La Diputación de Alicante ha formalizado la entrada en el accionariado del Grupo Tragsa, lo que permitirá a la institución provincial encargar directamente a esta empresa pública estatal su intervención inmediata ante catástrofes y emergencias en la provincia, así como la realización de acciones, servicios y consultorías relacionados con el medio rural, el agua, la agricultura y la conservación de la naturaleza.
El presidente Carlos Mazón ha firmado esta mañana, acompañado por la vicepresidenta segunda, Ana Serna, y la diputada de Patrimonio y Tesorería, María Gómez, la adquisición de este título accionarial de la Empresa de Transformación Agraria, por valor de 9.181 euros, con el director general de Patrimonio del Estado, Juan Tejedor.
Gracias a la entrada en el accionariado, la Diputación de Alicante estará habilitada para encomendar directamente a Tragsa proyectos, consultorías y otros trabajos y servicios sin necesidad de licitarlos o solicitarlos a través de otras administraciones, ya que la empresa se integrará como medio propio personificado y servicio técnico de la misma Diputación.
La compra de esta acción, que fue aprobada por el pleno de la institución provincial a principios de noviembre, se produce en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo de 2018, y transpone la normativa europea en contratación pública, estableciendo la necesidad de que las diputaciones provinciales y forales, los consejos y cabildos insulares participen en el capital social de Tragsa para poder realizarle encargos.
El Grupo Tragsa presta servicio en las 17 comunidad autónomas del territorio español y cuenta con una gran capacidad de actuación y de inmediatez en la respuesta. La empresa pública cuenta con más de 1.500 profesionales en la Comunitat Valenciana, de los cuales cerca de 400 se encuentran en la provincia de Alicante.
