La Diputación de Alicante ha exigido la rectificación del modelo de reparto de ayudas que la Generalitat quiere implantar el próximo año en la provincia a través del Fondo de Cooperación. Esta demanda ha sido defendida por los diputados Javier Gutiérrez, titular de Infraestructuras, y María Gómez, responsable del área de Hacienda, durante la primera reunión organizada para la coordinación de este programa.
Javier Gutiérrez ha lamentado que “se haya desperdiciado la oportunidad de plantear en esta mesa de debate una solución alternativa que, a pesar de nuestra predisposición negociadora, no ha salido adelante por el bloqueo y cerrazón de los representantes de las administraciones gobernadas por los socios del Botànic”.
Durante el encuentro, los diputados han pedido “que se quede encima de la mesa la propuesta del plan sectorial del Consell para aplicar en su lugar los criterios del Plan + Cerca, una iniciativa de la institución provincial que se ha demostrado que realmente es mejor”.
El titular de Infraestructuras ha argumentado que, con el modelo de reparto de la institución provincial, llegarán a los municipios de menos 5.000 habitantes más de la mitad de los 14 millones de euros anuales con los que contará el Fondo de Cooperación el próximo ejercicio. “Sin embargo, con los criterios del Botànic, las poblaciones más vulnerables pierden más de cuatro millones de euros de capacidad de financiación y solo recibirán 2,6 millones”, ha asegurado.
Como ejemplo, ha mencionado el caso de Penáguila, que pasará de 90.000 a 28.000 euros, o Alcoleja, que verá reducida su asignación de 80.000 a 20.000 euros. “Ahí es donde se ve claramente la diferencia entre lo que defiende Diputación y lo que impone la Generalitat por la ley del rodillo”, ha afirmado.
Al respecto, el diputado ha recordado que el espíritu de las diputaciones es favorecer a las poblaciones más pequeñas. “No olvidamos tampoco a las grandes ciudades, pero hay que tener en cuenta que algunas de ellas tienen más presupuesto que la Diputación y recibirán con los criterios de la Generalitat casi 8 millones, más del 50% de los fondos disponibles para 2023”.
La diputada de Hacienda ha advertido, en este sentido, de que “con esta forma de hacer las cosas, se está incumpliendo el preámbulo de la propia Ley del Fondo de Cooperación que dice claramente que urge a actuar para eliminar las desigualdades entre municipios y ayudar a que se desarrollen”.
Por todo ello, María Gómez ha insistido en que “el modelo de reparto que ha impulsado el equipo de gobierno de la institución provincial, integrado por PP y Ciudadanos, es un modelo claramente más justo y ventajoso para los municipios que más lo necesitan porque carecen de menos recursos”.
En el encuentro entre administraciones, se ha hablado además del Fondo de Despoblación de la Generalitat para el próximo ejercicio. Según ha confirmado Gutiérrez, “solo beneficiará a 29 ayuntamientos alicantinos y muchos otros se quedarán fuera, por lo que hemos pedido cambios”. Este año la Diputación ha destinado 2,5 millones para esta finalidad que se han distribuido entre 107 municipios.
Además, ha criticado la composición de este órgano decisorio “al que solo se ha invitado a dos representantes alicantinos”. A la reunión han asistido siete representantes de la Generalitat, entre ellos el director general de Administración local, Toni Such, cuatro de la FEMP y dos de cada una de las tres diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana.
