El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves una declaración institucional en la que reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que sitúan a Alicante a la cola de la inversión en España durante 2023. La corporación denuncia el «agravio» que suponen las cuentas del Estado y exige a Ximo Puig que destine a mejoras de la ciudad parte de los 300 millones extra que recibió de los las cuentas generales de 2022.
El alcalde, Luis Barcala, ha subrayado la unanimidad en la valoración de que estos presupuestos son malos para Alicante. «Son malos y son malos de solemnidad, llueve sobre mojado. Nos dejan los últimos de España. Por tercer año consecutivo han ido disminuyendo las inversiones para la provincia. Pedro Sánchez a este paso dejará a 0 la consignación para Alicante», ha manifestado el alcalde.
La vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, ha recordado que «Alicante se queda a la cola de España una vez más con 84,46 euros por habitante» ha señalado después de repasar la caída año tras año de la inversión. «Valencia 939 millones, Castellón 169 y Alicante 160,8 millones. Soria recibe 1.100 euros por no llega a 100 Alicante, cuando Hacienda recauda más de 3.000 millones de euros anuales de la provincia» ha explicado la también portavoz del grupo de Ciudadanos.
Mari Carmen de España, portavoz popular, ha insistido en esta idea, al tiempo que ha resaltado el rechazo a los presupuestos no solo de la parte política, sino también de la parte social y empresarial. «Estos presupuestos van a destrozar el futuro de la provincia y de la ciudad de Alicante, son una auténtica vergüenza cuando somos la séptima provincia que más impuestos paga. Los alicantinos no se merecen este castigo, que compromete el desarrollo y el futuro de nuestros ciudadanos. Los alicantinos no somos menos que nadie».
De España ha pedido el apoyo de PSOE, Unidas Podemos y Compromís a esta declaración, que ha llegado avalada por los grupos municipales de Populares, Ciudadanos y Vox.
El alcalde Luis Barcala ha recordado que se mandó el 14 de octubre el texto a todos los grupos para que se sumaran a esta iniciativa, sin que obtuvieran contestación más allá del apoyo de Vox. Luego presentaron otras dos aparte sobre el mismo asunto, una del grupo socialista y otra de Unidas Podemos y Compromís.
La declaración ha salido adelante con los 16 votos de los grupos proponentes: Populares (9), Ciudadanos (5) y Vox (2). Unidas Podemos (2) y Compromís (2) se han abstenido, mientras que el PSOE (9) se ha quedado solo en su voto en contra a la declaración institucional.
La declaración insta al Gobierno de España “a que rectifique el proyecto presentado de Presupuestos con el fin de que se subsane este agravio y el enorme déficit de financiación con la provincia de Alicante y de este modo, se financie de manera justa y proporcional a nuestra provincia”.
La propuesta del equipo de Gobierno también reclama al Consell de la Generalitat Valenciana que destine parte de los 300 millones extra de los que dispone de los PGE del ejercicio 2022 que recibió para infraestructuras con el fin de mejorar la ciudad de Alicante, además de los 53 millones del fondo de compensación interterritorial de los que se beneficiará el próximo año la Comunidad Valenciana, con los que se pretende corregir los desequilibrios entre autonomías y, por tanto, se haga efectivo el principio de solidaridad.
Relegados a la última posición de España
El texto de la declaración institucional refleja que el Gobierno de España “ha relegado” a la provincia de Alicante a la última posición en el Anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y destaca que los 160,8 millones de euros que va a destinar para ejecutar inversiones en la provincia suponen el peor dato de la historia siendo, además, la cifra más baja por habitante de todo el país para el próximo año.
“Se trata de menos de un tercio de lo que nos correspondería por volumen de población, esto es, 537 millones de euros frente a los 160 millones que se van a destinar”, añade la iniciativa promovida por los grupos popular y de Ciudadanos. “Si esto no fuese poco”, prosigue, “es el tercer año consecutivo en que la cifra de financiación baja, ya que en 2021 se destinaron 298,8 millones de euros a la Provincia, en 2022 la cifra bajó a 183,6 millones y para el año 2023 se han previsto 160,8 millones”.
A su vez, la declaración recalca que la provincia de Valencia “se va a beneficiar” de 939 millones de euros de las arcas estatales (el 74% de toda la inversión del Ejecutivo central en la Comunidad), mientras que Castellón recibirá 169 millones, nueve más que Alicante, a pesar de contar con menos de un tercio de la población. “Por contra, somos la segunda provincia de España en la que más ha crecido la población desde 2020 y en consecuencia, no podemos más que denunciar el menosprecio constante al que someten a los alicantinos”, recalca.
“Los datos son desalentadores”, continúa la declaración. “Los 160,8 millones que se van a destinar a Alicante equivalen a la irrisoria cifra de 84,46 euros por alicantino, 200 euros menos que la media nacional cuando somos una provincia eminentemente emprendedora y solidaria con el conjunto del Estado”. Por su lado, Soria encabeza la lista con la mayor inversión por habitante en las distintas provincias, ya que va a recibir 1.103,53 euros por residente.
Para recalcar la sensación de “agravio” también subraya que Alicante es la séptima provincia que más impuestos paga en España este año, y la primera entre las que no son capital autonómica. “Por tanto”, insiste el Gobierno municipal, “no podemos permitir que el Estado recaude 3.000 millones en Alicante este año, y sea esta cifra 19 veces inferior de lo que prevé invertir en 2023”.
