El alcalde de Elche, Carlos González, considera que la aprobación por parte del Gobierno de España del real decreto que regulará el bono joven de alquiler “es un paso en la dirección correcta, porque se dirige hacia un colectivo que, como consecuencia del intenso encarecimiento del precio de la vivienda de alquiler en las ciudades y de la precariedad laboral, se encuentra con graves dificultades para acceder a una vivienda lo que dificulta y retrasa la emancipación”.
A juicio del alcalde “medidas como ésta, que suponen una ayuda directa para el pago de la renta mensual, son un apoyo fundamental para quienes ya viven de alquiler y destinan un elevado porcentaje de su salario al pago de la renta, o bien un estímulo para aquellos jóvenes que desean emanciparse, pero no les salen las cuentas”.
Según las estimaciones municipales, el bono joven de 250 euros puede suponer entre un 40 y un 50 por ciento de la renta media de alquiler de un piso de 90 m2 en Elche, dado que con arreglo a los datos del mercado el precio medio de alquiler en Elche se encuentra en 2022 entre los 5 y 6 euros/m2, según las zonas, lo que para viviendas de 90 m2 representa rentas comprendidas entre los 450 y los 540 euros mensuales, lo que según el alcalde “es una ayuda significativa que posibilita que en ciudades como la nuestra los jóvenes que ya han accedido al mercado de trabajo puedan alquilar una vivienda y emanciparse”.
En directa relación con ello, González ha señalado que una vez que se publique y entre en vigor, “el Ayuntamiento se va implicar activamente para informar y asesorar a los jóvenes ilicitanos sobre la iniciativa, sus requisitos y como tramitarlo”.
El alcalde estima que “cerca de un millar de ilicitanos e ilicitanas de entre 18 y 35 años se podrán beneficiar de estas ayudas, lo que a su juicio es una cifra muy significativa y además tiene efectos retroactivos desde comienzos de 2022”.
Los beneficiarios deberán tener ingresos no superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que supone unos ingresos de cerca de 24.300 euros anuales. La vivienda arrendada deberá tener la consideración de habitual y permanente y una renta máxima de 600 euros al mes. En el caso de los alquileres de habitación, estos límites de precio serán de hasta 300 euros por habitación, un tope que podrá elevarse hasta los 450 euros si así lo establece la Comisión de seguimiento.
Aunque este bono joven de alquiler no podrá sumarse a otros subsidios parecidos que otorgan las comunidades autónomas, sí será compatible con las ayudas para jóvenes que contempla el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.
Según el INE, en España hay casi 600.000 inquilinos de ingresos bajos que no superan los 35 años de edad.
La renta máxima del inmueble alquilado será con carácter general de 600 euros. Sin embargo, como ya sucedió con otras medidas de la pandemia, las comunidades autónomas que lo deseen podrán subir ese límite a 900 euros.
La ayuda también se podrá conceder a quienes no alquilan un piso, sino una habitación suelta cuyo precio debe ser menor de 300 euros.
Tras la publicación del decreto en el BOE, el Gobierno convocará una conferencia sectorial para concretar cómo se reparten los 200 millones presupuestados para este año.