La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado inicialmente este viernes por una amplia mayoría la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como plusvalía. El acuerdo, que se remitirá para su aprobación definitiva al pleno ordinario del próximo jueves 24, ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos), de los grupos socialista, Compromís y Unidas Podemos (27 votos a favor en total), mientras que los dos ediles de Vox se han pronunciado en contra.
“Esta comisión ha tenido un carácter eminentemente técnico”, ha destacado la edil de Hacienda, Lidia López, “con el objetivo de adaptar la Ordenanza municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre pasado y al posterior decreto del Gobierno central para aportar la necesaria seguridad jurídica al contribuyente alicantino”.
Este proyecto de modificación de la Ordenanza, contra el que no se ha presentado ninguna enmienda, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Mientras, la Concejalía de Hacienda ha puesto a disposición de los contribuyentes en la web municipal (www.alicante.es) toda la información útil sobre la sentencia del Alto Tribunal y un enlace para conocer en cada caso el cálculo de la liquidación y como afecta a los ciudadanos la nueva base imponible de este tributo.
Rechazo a la rebaja del impuesto de vehículos
Por otra parte, la comisión de Hacienda ha rechazado inicialmente la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos presentada por el grupo de Vox. La propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno (nueve del PP y cinco de Ciudadanos) y la abstención de PSOE, Compromís y Unidas-Podemos. Sólo el grupo proponente se ha pronunciado a favor.
“Este equipo de gobierno demuestra a diario que está a favor de la rebaja de impuestos”, ha explicado la edil Lidia López, “pero también tenemos que aplicar criterios lógicos de estabilidad financiera y presupuestaria para actuar con responsabilidad y no poner en riesgo la recaudación que garantice las inversiones, ni la prestación de servicios públicos esenciales que nos reclaman los alicantinos”.