Datos que comprometen el futuro de la provincia
“Los alicantinos no pueden permitirse esta infrafinanciación y este castigo intolerable por parte del Estado”, reitera el Ejecutivo municipal. “Con estos datos, se están comprometiendo las oportunidades de crecimiento de nuestra provincia, la competitividad de nuestras empresas y el futuro de los ciudadanos que viven y trabajan en nuestro territorio”.
Al mismo tiempo, el equipo de Gobierno considera fundamental que haya una acción mancomunada en defensa de la provincia, “que sume a todos los agentes interesados e involucrados en evitar el empobrecimiento de Alicante, porque la falta de inversión pública supone la fuga de talento profesional y de empresas que escapan hacia otros territorios donde sí hay fondos públicos para generar actividad económica y desarrollo de puestos de trabajo, como así han apoyado en este mismo sentido las diferentes organizaciones empresariales de Alicante, por considerar estos PGE absolutamente contrarios a los intereses y al futuro de Alicante”.
Centenario del Hércules
La Corporación Municipal también ha aprobado por unanimidad, a propuesta del equipo de gobierno municipal, una declaración institucional de respaldo y homenaje al Hércules Club de Fútbol, personas y profesionales vinculados a la entidad en su Centenario, por esta centuria representando a la ciudad y convirtiéndose en bandera y orgullo para todos los alicantinos.
La declaración institucional, leída en el Pleno, realiza un recorrido histórico desde la fundación de la entidad hasta la actualidad, resaltado sus señas de identidad y su vinculación a la ciudad, además de las personas y profesionales que han marcado su trayectoria a lo largo de estas diez décadas de fútbol de primer nivel en la ciudad.
“El Pleno del Ayuntamiento de Alicante rinde homenaje al Hércules C.F. en conmemoración de sus 100 años de historia, por haber representado a la sociedad alicantina todo este tiempo, convirtiéndose en bandera y orgullo para todos los alicantinos y por ser, sin duda, patrimonio de la ciudad que lo vio nacer», señala la declaración institucional.
Pendientes del AVE
El Pleno ha aprobado por unanimidad otra declaración institucional a instancia del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, integrado por los grupos popular y de Ciudadanos, en la expresa su rechazo por el nuevo retraso de la alta velocidad ferroviaria y exige que se tomen cuantas medidas sean necesarias para acelerar su implantación, “puesto que es una infraestructura fundamental para la economía del Mediterráneo y de nuestra ciudad”.
La condena municipal se hace extensiva a la paralización de la conexión ferroviaria entre el Puerto de Alicante y Villena, cuya licitación estaba prevista para el primer semestre de este año, pero de la que no se tienen ninguna noticia por parte del Ministerio de Transportes.
“Los alicantinos estamos hartos de sufrir agravios comparativos, infrafinanciación por parte del Ejecutivo central y de ser ninguneados”, sostiene la declaración. “No somos ciudadanos de segunda. Alicante se merece disponer de unas infraestructuras que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos y visitantes”, concluye la iniciativa, que será notificada al ministerio, al Gobierno de España, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a los grupos políticos con representación en las Cortes Valencianas.
Atención temprana
El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado a través de otra declaración institucional a instancias del gobierno municipal instar al Consell de Ximo Puig, ante la gravísima situación en la que se encuentran los centros de atención temprana y los niños que necesitan una plaza en la misma, se tomen todas aquellas medidas que sean necesarias, ya sean presupuestarias, organizativas o de personal, para acabar con las listas de espera y garantizar el acceso urgente y en condiciones a una plaza en estos centros. La propuesta ha contado con 16 votos a favor de PP, C’s y Vox y 13 en contra de PSOE, UP y Compromís.
Además, se exige a la Generalitat que escuche a los profesionales de estos centros y sus familias, se reúna con ellos y lleve a cabo las demandas y necesidades que le plantean, con el fin de mejorar a la mayor brevedad posible, esta triste situación en los centros de atención temprana.
También se pide se modifique la instrucción en los siguientes términos y en base a las demandas de los profesionales de estos centros: Que se creen más centros y plazas. Que la recuperación de las sesiones por parte de los profesionales no afecte al resto de tareas necesarias en la realización de informes, programaciones, corrección de pruebas, coordinaciones con los centros escolares con sanidad, etc. Que se considere más la Atención Indirecta. El trabajo en los centros está compuesto por atención directa e indirecta. Todo el trabajo realizado por profesionales y dirigido a un usuario (informes, programas, coordinaciones, …) debe ser considerado y contar con su tiempo propio.
Además, se pide que sea el equipo profesional el que decida de forma competente si está motivada la actuación de dos profesionales en una acogida, valoración o intervención o si es necesaria una o más sesiones de intervención y su tipología; que se elimine la burocracia excesiva y poco necesaria, que se respeten los criterios técnicos de los profesionales de A.T. en todos los ámbitos de su trabajo, que no se exija un número de sesiones anuales como criterio de cumplimiento del concierto que tienen con la Generalitat.
También se reclama más financiación para la formación de estos profesionales y que esta, al ser necesaria, debe ser contemplada dentro de horario laboral y financiada por la C1PI, que los derechos laborales de los profesionales de A.T. deben ser respetados como en cualquier otro sector, (enfermedad, permisos hospitalarios, permisos sindicales, formación, almuerzo…), que se baje la ratio de casi dos niños por terapeuta, que se deje de exigir un número mínimo de sesiones anuales irreales, que los profesionales puedan establecer el número de sesiones de los usuarios, así como su actuación profesional y que se deje de exigir de forma obligatoria la recuperación de sesiones directas a costa del trabajo indirecto.
