La Diputación de Alicante analizará el efecto de la subida de los precios de las materias primas en las obras que impulsa la institución y estudiará la aplicación de medidas para compensar a las empresas adjudicatarias este incremento y asegurarse la correcta ejecución de las obras.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, se ha reunido con los diputados y técnicos de las principales áreas de gestión afectadas – Infraestructuras, Ciclo Hídrico, Carreteras, Contratación, Intervención o Secretaría, para analizar la situación generada por la inflación y la subida de precios y analizar fórmulas que palien este problema.
El diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez, ha asegurado que “estamos trabajando no ahora, sino desde el principio de la pandemia, para aplicar en todas las actuaciones los precios de referencia que marca el Instituto Valenciano de la Edificación”.
Gutiérrez ha avanzado que desde la institución provincial se podrá en marcha además “herramientas para que se pueda actuar de forma ágil y operativa, garantizando el plazo de ejecución de las obras, que en el caso de Planifica se podrán realizar hasta 2023”.
Durante la reunión se han valorado los efectos de la subida de las materias primas para evitar, si se diera el caso, que las empresas adjudicatarias de las obras de la Diputación tuvieran dificultades para concluir las infraestructuras ya iniciadas o pudieran plantearse renunciar a la licitación por no ajustarse la misma a los precios actuales.
En este sentido, la institución provincial estudiará la posibilidad de aplicar un ajuste en los precios para compensar la subida y garantizar de esta forma la ejecución de la obra, siempre y cuando queden acreditados por los servicios técnicos de la Diputación los efectos negativos del incremento de las materias primas en la construcción de cada obra adjudicada.
El titular de Infraestructuras ha insistido en que “estamos en una situación de normalidad, donde todas las obras en ejecución están llevándose a cabo” y ha lamentado que “la rigidez Ley de Administración de carácter estatal, que no permite implementar muchas herramientas para la actualización de precios”.
