El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, que se celebrará el próximo lunes, aprobará una moción de los grupos municipales del PP y Cs para instar al Gobierno de España a que apruebe “con carácter urgente” las medidas legislativas correspondientes para acordar un aplazamiento en la obligación del establecimiento, antes de 2023, de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes y en los de más de 20.000 cuando superen los valores límite de los contaminantes regulados por Real decreto.
La moción argumenta que el Gobierno “todavía no ha realizado el desarrollo reglamentario” de la norma que obliga al establecimiento de las ZBE, “por lo que no se ha concretado el mandato genérico de establecimiento de las ZBE”. La misma incide en que el Ejecutivo “debe establecer los requisitos mínimos que deben cumplir dichas ZBE, aportando seguridad jurídica a los usuarios, empresas y la ciudadanía en general”.
Dadas las fechas actuales y la “imposibilidad” de cumplir lo establecido en la ley por parte de las Entidades Locales “es necesario y urgente que se apruebe una moratoria del pazo de entrada en vigor” de las Zonas de Bajas Emisiones.
El cuerpo de la moción señala igualmente que el hecho de no tener aprobado el Real Decreto que regula las ZBE está generando “una incertidumbre innecesaria a las Entidades Locales” lo que implica que “se puede poner en riesgo los fondos europeos asociados a la entrada en vigor de las mismas”.
La propuesta añade la reclamación de que, en aras a la autonomía municipal, cada entidad local “debería tener la libertad de decidir si la creación de una ZBE es una medida efectiva para conseguir el objetivo de luchar contra la contaminación o no” de forma que estas entidades locales tengan “la libertad de delimitar su alcance y condiciones para cumplir así el principio de autonomía local”.
Otro motivo que se expone en la moción es que la adopción de medidas como la creación de ZBE en el actual contexto de crisis “puede suponer un serio problema para muchas familias y empresas, vulnerables económicamente, que se verán obligadas a sustituir sus vehículos por otros menos contaminantes y, sin embargo, no pueden afrontar dicha renovación”.
