones aprobadas por el Govern… algo que no ha sucedido en otras regiones de España.
Incluso a pesar de que el Tribunal Constitucional en julio declarase ilegal el confinamiento de 2020, al considerar que esta medida no estaba amparada en el estado de alarma, nuestro TSJCV no encontró posteriormente ningún inconveniente en avalar los toques de queda propuestos por el Consell hasta septiembre, cuando entonces ni tan siquiera había ningún estado de alarma vigente.
Estas aparentes contradicciones legales han hecho disparar las dudas sobre la independencia real del TSJCV respecto al poder político, un principio clave en el que se sustenta todo Estado de Derecho y por tanto toda democracia. Por ello en este periódico hemos querido preguntar sobre esta cuestión a dos reconocidos expertos jurídicos.
«A muchos juristas nos alarman las sentencias autorizando toques de queda sin un estado de alarma vigente» V. Rodríguez
Críticas a las restricciones
“Este TSJCV está siendo muy pro-Consell. Es curioso ver que en otras comunidades con mayores incidencias de covid los tribunales superiores están tumbando el certificado. Necesitamos una ley de pandemias que regule esto, porque es evidente que dejarlo al albur de cada juez no está funcionando” opina Juan de Dios Vargas, abogado penalista y detective privado.
“Muchos juristas nos hemos alarmado con estas sentencias que autorizan restricciones como los toques de queda sin estado de alarma. En otras comunidades los tribunales han sido mucho más garantistas con los derechos fundamentales de los ciudadanos” nos indica Victoria Rodríguez, experta en Derecho Procesal y docente de la Universidad Miguel Hernández.
«Casi todos los que nos dedicamos al Derecho creemos que los jueces no deberían ser elegidos por los políticos» J. Vargas
Nombramientos políticos
Lo cierto es que los partidos políticos participan muy directamente en el nombramiento de los magistrados que forman los tribunales superiores autonómicos. El presidente es un cargo designado directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos veinte vocales son a su vez elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado.
El CGPJ también nombra directamente a algunos magistrados del TSJCV que lo son por razón de su cargo (miembros natos) como por ejemplo a los presidentes de las audiencias provinciales de Alicante, Valencia y Castellón. Incluso la propia Ley Orgánica del Poder Judicial dictamina que uno de cada tres magistrados en las salas de Lo Civil y lo Penal deben ser nombrados por el CGPJ entre tres candidatos propuestos por el parlamento autonómico.
“Creo que prácticamente todos los que nos dedicamos al Derecho coincidimos en que los jueces deberían ser elegidos por los propios jueces, y no por los políticos. Así siempre ocurre lo mismo, que los magistrados atufan a izquierdas o derechas, cuando en teoría no deberíamos saber de qué ideología son” nos expresa Vargas.
“Desgraciadamente este pasteleo entre los políticos y jueces impide la práctica separación de poderes en España. Desde 1985 el poder judicial está totalmente maniatado por los dos grandes partidos” nos aduce Rodríguez.
El mandato de la actual presidenta del TSJCV vence próximamente
Otras polémicas
La independencia del TSJCV ha estado ya en entredicho en diversas cuestiones desde tiempos anteriores a la pandemia. Por ejemplo, si bien en 2018 tumbó parcialmente el decreto de plurilingüismo elaborado por la Conselleria de Educación dado a su “discriminación hacia el castellano”, algunos juristas opinan que han sido excesivamente permisivos en este asunto. “En el tema de la lengua están continuamente corrigiendo sentencias de los juzgados ordinarios, siempre en la línea del Consell” nos asegura Vargas.
Más atrás en el tiempo fue especialmente polémico el archivo de la causa contra Francisco Camps dentro de la trama Gürtel en 2009. Por aquel entonces el presidente del TSJCV era Juan Luis de la Rúa, a quien el propio Camps definió públicamente como “más que un amigo”. Durante los diez años que este citado juez ocupó el cargo, el Govern invirtió unos 60.000 euros en reformas para mejorar la vivienda y el despacho que utilizaba en el Palacio de Justicia de Valencia.
El propio Tribunal Supremo acabaría forzando al TSJCV a reactivar la causa contra Camps. En el juicio fue declarado no culpable por un jurado popular en decisión no unánime. Algunos juristas opinan que de la Rúa no dirigió objetivamente este caso, e incluso se le acusa de haber despreciado como prueba un informe incriminatorio de la Policía.
Presidencias
Más allá de su mayor o menor independencia respecto al poder político, según el abogado Vargas el funcionamiento interno del TSJCV también es mejorable en otros aspectos. “Suele tardar muchísimo en resolver los recursos. Como muestra, ahora mismo se están fijando los juicios para finales de 2022. Esta tardanza siempre favorece a los delincuentes y perjudica a los inocentes” nos aduce.
A pesar de todo ambos entrevistados tienen una consideración positiva sobre Pilar de la Oliva, actual presidenta del tribunal autonómico. “El sentir mayoritario es que está haciendo un buen papel” nos dicen. Su mandato está ya próximo a finalizar, después de diez años en el cargo.
Rodríguez critica, eso sí, que la Sala de lo Contencioso-administrativo (precisamente la sección donde se han valorado las restricciones sanitarias) esté presidida actualmente por un especialista en Derecho Tributario como es Manuel José Baeza. “Legalmente nada le impide ostentar el cargo, pero lo lógico sería que hubiera un auténtico experto en Derecho Administrativo presidiendo esta sala” considera.
